Sentencia Nº 75-2019 de Sala de lo Constitucional, 20-01-2021

EmisorSala de lo Constitucional
MateriaCONSTITUCIONAL
Número de sentencia75-2019
Fecha20 Enero 2021
75-2019
Amparo
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con
dos minutos del día veinte de enero de dos mil veintiuno.
Se tienen por recibidos los escritos firmados por: (i) el señor Mario Marroquín Mejía, en
calidad de sexto secretario de junta directiva de la Asamblea Legislativa, en virtud del cual rinde
el informe que le fue requerido; (ii) el señor MENB, mediante el cual pretende evacuar la
prevención que se le formuló en el auto de 29 de noviembre de 2019; (iii) el señor RSGG, en
calidad de subdirector general de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por medio
del cual informa sobre el cumplimiento de la medida cautelar y solicita que esta sea revocada;
(iv) el licenciado Nelson Eduardo Fuentes Menjívar, entonces titular del Ministro de Hacienda
(MH), por medio del cual informó a la Secretaria de esta Sala que había remitido nota a la
DGII para que diera cumplimiento a la medida cautelar; y (v) los escritos firmados por el señor
MENB, por medio de los cuales informa sobre el supuesto incumplimiento de la medida cautelar
y solicita que se ordene su cumplimiento.
Previo a continuar con el trámite correspondiente, se realizan las siguientes
consideraciones:
I. 1. Mediante resolución de 29 de noviembre de 2019 se previno a los señores MENB y
CABB que, en el plazo de 3 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación
respectiva, presentaran copia certificada de la credencial de elección de la junta directiva de la
sociedad Naba Com, S.A. de C.V., peticionaria de este amparo, en la que constara que dichos
señores habían sido elegidos para ejercer el cargo de administrador único, como propietario y
suplente respectivamente, y que en tales calidades ostentaban la representación de la referida
sociedad, de conformidad con los arts. 260 del Código de Comercio y 61 del Código Procesal
Civil y Mercantil (CPCM).
2. A. Para cumplir con dicha prevención, el señor NB adjunta a su primer escrito una
certificación notarial de la escritura de constitución de la aludida sociedad, otorgada el 22 de julio
de 2015 e inscrita en el Registro de Comercio el 28 de julio de 2015. Según consta en la cláusula
XIX de dicho instrumento, en el acto de constitución se realizó la elección de la primera
administración de la sociedad, para un período de 7 años, y, según lo acordado, aquella sería
ejercida por los señores NB y BB en los cargos de administrador único propietario y suplente
respectivamente.
De ello se advierte que el nombramiento de ambos administradores se encuentra vigente,
pues este finaliza hasta julio de 2022. Por consiguiente, es preciso tener por cumplida la
prevención efectuada a dichos señores en el auto de 29 de noviembre de 2019.
II. 1. El señor RSGG manifiesta actuar en calidad de subdirector general de la DGII y,
para acreditar dicha calidad, adjunta a su escrito una certificación del Acuerdo nº 1413 de 18 de
septiembre de 2019, emitido por el viceministro de hacienda, por medio del cual nombró a dicho
señor en el referido cargo. Al respecto, se observa que con dicho documento el señor GG
pretende comprobar el carácter en el que comparece.
Asimismo, el subdirector de la DGII interpone un recurso de revocatoria contra la medida
cautelar ordenada en el auto de 29 de noviembre de 2019, pues considera que no se configuran
los presupuestos esenciales para su adopción y, además, con ella se ocasiona un daño a la
colectividad.
2. A. En el auto de 11 de septiembre de 2017, amparo 293-2015, esta Sala señaló que la
DGII es un ente de la Administración Tributaria adscrito al ramo de Hacienda y, por
consiguiente, carece de personalidad jurídica propia. No obstante, su Ley Orgánica le confiere
ciertas atribuciones que, a su vez, derivan de las competencias que la Constitución otorga al ramo
de Hacienda. Concretamente, el art. 223 nº 4 de la Cn. confiere al Estado derechos derivados de
la aplicación de las leyes relativas a impuestos, como parte integrante de la Hacienda Pública,
mientras que los arts. 2 y 3 de la Ley Orgánica de la DGII conceden a esta independencia
respecto de otros órganos y la facultan para aplicar y hacer cumplir las leyes referentes a
impuestos. Es decir, dicho órgano tiene la facultad de aplicar leyes tributarias y de defender los
actos de aplicación de estas.
Lo anterior no debe ser interpretado como una capacidad plena, absoluta, a favor de la
DGII; sin embargo, a partir del contenido normativo de las disposiciones citadas no cabe duda de
que dicho ente tiene a su cargo competencias que le permiten defender sus actuaciones en aras de
proteger un interés supraindividual de naturaleza pública: el erario público.
De ahí que, si bien conforme a las reglas generales sobre capacidad y legitimación
procesal solo cabría admitir en el amparo la intervención de personas naturales y, de manera más
restringida, de personas jurídicas de Derecho Privado y de Derecho Público, estas reglas podrían
ser aplicadas con ciertas matizaciones, pues la DGII no ha comparecido a defender derechos
propios sino un interés supraindividual que, en última instancia, tiende a garantizar la
recaudación de impuestos y a proteger el erario público, en virtud de una posible afectación
derivada de la medida cautelar emitida en este amparo.
B. Ahora bien, de conformidad con el art. 4 de la Ley Orgánica de la DGII, esta es
dirigida y administrada por un director y un subdirector, quienes tienen atribuciones propias
conforme a la ley. Respecto del subdirector general, el art. 7 de la citada ley prevé que este tiene,
entre otras atribuciones, la de [a]sumir las funciones del [d]irector [g]eneral cuando por
cualquier motivo éste no pueda desempeñarlas.
Por consiguiente, previo a resolver la petición de revocatoria de la medida cautelar, es
preciso que el subdirector general de la DGII acredite que actúa asumiendo las funciones del
director general de la DGII, si ello es producto de circunstancias que impiden que este
intervenga directamente o si ha sido delegado por este para intervenir en el presente proceso.
3. Por otro lado, es necesario que el titular de la Dirección General de Impuestos Internos
señale un lugar en San Salvador o un medio técnico para oír notificaciones.
III. 1. En el auto de admisión de la demanda se suspendieron los efectos del acto
reclamado, en el entendido de que, mientras se tramitara este amparo, el MH debía abstenerse de
excluir del régimen de excepción al tratamiento tributario de las exportaciones el servicio
ofrecido por Naba Com, S.A. de C.V., consistente en prestaciones de conexión, continuación o
terminación de servicios originados en el exterior que se realizan en el país a usuarios que no
tienen domicilio ni residencia en él y, por tanto, tendría que suspender la aplicación estipulada en
el art. 54 de la Ley de Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de
Servicios, siempre y cuando dicha sociedad cumpliera con los demás requisitos legalmente
previstos y no relacionados con el objeto de control del presente proceso.
2. A. Según escrito de 9 de diciembre de 2019, suscrito por el entonces titular del MH,
este instruyó a la DGII que, en atención a las competencias propias, exclusivas y privativas que
le competen a dicha dependencia por restricciones [sic] de orden legal, procediera a atender de
forma inmediata lo resuelto. Asimismo, consta una nota de esa misma fecha, con su respectivo
acuse de recibido, en la que el subdirector general de la DGII hizo llegar dichas instrucciones al
director de fiscalización de dicho órgano para que se diera cumplimiento a la medida cautelar. El
subdirector de la DGII también señaló que, si bien no compartía los argumentos con base en los
cuales se había emitido dicha medida, había procedido a cumplirla. En consecuencia, se advierte
que la Administración Tributaria ha efectuado declaraciones de voluntad tendientes a cumplir con
lo ordenado por esta Sala. Por otro lado, se observa que las circunstancias que justificaron la
adopción de la medida cautelar se mantienen, por lo que es preciso confirmarla, de conformidad
B. El señor NB señaló en sus intervenciones que la medida cautelar decretada en el
presente amparo había sido incumplida por las autoridades tributarias. Asimismo, de la
documentación presentada se observa que dicho señor ha efectuado peticiones ante las
autoridades del MH para que, en virtud de la medida cautelar, se le reintegren cantidades de
dinero pagadas antes de la notificación del auto de admisión de la demanda, de conformidad con
Ahora bien, es preciso aclarar al señor NB que los alcances de la medida cautelar abarcan
el período en el que esta se encuentre vigente, es decir, desde su adopción hasta que sea
modificada o dejada sin efecto en el transcurso del proceso o en una eventual sentencia, pero no
períodos previos a la emisión de la medida. Por consiguiente, con relación a las cantidades de
dinero que pretende le sean reintegradas, no es preciso emitir un pronunciamiento en esta etapa
procesal, pues ello forma parte del objeto de control del presente amparo y, por ende, un asunto
que deberá decidirse en sentencia. En consecuencia, debe declararse sin lugar lo solicitado.
IV. Con el fin de continuar el trámite del presente proceso y habiéndose notificado al
señor fiscal de la Corte el auto de 29 de noviembre de 2019, es procedente requerir a la
autoridad demandada que rinda informe justificativo en los términos indicados en el art. 26 de la
POR TANTO, con base en las razones expuestas y en los artículos 260 del Código de
Comercio, 61 y 67 del Código Procesal Civil y Mercantil y 23 y 26 de la Ley de Procedimientos
Constitucionales, esta Sala RESUELVE:
1. Tiénese por rendido el informe requerido a la autoridad demandada conforme al
2. Tiénese por cumplida la prevención efectuada a los señores MENB y CABB en auto de
29 de noviembre de 2019, relativa a que acreditaran la calidad en la que intervienen en este
proceso.
3. Confírmase la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto reclamado,
ordenada mediante auto de 29 de noviembre de 2019, por no haberse modificado las
circunstancias que justificaron su adopción.
4. Previénese al señor RSGG, en calidad de subdirector general de la Dirección General
de Impuestos Internos, que, en el plazo de 3 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
notificación respectiva, acredite que actúa asumiendo las funciones del director general de dicha
dependencia, si ello es producto de circunstancias que impiden que este intervenga directamente
o si ha sido delegado por este para intervenir en el presente proceso.
5. Declárase sin lugar la solicitud del señor MENB de tener por incumplida la medida
cautelar decretada en el presente amparo y de ordenar su cumplimiento.
6. Pídese nuevo informe a la Asamblea Legislativa, la cual deberá rendirlo dentro del
plazo de 3 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto,
haciendo una relación pormenorizada de los hechos, con las justificaciones que estime
convenientes y certificando los pasajes en los que apoye la constitucionalidad de la disposición
impugnada.
7. Previénese al titular de la Dirección General de Impuestos Internos que señale un lugar
en San Salvador o un medio técnico para recibir actos de comunicación procesal.
8. Notifíquese.
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----A. E. CÁDER CAMILOT----C. S. AVILÉS----C. SÁNCHEZ ESCOBAR----J. C. REYES.----
---------PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN--------
------------------------E. SOCORRO C.-------------------------RUBRICADAS----------------------------
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