Tribunales: el atajo de los comunistas

Miguel Henrique OteroReemplazar a los magistrados titulares por abogados afectos a su patógena revolución, aunque los mismos no cumplieran con los requisitos académicos y profesionales.Estoy obligado a insistir en una cuestión sobre la que me he referido en algún artículo previo: está en marcha, en varios países de América Latina y Europa, una estrategia político-institucional para que los sistemas judiciales se transformen en potentes herramientas de demolición de los regímenes democráticos. Dicho más claramente: se trata de utilizar los tribunales para que contribuyan a la deslegitimación de las instituciones y al descrédito de los liderazgos democráticos. El objetivo primordial de la estrategia consiste en deteriorar o romper el vínculo de confianza entre los ciudadanos y la estructura democrática, basada en la separación de los poderes y las libertades.Como tantos otros nefastos diseños antidemocráticos, el primer caso relevante de destrucción de la independencia del Poder Judicial se inició en Venezuela, seis meses después de la juramentación de Chávez como presidente de la República. En agosto de 1999, tras crear la Comisión de Emergencia Judicial, dio los primeros pasos: reemplazar a los magistrados titulares -en su mayoría, juristas de larga trayectoria- por abogados afectos a su patógena revolución, aunque los mismos no cumplieran con los requisitos académicos y profesionales que establecía la ley. Pero ello no importó, porque el propósito era el contrario al de la recta administración de la justicia: crear una estructura tribunalicia que atendiera, sin rubor alguno, al deseo de instaurar un poder hegemónico que les permitiera controlar a la Venezuela por tiempo indefinido, al tiempo que les garantizaba total impunidad.La paulatina colonización del Poder Judicial fue solo el primer paso dado por Chávez. Simultáneamente dio inicio a una campaña para minar su institucionalidad (llegó, en cadena de radio y televisión, a comparar al TSJ con un tumor al que había que extirpar). Luego vinieron, una tras otras, decisiones que violaban la Constitución vigente y las leyes, que invadían las funciones de otros poderes públicos, que desconocían los derechos de los ciudadanos. De hecho, la Sala Constitucional creada a su gusto se erigió -y se mantiene todavía hoy- como una especie de suprapoder que actúa por encima no solo de la propia Constitución, sino también desconociendo la voluntad popular, ejercida a través del voto. Se llegó a este...