Las Cámaras de lo Penal están en la mira por falta de independencia

Javier Urbina / Claudia EspinozaEl 18 de enero los magistrados impuestos en la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, Aníbal Enrique Alfaro Ojeda y Mario Osmín Miramontes, resolvieron que cuatro exfuncionarios del FMLN acusados de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero por recibir sobresueldos deberán continuar en prisión provisional, pese a que legalmente tienen la posibilidad de recibir medidas sustitutivas debido a los arraigos que han presentado y las condiciones de salud de algunos de ellos.La Cámara desechó los recursos de apelación presentados por los abogados defensores de los exfuncionarios y consideró que deben permanecer detenidos mientras finaliza la fase de instrucción y se desarrolla la audiencia preliminar, en la que un juzgado decidirá si son enviados a juicio o son exonerados de los cargos.Oswaldo Feusier, abogado defensor de Violeta Menjívar, una de las imputadas, dijo que era una decisión que se esperaba, ya que no hay independencia judicial en la Cámara. "Se trata de la decisión esperada, por el nivel de contaminación y deterioro del principio de independencia judicial. Se trata de una resolución que generaliza el uso de la detención provisional basada en la sola consideración de la pena, y se basa en argumentaciones superficiales, casi calcadas del acta de audiencia inicial", aseveró.Cuando este caso inició estuvo a cargo de Carlos Alberto Iraheta Zelaya como juez interino del Juzgado Segundo de Paz. Él fue quien decretó la detención provisional para todos los imputados. Ahora Iraheta Zelaya es magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal, que también ha sido señalada por emitir resoluciones controversiales.Él se vio beneficiado por el decreto que entró en vigencia el 26 de septiembre de 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ), electa en su mayoría por el oficialismo, removió a los seis magistrados de las Cámaras e impuso a otros.La Cámara Primera de lo Penal estaba compuesta por los magistrados Guillermo Arévalo Domínguez y Carlos Ernesto Sánchez. La segunda estaba conformada por las magistradas Ana Victoria Del Rosario y Rosa María Fortín, y la Tercera por Nora Montoya y Martín Rogel.En su lugar fueron impuestos nuevos magistrados que han decretado en los últimos cuatro meses resoluciones de casos polémicos, en los cuales se han visto perjudicados enemigos del actual gobierno.La primera en emitir una resolución polémica fue la Cámara Tercera de lo Penal, compuesta actualmente por Carlos Alberto Iraheta...