Últimos documentos

  • Sentencia Nº 21-2020AC de Sala de lo Constitucional, 08-06-2020

    La Sala declara inconstitucional por vicios de forma, de un modo general y obligatorio, la Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia Covid-19, contenida en el Decreto Legislativo número 611, por la violación del artículo 131 ordinal 27º de la Constitución. La razón es porque no se documentó ni acreditó suficientemente las razones que justificaban la suspensión de los derechos constitucionales concernidos en esos cuerpos normativos como la medida idónea para garantizar el derecho a la salud de la población salvadoreña en el contexto de pandemia por la COVID-19, pues para esa fecha no existían datos oficiales que reportaran casos de contagio en el país. Declara inconstitucional por conexión, de un modo general y obligatorio, el Decreto Legislativo número 639, que contiene la Ley de Regulación para el Aislamiento, Cuarentena, Observación y Vigilancia por COVID-19, por violación del artículo 131 ordinal 27º de la Constitución, debido a que no se documentó ni acreditó las razones en las que se justificaba el régimen de excepción contemplado en dicho cuerpo normativo. Declara inconstitucionales por conexión, de un modo general y obligatorio, los Decretos Ejecutivos nº 5, 12, 18, 22, 24 y 25 (normas de desarrollo de los decretos legislativos emitidos en el contexto de la pandemia por COVID-19 con efectos de cuarentena domiciliar obligatoria en todo el país) y los Decretos Ejecutivos nº 14, 19, 21 y 26 y la Resolución Ministerial nº 101 (normas autónomas que producen efectos de cuarentena domiciliar obligatoria en todo el país), por violación al artículo 131 ordinal 27º de la Constitución. La razón es que solo mediante un régimen de excepción adoptado mediante los cauces constitucionalmente previstos es posible suspender uno o más de los derechos fundamentales en todo o en parte del territorio nacional.

  • Sentencia Nº 3APE2019 de Sala de lo Penal, 02-06-2020

    Agentes auxiliares del señor Fiscal General de la República interponen recurso de apelación contra la resolución emitida por la Cámara Primera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, mediante la cual resolvió modificar la calificación jurídica del delito de Agresión Sexual en Menor e Incapaz, a la falta de Actos Contrarios a las Buenas Costumbres y al Decoro Público, que corresponde a Procedimiento Especial en caso de Antejuicio, las impetrantes señalan que la decisión de la Cámara adolece de una errónea interpretación de la ley penal, vulneración de las reglas de la sana crítica y falta de fundamentación, con base en los Art. 144 y 16 Pr. Pn., sin embargo, la Sala concluye que el motivo se reduce a la errónea interpretación a la ley penal, por haber adecuado los hechos a la falta de Actos Contrarios a las Buenas Costumbres y al Decoro Público. Posterior al análisis de la Sala de lo Penal, se estimó que existe error de tipicidad desarrollado por la Cámara proveyente, puesto que no es atinado sostener que los hechos acusados sean constitutivos de una falta, por tanto no es conforme a derecho, resolviendo anular la resolución y ordenar a la Cámara proveyente dicte el auto de Apertura a Juicio correspondiente, por el delito de Agresion Sexual en Menor e Incapaz.

  • Sentencia Nº 466-2020 de Sala de lo Constitucional, 28-05-2020

    La solicitante sostiene que fue a pasar consulta al Hospital de Maternidad por tener baja presión. Luego de decirle que estaba bien de la presión la llevaron a una habitación sola, donde las enfermeras y otras personas eran alejadas de ella. La tuvieron en ese lugar por más de 7 horas y le manifestaron que le practicarían una prueba de COVID-19 y la trasladarían al Hospital Amatepec. A su llegada a este último nosocomio no la querían recibir porque no tenía síntomas ni sospecha de tener el virus, sin embargo, la ingresaron después de 5 horas ante la insistencia de la doctora del Hospital de Maternidad. Permaneció ahí por 9 días, tiempo en el que le hicieron 2 pruebas más, las cuales resultaron negativas por lo que el 23 de abril de este año fue reubicada en el Hotel Villa Antigua donde le comunicaron que cumpliría 30 días más de cuarentena. Expresa que el 13 de mayo del presente año, en dicho lugar le hicieron una cuarta prueba que también salió negativa, pero que aun así no la dejan salir. Considera que dicha situación vulnera sus derechos de libertad e integridad física, pues actualmente tiene 36 semanas de embarazo.

  • Sentencia Nº 3-2020 de Sala de lo Constitucional, 22-05-2020

    Admítase a trámite la controversia constitucional comunicada por el Presidente de la República, en relación con la supuesta inconstitucionalidad del artículo 1 del Decreto Legislativo número 621, aprobado el 1 de abril de 2020 que contiene las Disposiciones Transitorias para Regular el Retorno de Salvadoreños que al momento de la Declaración de Emergencia por la Pandemia del virus COVID-19 se encontraban fuera del país, por la aparente vulneración a los artículos 1 y 2 de la Constitución; y del artículo 1 del Decreto Legislativo número 621, aprobado el 1 de abril de 2020 que contiene las Disposiciones Transitorias para Regular el Retorno de Salvadoreños que al momento de la Declaración de Emergencia por la Pandemia del virus COVID-19 se encontraban fuera del país, por la supuesta infracción a los artículos 65 y 86 de la Constitución.

  • Sentencia Nº 75-2020 de Sala de lo Constitucional, 22-05-2020

    Se previene a los actores para que, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de esta resolución, indiquen con claridad y precisión cuál es el parámetro de control que pretenden ofrecer en el presente proceso en caso que impugnen el Decreto nº 26 por vicios de forma; y que identifiquen cuál es el objeto de control que ofrecen, en caso que decidan impugnar por vicios de contenido.

  • Sentencia Nº 63-2020 de Sala de lo Constitucional, 22-05-2020

    En el presente proceso de amparo, el Tribunal Constitucional decretó medida cautelar en el sentido que se suspende provisionalmente la vigencia del Decreto Ejecutivo número 19, mientras dure la tramitación del presente proceso. Asimismo, aclaró que hasta en sentencia, la Sala de lo Constitucional se pronunciará sobre la constitucionalidad o no del Decreto nº 19, pudiéndose examinar el alcance de normas relacionadas con tal situación como el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. En ese sentido, el art. 24 de la citada ley se encuentra vigente. Así también hizo un llamado para que la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo asuman con prontitud sus deberes y las demás competencias que la Constitución les atribuye, particularmente en relación con la protección de los derechos fundamentales. Aclaró que a dicho Tribunal no le corresponde afrontar una pandemia, sino solo, y en el marco de sus competencias, controlar que en el combate a ella se respete el Estado de Derecho y, a la vez, se tutelen o protejan los derechos fundamentales que posee toda la población. Y finalmente, revivió el Decreto Legislativo nº 593 aprobado el 14 de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial nº 52, tomo nº 426, de 14 de marzo de 2020, por medio del cual la Asamblea Legislativa decretó el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19. Estableció que la reviviscencia del Decreto Legislativo nº 593, salvo que antes se cuente con una nueva ley, estará vigente hasta el día 29 de mayo de 2020, tiempo durante el cual el Órgano Ejecutivo y la Asamblea Legislativa deberán cumplir sus obligaciones constitucionales, procurando los consensos necesarios para la creación de una normativa que garantice los derechos fundamentales de los habitantes en esta pandemia.

  • Sentencia Nº 63-2020 de Sala de lo Constitucional, 18-05-2020

    El presente proceso de inconstitucionalidad ha sido iniciado por demanda presentada a fin de que el Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad por vicios de forma del Decreto Ejecutivo nº 18, de 16 de mayo de 2020, que contiene el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19, por la supuesta vulneración de los arts. 86, 87, 131 ord. 5º, 142, 164, 167 y 246 de la Constitución de la República.

  • Sentencia Nº 62-2020 de Sala de lo Constitucional, 18-05-2020

    Prevención realizada a la actora para que, en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de la presente resolución, indique con claridad y precisión los puntos que se le señalan en la resolución de este auto.

  • Sentencia Nº 69-2020 de Sala de lo Constitucional, 18-05-2020

    El actor solicita que el Tribunal constitucional declare la inconstitucionalidad, por vicios de forma, del art. 11 y de la totalidad del Decreto Ejecutivo nº 18, de 16 de mayo de 2020, por medio del cual se decreta el Estado de Emergencia Nacional de la pandemia por COVID-19 (Decreto nº 18), por la supuesta violación de los arts. 2, 86 incs. 1º y 3º, 87 inc. 3º, 131 ords. 5º y 6º y 234 Cn. Dicho decreto fue publicado en el Diario Oficial nº 99, tomo 427, de 16 de mayo de 2020.

  • Sentencia Nº 167-2020 de Sala de lo Constitucional, 15-05-2020

    En el presente proceso de amparo, el Tribunal Constitucional previno a las autoridades involucradas en la preparación del plan de repatriación de los salvadoreños que no pudieron retornar al país debido a la emergencia sanitaria que, en el plazo de 3 días calendario, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta resolución, presenten nuevamente dicho documento haciendo una enumeración de los datos que debe contener; así también pidió que rinda informe la Ministra de Relaciones Exteriores en un plazo de 48 horas, contadas a partir de la notificación de este auto; además pidió que rinda informe la Ministra de Relaciones Exteriores con la información antes mencionada, actualizada, cada 7 días calendario, contados a partir de la presentación del primer informe, y hasta que concluya el procedimiento de repatriación y/o se abra el aeropuerto internacional; y finalmente abrió a pruebas este proceso por el plazo de 8 días calendario, contados a partir del siguiente al de la notificación de este auto, a efecto de que las partes propongan los medios probatorios con los cuales pretenden comprobar sus afirmaciones sobre los hechos controvertidos que son fundamento de la pretensión o de su oposición.