CSJ estancada en análisis de patrimonio de exfuncionarios

Ricardo FloresEl pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sigue sin poder avanzar en el estudio de casos de exfuncionarios que tienen sospechas de haberse enriquecido ilícitamente durante su gestión.En los últimos meses, el debate entre los magistrados se ha centrado en cómo proceder en los casos que ya están prescritos, según lo establece el artículo 240 de la Constitución de la República.Ese artículo obliga a todos los funcionarios a declarar su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual, a través de la Sección de Probidad, investiga la posibilidad de que existan o no indicios de patrimonio sin origen legal. Sin embargo, el texto constitucional establece que "los juicios por enriquecimiento sin causa justa solo podrán incoarse (iniciarse) dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo".Algunos magistrados consideran que la facultad de Corte Plena de ordenar un juicio civil para los casos prescritos con indicios de enriquecimiento ilícito ya murió y no hay más que hacer, porque así lo determina la Constitución; sin embargo, otros están porque los casos sospechosos se deben certificar a la Fiscalía General de la República (FGR) para que decida si procede empujar una causa penal o de extinción de dominio.El desacuerdo está documentado en el acta 74 del pleno de la CSJ del 8 de septiembre pasado. Según ese documento, el magistrado Sergio Luis Rivera Márquez planteó que en el seno de la Comisión de Probidad de la CSJ ha habido una "discusión sobre las consecuencias derivadas del texto del artículo 240 de la Constitución de la República, con relación a las facultades que tiene este Pleno para analizar los informes remitidos por la Sección de Probidad, con relación a funcionarios a los cuales se les ha investigado para verificar todos los movimientos de patrimonio, luego de haber transcurrido más de diez años del cese en el cargo".La respuesta de algunos magistrados a ese planteamiento fue recordar un acuerdo de Corte Plena, tomado en mayo de 2019, sobre notificar a la Fiscalía los casos investigados con sospechas de riqueza no justificada.El magistrado Rivera Márquez sometió a votación en el pleno, motivado por la coincidencia en la Comisión de Probidad, revocar ese acuerdo. Sin...