Decreto No. 27.- Reformas al Reglamento de la Ley de Firma Electrónica

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

  1. Que mediante Decreto Legislativo No. 133, de fecha 1 de octubre de 2015, publicado en el Diario Oficial No. 196, Tomo No. 409, del 26 del mismo mes y año, se emitió la Ley de Firma Electrónica;

  2. Que mediante Decreto Legislativo No. 100, de fecha 20 de julio de 2021, publicado en el Diario Oficial No. 148, Tomo No. 432, del 6 de agosto del mismo año, fueron aprobadas reformas a la Ley de Firma Electrónica, las cuales, entre otros aspectos, amplían las modalidades y funciones que pueden brindar los Proveedores de Servicios de Certificación y de Almacenamiento de Documentos Electrónicos, crea nuevas obligaciones para los mismos y armoniza la Ley con los estándares técnicos internacionales adoptados por la Unidad de Firma Electrónica, para regular a los proveedores acreditados;

  3. Que mediante Decreto Legislativo No. 481, de fecha 24 de agosto de 2022, publicado en el Diario Oficial No. 175, Tomo No. 436, del 20 de septiembre del mismo año, fueron aprobadas nuevas reformas a la Ley de Firma Electrónica, enfocadas en las instituciones públicas que desearan acreditarse como proveedores de los servicios regulados por dicha Ley; y,

  4. Que debido a dichas reformas, se vuelve necesario modificar el Reglamento de la Ley de Firma Electrónica, emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 60, de fecha 24 de octubre de 2016, publicado en el Diario Oficial No. 201, Tomo No. 413, del 28 del mismo mes y año, a fin de adecuarlo con lo previsto en la referida Ley y desarrollar los nuevos aspectos que la misma regula.

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales,

DECRETA las siguientes:

REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA LEY DE FIRMA ELECTRÓNICA.

Art. 1 Sustituyese el Art. 2, por el siguiente:

"Art. 2. Definiciones

Para la aplicación del presente Reglamento, se entenderá por:

Certificado Electrónico Extranjero: Certificado electrónico emitido por un proveedor de servicios de certificación extranjero, que no ha sido acreditado por la Unidad de Firma Electrónica para brindar dichos servicios dentro del territorio nacional, pero que cuenta con un grado de fiabilidad equivalente. Se entenderá que un certificado electrónico extranjero, cuenta con un grado de fiabilidad equivalente, si cumple los requisitos establecidos en la Ley de Firma Electrónica.

Documento Físico: Información de cualquier naturaleza, contenida en soporte material.

Documento Electrónico: Información de cualquier naturaleza, contenida en soporte electrónico, según un formato determinado.

Proveedor de Servicios: Persona jurídica acreditada por la Unidad de Firma Electrónica para prestar servicios de certificación, en las modalidades que establece la Ley, o de almacenamiento de documentos electrónicos.".

Art. 2 Sustitúyese el Art. 6, por el siguiente:

Art. 6. Facultad de Acreditación, Control y Vigilancia

La Unidad ejercerá la facultad de acreditación en materia de firma electrónica a nivel nacional, la cual comprende la autorización para brindar servicios de certificación y de almacenamiento de documentos electrónicos, así como también la de revisión, denegación, suspensión y revocación de dicha acreditación, todo en atención a lo previsto en la Ley, este Reglamento y la normativa técnica aplicable.

Asimismo, la Unidad ejercerá la facultad de control y vigilancia sobre los proveedores de servicios y velará porque los requisitos que se observaron al momento de otorgarse la acreditación, así como las condiciones del desarrollo de la actividad regulada y las obligaciones que impone la Ley, este Reglamento, las normas y reglamentos técnicos, se cumplan permanentemente.

La facultad de control y vigilancia comprende la realización de inspecciones y auditorías, las cuales podrán realizarse sin previo aviso, en las instalaciones del proveedor o del tercero con quien dicho proveedor haya subcontratado infraestructura o servicios tecnológicos, ya sea que se encuentren en territorio nacional o en el extranjero.

Las inspecciones y auditorías podrán ser practicadas de manera presencial o remota, por medio de inspectores o auditores especialmente contratados, habilitados y nombrados para estos fines.

Las inspecciones se realizarán de oficio por lo menos una vez al año, no obstante, lo anterior, se podrán practicar auditorías especiales por denuncias recibidas sobre la prestación del servicio acreditado.

Los auditores o inspectores, previa identificación, tendrán de inmediato libre acceso y facilidades para verificar operaciones, documentación, instalaciones y equipos relacionados con la inspección o auditoría a realizarse. Además, tendrán acceso directo en tiempo real a sistemas de información de los proveedores de servicios. Lo previsto en este inciso incluye el acceso a documentación que haya sido declarada como información reservada, de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública.

La inspección o auditoría finalizará con un dictamen, en el cual se harán constar, entre otros aspectos, los hallazgos advertidos. Los resultados de la inspección o auditoría deberán ser notificados a la entidad regulada.

Si del resultado de la inspección o auditoría la Unidad encuentra hallazgos o indicios del posible cometimiento de un ilícito, notificará tal circunstancia a la Fiscalía General de la República.

La Unidad podrá utilizar tecnologías de la información y de la comunicación para dar cumplimiento a las facultades conferidas por la Ley y el presente Reglamento.

Art. 3 Sustitúyese el Art. 8, por el siguiente:

Art. 8. Denuncias

Cualquier persona que tenga o presuma tener conocimiento de incumplimientos a la Ley, a este Reglamento, normas y reglamentos técnicos, por parte de un proveedor de servicios, podrá denunciarlos ante la Unidad, para que se inicie una investigación.

La denuncia podrá presentarse por escrito, o a través de los medios electrónicos que al efecto disponga la Unidad, en todo caso la denuncia deberá de contener, al menos:

a) La identificación y datos generales del denunciante;

b) La identificación y datos generales del proveedor de servicio acreditado;

c) Una descripción de los hechos denunciados;

d) Firma del denunciante o su representante.

La Unidad habilitará en su portal web, los formularios digitales y los canales electrónicos necesarios para facilitar la elaboración y recepción de denuncias.

Con base en los hechos expuestos en la denuncia, la Unidad iniciará el procedimiento de investigación, para tal efecto, llevará a cabo las inspecciones o auditorías que considere necesarias, a fin de recabar información que ayude a esclarecer los hechos denunciados.

Si del resultado de la investigación se determinara un hallazgo constitutivo de infracción a la Ley, se iniciará de oficio el procedimiento administrativo sancionador correspondiente. En caso que de la investigación realizada se adviertan indicios de un presunto hecho delictivo, se dará a conocer el mismo a la Fiscalía General de la República.

Si la denuncia estuviera relacionada con incumplimientos a los derechos de los consumidores, se informará a la Defensoría del Consumidor.

Art. 4 Refórmase el Art. 9, de la siguiente forma:

Art. 9. Cálculo de la Garantía.

Los interesados en ser acreditados como proveedores de los servicios regulados por la Ley, así como aquellos proveedores acreditados en alguno de dichos servicios, deberán rendir y mantener vigente en todo momento, una garantía cuyo monto ascenderá al cinco por ciento (5%) del activo relacionado con los servicios en los que el interesado pretende acreditarse. Para efectos de determinar el porcentaje del activo antes mencionado, se deberán de tomar en cuenta los aspectos relacionados en los literales a), b) c) y e) del Art. 43 de la Ley. En ningún caso esta podrá ser menor a quinientos salarios mínimos ni mayor a dos mil salarios mínimos, ambos del sector comercio y servicios.

Para la renovación, el monto de la garantía será el veinte por ciento (20%) del valor total de los contratos suscritos con sus usuarios y que se encuentren activos; no obstante, no podrá ser menor a la garantía...

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