¿Es una prioridad estatal el cumplimiento de los derechos de la niñez?

Zaira Navaszlisnavas@gmail.comLa Convención sobre Derechos del Niño (CDN) es el instrumento internacional más ratificado en el mundo, con su aprobación los Estados se comprometieron a adoptar "todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean apropiadas", para cumplir, garantizar y proteger los derechos de la infancia.Desde 2009, El Salvador mostró avances importantes -los cuales han sido reconocidos por el Comité de los Derechos del Niño en su más reciente informe- aprobando una legislación especializada en la materia, la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (LEPINA), que reconoce a la niñez y adolescencia como sujetos de derechos; creó el Sistema Nacional de Protección Integral, compuesto por las instituciones garantes de cumplirlos, prestar servicios y brindar protección, entre estas, se instaló una jurisdicción especializada; se creó el CONNA, como máxima autoridad y rector de la política pública de niñez y adolescencia; se reorientó la función del ISNA, que pasó a ser la institución gubernamental encargada de desarrollar programas de atención y se incorporó a las entidades de atención -antes conocidas como ONG y/u Hogares de acogimiento- como corresponsables y miembros de la Red de Atención Compartida (RAC).Los avances más destacados de estos años son la Política Nacional de Protección Integral de Niñez y la Adolescencia; la instalación del sistema de justicia que responde a amenazas y vulneraciones a los derechos de esta población; la instalación por el CONNA de 16 Juntas de Protección y el funcionamiento de más de 148 Comités Locales de Derechos.Un elemento novedoso que incorpora la LEPINA es el rol de las organizaciones de la sociedad civil (RAC) como contraloras de las políticas públicas y del funcionamiento de la institucionalidad estatal; su participación en los organismos de toma de decisión de las instituciones del Sistema es determinante para asegurar la transparencia y el contrapeso social en la priorización de las políticas y programas para la niñez y la adolescencia.Además, su papel es indispensable para asegurar el funcionamiento efectivo...