Sin magistrados, ahora esperamos la elección del fiscal general

Centro de Estudios Jurídicoscentrodeestudiosjuridicos.cej@gmail.comAntes del 6 de enero de 2019, los diputados de la Asamblea Legislativa deberán haber elegido (o reelegido) a un fiscal general de la República probo, independiente y capaz de cumplir a cabalidad con sus funciones, incluyendo, por supuesto, la persecución de los delitos de corrupción. Esto supone, según el art. 98 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa (RIAL), que el 6 de noviembre del presente año, el Órgano Legislativo deberá haber recibido las postulaciones a dicho cargo, lo que a su vez significa que la convocatoria deberá abrirse semanas antes. El proceso es inminente.Al fiscal general le corresponde dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil y promover la acción penal; defender los intereses fiscales y representar al Estado en toda clase de juicios, velar que en las concesiones del Estado se cumpla con los requisitos, condiciones y finalidades establecidas en las mismas, entre otras atribuciones de igual importancia. Sin un fiscal capaz y comprometido con la justicia, es virtualmente imposible que el Estado defienda sus intereses y que se persiga el delito. En otras palabras, no es viable el imperio del derecho.Los diputados, sin embargo, no cumplen todavía con su primera labor de elección de funcionarios de segundo grado: la de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y en particular, de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional. Esto propicia la previsión de nuevos escenarios negativos: unión de ambas elecciones en un solo "combo"; mayor atraso en las necesarias reformas al RIAL para mejorar los procesos de elección de segundo grado; y un nuevo atraso en la elección del fiscal general. No estamos siendo pesimistas, sino alarmistas ante la pobre cultura democrática e irrespeto al...