No todo se vale en la lucha contra la delincuencia

Centro de Estudios Jurídicoscentrodeestudiosjuridicos.cej@gmail.comLa inseguridad es uno de los principales problemas que sufre El Salvador. Por ello es ineludible que el Estado enfoque sus recursos en enfrentarla. El Gobierno en sus primeras semanas ha tomado esta bandera a través del Plan Control Territorial. Y aunque su contenido se ha mantenido en total reserva, algunas líneas del mismo se han anunciado, y han comenzado a materializarse en actos de autoridad.A partir de ello es preciso advertir que si bien es necesario que el Estado ocupe todas sus herramientas para enfrentar la inseguridad, estas deben ejercerse en el marco de la Constitución y las leyes. Será inaceptable asumir que todo se vale en lucha contra la delincuencia.Por un lado, es deber del Estado velar por que los centros penitenciarios no sean focos de crimen organizado. En ese sentido, se considera muy positivo el control que se ha estado ejerciendo para que las empresas telefónicas acaten la prohibición de que haya señal telefónica en los centros penales. Es necesario que se tomen acciones firmes para evitar esas situaciones, y que sea el Estado quien mantenga el control pleno de lo que ocurre en esas sedes. Pero en esa misión también debe manejarse criterios de proporcionalidad para evitar violaciones a los derechos humanos y que las audiencias judiciales continúen con normalidad.El art. 27 de la Constitución dispone: "El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos". Sobre ello se refirió la Sala de lo Constitucional en la sentencia de habeas corpus 119-2014. Dijo: "Si bien el constituyente prefirió utilizar los términos de 'corrección' y 'readaptación' en la redacción del mencionado artículo, tales vocablos (...) se encuentran sujetos a una interpretación dinámica conforme al desarrollo científico de las ciencias...