Presentan medidas de protección para policías y soldados

Cristian Meléndez

El Gabinete de Seguridad del Gobierno, encabezado por el vicepresidente de la república, Óscar Ortiz, llegó ayer a la Asamblea Legislativa para entregar una serie de iniciativas para el combate a la delincuencia, entre las que se destacan las disposiciones especiales para la protección integral de los miembros de la Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada de El Salvador (FAES), Dirección General de Centros Penales (DGCP), Fiscalía General de la República (FGR) y el Órgano Judicial. En lo que va de 2017, 26 policías han sido asesinados a escala nacional.

Las medidas que busca el Gabinete de Seguridad se agrupan en cinco áreas: la primera es de tipo penal, procesal y penitenciario; la segunda son cautelar, patrimoniales y de extinción de dominio; la tercera son institucionales; y la cuarta, judiciales y de protección. Estas están directamente relacionadas con aplicar acciones a quienes cometen delitos contra los agentes de seguridad antes mencionados. La última área que buscan cubrir es la asistencial.

Dentro de estas áreas, las medidas que más llaman la atención son las institucionales, ya que en estas se establece que los miembros de la PNC, FAES, FGR, DGCP y CSJ deberán designar a un responsable para que cree protocolos de seguridad que contemplen acciones como potenciar la autodefensa, proporcionar residencia temporal en albergues o lugares reservados.

También otras de las medidas son el cambio de residencia, lugar de trabajo o estudio, así como facilitar la salida del país o residencia en el extranjero cuando las medidas antes señaladas no sean suficientes para garantizar la seguridad del miembro de la PNC, FAES, FGR, DGCP y la CSJ.

La iniciativa contempla que serían beneficiados no solo los agentes de la PNC, fiscales, jueces, custodios o soldados, sino que los familiares de estos hasta el cuarto grado de consanguinidad.

Las disposiciones establecen que quienes atenten contra estos, al ser detenidos, serán enviados directamente a un penal durante el plazo de inquirir (72 horas).

Al ser remitidos a tribunales, el juez deberá estipular, si pasa a la siguiente etapa, que el período para realizar la fase de instrucción no podrá superar los dos meses, así como quienes sean condenados por atacar a los agentes no tendrán derecho a medidas sustitutivas a la cárcel o revisión de la pena para acceder a la libertad anticipada.

Se establece como pena máxima 50 años de...