Presión internacional sobre ESA por ley de agentes extranjeros

Melissa PachecoUna vez más, sobre El Salvador están colocadas las miradas de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.La petición entre los organismos es la misma: no aprobar la ley de agentes extranjeros. Se dirigen a la Asamblea Legislativa, en cuya jurisdicción está la decisión en torno a esta normativa.Lo que preocupa a los organismos internacionales son las implicaciones que la aplicación de la ley puede generar en las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que reciben financiamiento extranjero para su funcionamiento."Podría afectar gravemente la labor de personas, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que contribuyen a la defensa a los derechos humanos y la libertad de prensa", afirma la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE).La comisión de relaciones exteriores avaló un dictamen con el contenido de la ley para que el pleno de la Asamblea lo discuta y determine si la aprueba o no.La promoción de esta ley llega desde la Presidencia de la República, con diferentes argumentos como el de defender la soberanía nacional, promover la transparencia, evitar la injerencia de extranjeros y de procurar la estabilidad política y social de El Salvador.Esas justificaciones, sin embargo, son insuficientes para convencer a los organismos internacionales y a las organizaciones sociales que eventualmente pueden resultar afectadas por esta medida.La ley, según lo que determinó la comisión, da paso a la creación de un impuesto del 40 % respecto al monto total de la cooperación que extranjeros dirijan a organizaciones nacionales."Muy preocupante: la ley de agentes extranjeros que se está tramitando por vía rápida en El Salvador. Al parecer, incluiría un impuesto del 40 % sobre la financiación extranjera, cierre de organizaciones infracciones, (y) quienes realicen actividades calificadas de 'atentar contra el orden público, la seguridad nacional o la soberanía nacional' se enfrentan a entre 2 y 5 años de prisión", dice Mary Lawlor, relatora especial de la ONU.Aunque los diputados han establecido algunas excepciones del pago del impuesto para organizaciones que, por ejemplo, utilicen el financiamiento para ejecutar proyectos de salud, seguridad, cultura, no están...