La prueba ilícita en el derecho procesal salvadoreño

Centro de Estudios JurídicosPara salvaguardar las garantías del proceso es necesario que los candidatos a magistrados a la CSJ se comprometan a fortalecer la carrera judicial.El proceso de selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es un desafío para los candidatos, debido a que serán responsables de resguardar la correcta aplicación de la ley y de la función jurisdiccional. Y también es una oportunidad, de que lleguen personas que tengan la capacidad técnica de resguardar las garantías constitucionales en la aplicación del derecho salvadoreño.El derecho a la protección jurisdiccional exige la configuración de un proceso informado por la Constitución, a fin de que la satisfacción de pretensiones sea válida. El proceso es la vía principal para poder privar a una persona de algún o algunos de los derechos adscritos a su favor, o a reconocerlos. El derecho a la prueba debe ejercerse siempre de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Es decir, la prueba que se ofrece, introduce y que se practica ante un juez debe ser lícitamente obtenida. El derecho a la protección judicial comprende la prohibición de la indefensión, el derecho a la confrontación (la posibilidad de efectuar un contrainterrogatorio), el derecho al proceso debido y a la motivación de la sentencia, entre otras garantías.El principio de legalidad en la actividad probatoria implica que los actos de prueba deberán ajustarse siempre a la regulación procesal, como a las normas constitucionales. El derecho procesal salvadoreño establece que cuando se vulnera algún derecho constitucional en la obtención de una fuente de prueba, la prueba es ilícita o prohibida, y deberá ser anulada o excluida del proceso. Esta prohibición de usar pruebas ilícitas se extiende a las que se deriven de esta, es decir, aquellas que son obtenidas como efecto reflejo (doctrina de los frutos del árbol envenenado).En el derecho procesal penal el Código Procesal Penal vigente establece la prohibición de obtención...