El rol de las instituciones, sus funcionarios y el deber de respetar los procedimientos

Centro de Estudios JurídicosEs preocupante que el ministro de Hacienda difunda datos erróneos, máxime cuando estos son remitidos por parte de la Dirección General de Impuestos Internos.El principio de legalidad implica que las instituciones públicas y sus funcionarios estén sujetos al ordenamiento jurídico aplicable, teniendo la obligación de respetarlo a cabalidad. En ese sentido, el respeto a la ley y los procedimientos preestablecidos garantiza el ejercicio de los derechos a los ciudadanos y brinda seguridad jurídica frente a la voluntad arbitraria de los funcionarios.Recientemente, instituciones y sus funcionarios fueron objeto de serias críticas en el marco de la tramitación de los procedimientos que son de su competencia, una situación que afecta la escasa confianza de la que ya gozan nuestras instituciones. El primero de ellos es con relación a la elección de magistrados de la Corte de Cuentas. El pasado 27 de julio, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales los decretos legislativos mediante los cuales fueron electos los magistrados de dicha institución para el periodo que finalizó el 27 de agosto.A criterio de la Sala se omitió argumentar por qué las personas electas poseen competencia notoria según el perfil requerido y la no afiliación partidaria de algunos de los magistrados que resultaron electos. En la sentencia se estableció que la Asamblea Legislativa debía realizar el procedimiento de elección de los nuevos profesionales que ocuparían tales cargos observando el contenido de esa sentencia.Al respecto, en la nueva elección se omitió determinar el perfil de idoneidad y competencia que los candidatos debían tener, incumpliendo los parámetros que en reiteradas ocasiones la Sala ha determinado para estas elecciones. Por lo cual, es de fundamental importancia que la Asamblea actúe dentro de sus competencias constitucionales, respete el procedimiento y cumpla con las...