Sentencia Nº 114-C-16 de Cámara de la Cuarta Sección del Centro, Santa Tecla, 07-06-2017

• Sentido del fallo: Confírmese parcialmente la sentencia definitiva venida en apelación.
• Materia: CIVIL Y MERCANTIL
• Emisor: Cámara de la Cuarta Sección del Centro, Santa Tecla
• Fecha: 07 Junio 2017
• Tipo de Recurso: RECURSO DE APELACION
• Número de sentencia: 114-C-16
• Tribunal de Origen: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE CHALATENANGO

114-C-16

CAMARA DE LO PENAL DE LA CUARTA SECCION DEL CENTRO: Santa Tecla, a las

quince horas y cuarenta y cuatro minutos del día siete de junio de dos mil diecisiete.

Proceso bajo referencia número: 114 - C -16. VISTOS en apelación de la sentencia

definitiva pronunciada por la Señora Juez de Primera Instancia de Chalatenango, a las quince

horas y cuarenta minutos del día nueve de agosto del año dos mil dieciséis, en el PROCESO

DECLARATIVO COMUN DE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PROMESA DE

VENTA, promovido por los abogados JOSE TOBIAS ORELLANA HERNANDEZ, mayor de

edad, del domicilio de Santa Tecla y NELSON BLADIMIR HERNANDEZ HERNANDEZ,

mayor de edad, del domicilio de San Salvador, como apoderados de la señora ZULMA LIZETH

M. DE V., mayor de edad, del domicilio de Mejicanos, en contra de la señora JULIA ELENA

A. VDA. DE H., mayor de edad, comerciante, del domicilio de Aguilares, representada

legalmente por los abogados JUAN FRANCISCO MARTINEZ TORRES, mayor de edad, del

domicilio de San Salvador, y CARLOS LEONEL AVILES, mayor de edad del domicilio de

Mejicanos; a efecto de que en Sentencia Definitiva, se revoque la sentencia impugnada, y se

condene al demandado el reembolso de la cantidad demandada.

Intervinieron en Primera Instancia los abogados JOSE TOBIAS ORELLANA

HERANDEZ y NELSON BLADIMIR HERNANDEZ HERNANDEZ, de las generales

mencionadas y como apoderados de la señora ZULMA LIZETH M. DE V. y los abogados

JUAN FRANCISCO MARTINEZ TORRES y CARLOS LEONEL AVILES, de las

generales mencionadas y como apoderados de la señora JULIA ELENA A. VDA. DE H.; y, en

esta instancia intervinieron los abogados ORELLANA HERNANDEZ y HERNANDEZ

HERNANDEZ, de las generales y en sus calidades antes mencionadas, como parte apelada, y los

abogados MARTINEZ TORRES y AVILES, de las generales y calidad antes indicada, como

parte apelante.

I. JUSTIFICACION DEL PLAZO PARA RESOLVER.

Antes de realizar el análisis del recurso presentado, ésta Cámara hace constar que estamos

resolviendo fuera del plazo estipulado por la ley, dada la excesiva carga laboral; y otros factores

administrativos institucionales ajenos a nuestra voluntad, que inciden directamente en la agilidad

en que esta Cámara pueda salir en tiempo con las resoluciones que estamos obligados a emitir,

pues no se trata de resolver por resolver un recurso, sino en darle contestación a cada uno de los

argumentos que se plantean; es necesario agregar que contamos con una fuerte cantidad de

recursos y diferentes tipos de solicitudes por resolver, debiendo sopesar el orden de ingreso, y la

complejidad del asunto, haciendo ver que en este caso ha existido un proceso de análisis, lectura

estudio íntegro del proceso, para concluir en la selección, resumen, transcripción y valoración de

la prueba presentada. De ahí la necesidad de justificar el vencimiento del plazo, para poder emitir

una resolución apegada a derecho, por lo que el plazo de veinte días que señala la ley para

resolver el presente caso dada las circunstancias detalladas ha sido imposible de cumplir.

Ante tal circunstancia la Sala de lo Constitucional ha considerado que para estar en

presencia de una dilación indebida, el Tribunal que conoce la causa tuvo que haber creado los

denominados “plazos muertos”, es decir haber dejado transcurrir el tiempo permaneciendo

inactivo sin realizar diligencias dentro del referido proceso injustificadamente; esta ha sido la

línea jurisprudencial -que también esta Cámara comparte- específicamente en la sentencia de

hábeas corpus de referencia 99-2010 de las doce horas con cincuenta y cuatro minutos del día

veinte de agosto de dos mil diez, en la que la Sala ha mantenido el mismo criterio diciendo que:

“…para calificar el concepto de plazo razonable o dilación indebida se deben tener en

consideración los siguientes elementos; (1) la complejidad del asunto: ya sea la complejidad

fáctica del litigio, es decir, la necesidad de realizar distintas pruebas; y la jurídica o las propias

deficiencias técnicas del ordenamiento; (2) el comportamiento del recurrente; puesto que no

merece el carácter de indebida una dilación que haya sido provocada por el propio litigante y;

(3) la actitud del Juez o Tribunal, referida a si las dilaciones en el proceso obedecen a la

inactividad del órgano judicial, que sin causa de justificación, dejó transcurrir el tiempo sin

emitir la decisión correspondiente para conceder la satisfacción real y práctica de las

pretensiones de las partes. La evaluación de tales circunstancias tiene su base la consideración

que constitucionalmente no puede sostenerse la existencia de un derecho al cumplimiento de los

plazos establecidos por el legislador, pues lo que existe es un derecho a ser juzgado dentro de un

plazo razonable, entender lo contrario, implicaría elevar las dimensiones temporales

establecidas en las normas procesales, a categoría constitucional, situación que bajo ninguna

óptica sería aceptable. Por tanto, no basta la existencia de una dilación en el cumplimiento de

los plazos procesales, sino que ésta debe ten er la característica de carecer de una causa que la

justifique; es la casuística la que determina frente a excesos en los plazos procesales, la

existencia o no de violaciones constitucionales como la alegada en el presente proceso…”.