Sentencia Nº INC-49-17 de Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro, San Salvador, 27-02-2017

• Sentido del fallo: Declarase inadmisible el recurso de apelación
• Normativa aplicada: D.L. Nº 733 del 22 de Octubre de 2008 - VIGENTE
• Materia: PENAL
• Tipo de Recurso: RECURSO DE APELACION CONTRA AUTOS
• Fecha: 27 Febrero 2017
• Número de sentencia: INC-49-17
• Delito: Contrabando de mercadería, falsedad ideológica y uso y tenencia de documentos falsos
• Tribunal de Origen: Juzgado de Instrucción de Apopa

INC-49-17

CÁMARA TERCERA DE LO PENAL DE LA PRIMERA SECCIÓN DEL CENTRO, SAN

SALVADOR A LAS CATORCE HORAS Y TREINTA MINUTOS DEL DÍA VEINTISIETE

DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE.

Por recibido oficio número 390 de fecha dieciséis de febrero del corriente año, y recibido

en esta Cámara, a las once horas del día diecisiete del mismo mes y año, procedente del Juzgado

de Instrucción de Apopa, en el cual anexa certificación de los pasajes más importantes del

expediente 225-2016-6 y escrito de apelación original constando de cinco folios, que

corresponde al proceso penal que se instruye en contra de JOSÉ JAIME V. D. y otros por

atribuírseles la comisión de los delitos de CONTRABANDO DE MERCADERIA, FALSEDAD

IDEOLÓGICA y USO Y TENENCIA DE DOCUMENTOS FALSOS, Arts. 75 letra “m” y 16

LEPSIA, en perjuicio de LA HACIENDA PÚBLICA, 284 y 287 Pn. en perjuicio de LA FÉ

PÚBLICA.

Remisión que tiene por objeto resolver el Recurso de Apelación interpuesto por el

Licenciado JOSÉ GERARDO HERNÁNDEZ RIVERA, en su calidad de Defensor Particular

del imputado en contra del auto dictado por el Juzgado de Instrucción de Apopa, a las catorce

horas y cincuenta minutos del día uno de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual

DECLARÓ SIN LUGAR LA PRÁCTICA DE EXPERTICIA GRAFOTÉCNICA Y

DOCUMENTOSCOPICA en los documentos que se le imputa haber falsificado y utilizado

para defraudar la hacienda pública.

ANALISIS SOBRE LA ADMISIBILIDAD:

Es de tomar en cuenta que en materia de impugnaciones de las resoluciones judiciales,

rige el principio de legalidad, siendo la ley, en cada caso la que determina si la decisión

judicial es susceptible de ser recurrida y, en caso afirmativo, a través de qué concreto recurso

de los regulados en el Libro IV del Código Procesal Penal. En definitiva, con ello, lo que se

pretende es conseguir la celeridad en el proceso, así como impedir posibles abusos en la

utilización del régimen de los recursos.

Si bien el poder de impugnación concedido en abstracto a los sujetos procesales equivale

a una capacidad procesal de controlar las resoluciones jurisdiccionales, la facultad de recurrir

en apelación se encuentra regulada rigurosamente en nuestro ordenamiento jurídico, el cual

establece principios procesales y límites determinantes subjetivos y objetivos sobre las