UCA : vamos a estar vigilantes de que no se politice el caso jesuitas

Claudia EspinozaLos defensores de derechos humanos consideran que la resolución de la Sala no les genera confianza.EL vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, aseguró que la Universidad estará atenta a todo lo que ocurra sobre la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional impuesta de reabrir el caso de la masacre de los sacerdotes jesuitas, en noviembre de 1989."No podemos permitir que este caso se politice para fines políticos partidarios, si se va a hacer justicia exigimos que se respete el debido proceso, que se cumpla la ley, que los procesos legales se agoten como deben ser, y que no funcionen por órdenes o cuestiones ideológicas", aseveró.Serrano lamenta que aunque la UCA tiene la experiencia acumulada y tiene especialización técnica, dicho proceso se haya librado sin la participación de las víctimas, ni se les haya tomado en cuenta."A pesar de ello, vamos a participar en todo el proceso, vamos a procurar estar presentes de manera que se lleve a cabo con el respeto a la ley. Vamos a estar vigilantes a que no se politice este caso, porque eso sería seguir jugado con las víctimas como se ha hecho tantas veces en el país", señaló.El representante de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, (UCA), también aclaró que el fallo de la Sala le da la razón a la UCA y que ratifica lo que la universidad ha venido luchando durante más de 30 años y que dicha decisión es un logro para las víctimas.Arnau Baulenas, coordinador jurídico del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), también consideró que la resolución de la Sala es un logro de las víctimas y que no permitirá que se politice el caso y que es necesario un proceso judicial con todas las garantías.Por su parte, Saúl Baños director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Debida Aplicación del Derecho (FESPAD), dijo que será obligación de los funcionarios procurar un debido proceso que permita "castigar a los culpables y resarcir los daños morales y materiales a las víctimas y a sus familiares. Ojalá que el gobierno, y sus funcionarios, no caigan en la instrumentalización política de este caso", señaló.David Morales, defensor de derechos humanos aclaró que no confía en el trabajo de la Sala de lo Constitucional ilegítima, como el llama, ni en la Fiscalía General de la República (FGR)."El trabajo de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía no son confiables porque son autoridades ilegítimas y carecen de independencia", señaló.Además, dijo que...