2022 fue año de desafíos para transparencia y lucha contra la corrupción

David BernalEl Consorcio por la Transparencia y lucha contra la Corrupción (formado por Cristosal, Fespad, Acción Cuidadana y Funde) presentó ayer su informe del año y destacó los retrocesos de El Salvador en los índices globales de transparencia, libertad de prensa, presupuesto abierto y percepción de la corrupción."A las puertas de un año preelectoral, es sumamente preocupante el debilitamiento marcado de la democracia, de la independencia de poderes y de la transparencia. La opacidad y los abusos de poder solo traen consecuencias negativas para el desarrollo del país y ponen en riesgo la vida de las personas", dijeron las organizaciones que forman el Consorcio en una conferencia de prensa.Abraham Ábrego, de Cristosal, destacó la opacidad que se ha generado en el actual gobierno en cuanto a las compras públicas y la adjudicación de proyectos. Señaló que durante la gestión presidencial de Nayib Bukele y de la actual Asamblea Legislativa con mayoría oficialista se han aprobado al menos seis leyes o normativas que permitirán no aplicar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) en procesos como la construcción de centros penales, las compras en el régimen de excepción, el Tren del Pacífico, el Aeropuerto del Pacífico y el sufragio en el exterior."No se puede seguir con una política populista de mucha publicidad", dijo Ábrego, y señaló que "se han eliminado controles para el combate a la corrupción, porque la Constitución es clara que la licitación es el método adecuado para las compras estatales pero hay leyes aprobadas recientemente que han impuesto otro método", sostuvo.El representante de Cristosal recordó que la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) denunció varios casos anómalos en procesos de licitación y compras durante la pandemia del covid-19, los cuales no han sido investigados y que terminaron provocando la salida del ente.En la misma línea de la transparencia y la fiscalización se pronunció René Valiente, representante de Cristosal, que destacó los retrocesos que se han tenido para acceder a información pública, incluso a través del ente que por ley debería de velar por este derecho, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)."El IAIP muestra una reducción de casos que conoce, de cerca del 30 %. Pero no solo eso, se tarda más en resolver y cada vez resuelve menos a favor de los ciudadanos. Pasamos de niveles favorables de respuesta del 60 %...