CCR pide reformas para aumentar su rol fiscalizador

Denni PortilloCon el apoyo de diferentes organizaciones de la sociedad civil, la Corte de Cuentas (CCR) presentó ayer ante la Asamblea Legislativa tres propuestas para reformar leyes y así poder tener más alcance en el desempeño de su labor para fiscalizar el uso de los recursos del Estado.Las propuestas de reformas fueron discutidas por los magistrados de la Corte de Cuentas junto a organizaciones como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Acción Ciudadana (AC) y la Asociación por la Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (TRACODA).El primer pliego de reformas está relacionado a la ley que rige la misma institución. Implica adecuar 15 artículos e incluye, entre otras cosas, ampliar el ámbito de fiscalización, para que no solo sean objeto de control las instituciones públicas, sino también el sector privado y terceros cuando estos ejecuten fondos que provengan del Estado o del presupuesto general de la nación."Se impone la obligación tanto a sujetos públicos como privados de proporcionar la información a la corte para efectos de auditoría y se está fijando un plazo mínimo de tres días para su cumplimiento", explicó Roberto Anzora, presidente de la Corte de Cuentas.Otra propuesta es tener voz y voto para los nombramientos de los jefes de auditoría interna de las instituciones del Estado, y que sus traslados o destituciones deban ser aprobados por la CCR.En ese mismo sentido, se pide que las unidades de auditoría interna y su personal cumplan con requisitos que se especificarán en un reglamento que será elaborado a posterior por la Corte de Cuentas, y haber aprobado un curso de auditoría interna que la misma institución imparte.Otra de las reformas notorias que pide la CCR es que el negar la entrada a los auditores del ente, o negarles el acceso o entrega de información provocará que esta conceda un período improrrogable de cinco días para cumplir con lo solicitado. En caso de no atender, la CCR acudirá a un juez de paz de la localidad para que este ordene el acceso irrestricto y la entrega de la información solicitada.Luego, en cuanto a la propuesta para reformar el código penal, esta consiste en la aplicación de una sanción, de entre uno a tres años, para las personas que obstaculicen que la Corte haga su trabajo. Asimismo, las...