Decreto No. 349.- Reformas al Código Penal

DECRETO No. 349

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

1. Que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado y es su obligación asegurar a los habitantes el goce de la libertad, la seguridad jurídica y el bien común, así como la protección y conservación del derecho a la vida, e integridad física y moral de las personas, de conformidad con lo que establecen los artículos 1 y 2 de la Carta Magna.

2. Que por Decreto Legislativo N° 1030, de fecha 26 de abril de 1997, publicado en el

   Diario Oficial N° 105, Tomo 335, del 10 de junio del mismo año, se aprobó el

   Código Penal en el cual se regulan, entre otros, los delitos relativos a la paz pública.

3. Que a efecto de cumplir con los deberes del Estado, en cuanto a la protección y conservación de esos derechos; y ante el incremento de la actividad delictiva, la

   Asamblea Legislativa a iniciativa del Presidente de la República por medio del

   Consejo de Ministros, emitió el Decreto Legislativo Nº 333 de fecha 27 de marzo de

   2022, publicado en el Diario Oficial Nº 62, Tomo N° 434 de ese misma fecha, que comprende el Régimen de Excepción, cuya finalidad es proporcionar las herramientas y mecanismos jurídicos a las instituciones de seguridad pública,

   Policía Nacional Civil y Fuerza Armada de El Salvador, con miras a reestablecer el orden y la seguridad ciudadana, así como el control territorial.

4. Que ante el aumento desmesurado de hechos violentos en todo el territorio nacional por parte de estructuras delictivas denominadas maras o pandillas, se ha puesto en riesgo la vida y la integridad de toda la ciudadanía, generando una situación de alarma, inestabilidad social, y consiguiente temor en la población al poner en peligro inminente la vida e integridad física y mental de las personas.

5. Que es un hecho notorio que las organizaciones criminales antes mencionadas, realizan dentro de su accionar, atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población, incluso contra las autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias; contra la propiedad, mediante...