Estado de la justicia y de la seguridad pública en Costa Rica. Aproximación comparativa con El Salvador

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ENERO - JUNIO 2016 • REVISTA POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA

Estado de la justicia y de la seguridad pública en Costa Rica.

Aproximación comparativa con El Salvador

ISSN: 2225-5648, Año 6, Vol. 1, p. 326-340

“Estado de la justicia y de la seguridad pública en Costa Rica.

Aproximación comparativa con El Salvador.” 1

Cecilia Sánchez Romero

Ministra de Justicia y Paz de Costa Rica

Mi pretensión es exponer algunas ideas generales sobre los desafíos de la

justicia penal y sobre los desafíos de los sistemas penitenciarios y otros

temas sobre seguridad pública, particularmente relativos a mi país, con

la intención de poner en contexto y poder hacer alguna aproximación, a

través de la participación que Jaime Martínez puede hacer, a la realidad

de El Salvador, que, lamentablemente, hoy puedo constatar es un tema

bastante sensible que plantea un enorme desafío.

Desde el punto de vista de la ciencia penal, indiscutiblemente, el problema

carcelario es una derivación de una concepción específica de derecho

penal, de un modelo de justicia penal y de una política criminal, si bien

no articulada como tal en algunos casos; cualquier manifestación ligada

a los fenómenos de la criminalidad son, sin duda, manifestaciones de la

política criminal.

En Costa Rica, al igual que en muchos de los países de Latinoamérica en los

últimos 10 años, prevaleció la doctrina neo-populista, lo que conocemos

como el neo-punitivismo, el populismo punitivo, que optó por desarrollar

políticas altamente represivas para enfrentar los temas de la criminalidad.

Esto ha sido uno de los factores que ha generado que nuestro país tenga

hoy día en sus centros carcelarios a una enorme cantidad de jóvenes

sancionados por la comisión de delitos de muy poca monta.

Frente a cierto auge de hechos de criminalidad fundamentalmente contra

la propiedad, el país abandonó las figuras penales contravencionales, que

tenían unas penas sustancialmente menores a la de los delitos, aplicando

la racionalidad y la proporcionalidad en el uso de la sanción penal. Esto

nos permitía tener una administración de justicia de baja contención, que

resolvía una gran cantidad de conflictos, entre ciudadanos, por pequeños

hechos contra la propiedad, cometidos muchos por jóvenes, a quienes

librábamos del ingreso a la prisión porque podíamos, atendiendo a esa

proporcionalidad, aplicar medidas conciliatorias. Es decir, teníamos una

respuesta dentro del orden penal; y quiero dejar esta idea planteada

porque después veremos que los detractores del modelo penal garantista

acusan a quienes pensamos de esta manera de que queremos generar

1 Conferencia impartida en la Academia Nacional de Seguridad Pública, ANSP, Santa Tecla, el 4 de mar-

zo de 2016, al cuerpo docente, policial y personal profesional administrativo de la ANSP.