Sentencia Nº 00035-18-SM-COPA-CO de Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Miguel, 03-06-2021

• Sentido del fallo: DECLARATORIA DE ILEGALIDAD
• Materia: Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa - VIGENTE
• Fecha: 03 Junio 2021
• Número de sentencia: 00035-18-SM-COPA-CO
• Emisor: Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Miguel

00035-18-SM-COPA-CO

JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, con residencia en San Miguel,

a las nueve horas y treinta minutos del día tres de junio de dos mil veintiuno.

El presente proceso abreviado con referencia 00035-18-SM-COPA-CO, ha sido iniciado

por BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A., como absorbente de BANCO

CUSCATLÁN SV, SOCIEDAD ANÓNIMA, antes denominado SCOTIABANK EL

SALVADOR, S.A., en contra del litisconsorcio pasivo necesario conformado por el

ENCARGADO DE CUENTAS CORRIENTES DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, el

ALCALDE MUNICIPAL DE LA UNIÓN, el CONCEJO MUNICIPAL DE LA UNIÓN y el

MUNICIPIO DE LA UNIÓN, por la presunta ilegalidad de los actos administrativos siguientes:

a) Acto administrativo tácito de determinación de tributos municipales, correspondiente al

NUC ********, de conformidad al cual se estableció que se debía pagar la cantidad de cuatro mil

cuatrocientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América con dieciséis centavos de dólar

($4,480.16), correspondiente al mes de marzo de 2018, en concepto de: impuesto a la actividad

económica, alumbrado, aseo, pavimentación, barrido, segunda planta, valla, cinco por ciento de

fiestas y pago por complemento del mes de marzo del mismo año; en el que se indica además que

la nueva cuota para el ejercicio 2018 es de $5,953.30; manifestado a través del documento

denominado “Estado de Cuenta” de fecha cinco de marzo de 2018.

b) Acuerdo número ***, de fecha 19 de junio de 2018, emitido por el Concejo Municipal

de La Unión, mediante del cual se declaró no ha lugar al recurso de apelación interpuesto en

contra del primer acto antes descrito.

Han intervenido en el proceso, la parte demandante, por medio de sus procuradores,

R.A.M.G., J..A.L.V. y H..S.O.S.; la

parte demandada, por medio de sus procuradores, W.M.S. y Z.T..

.

R.G.; y, como otro interviniente, el F.G.eneral de la República, por medio de sus

representantes, Veralicia de la Paz M.O. y M.A.G.P..

Agotado que ha sido el cauce procesal, configurado para el proceso abreviado, conforme a

lo dispuesto en el capítulo IV de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en

adelante referida también como LJCA, se procede a dictar sentencia en el presente caso, como se

dispone en el capítulo III sección VI de la misma ley.

I. DESCRIPCIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DEL CASO

De forma introductoria, se procederá a realizar una descripción sucinta de los (a) hechos

en los que la parte demandante enmarca los actos señalados de ilegales, así como la

fundamentación jurídica de la ilegalidad denunciada y la pretensión que intenta deducir. Se

expondrán además las (b) consideraciones fácticas y la fundamentación jurídica de la legalidad

defendida por los demandados, así como su consecuente pretensión. Finalmente, se plasmará en

esta parte, la (c) opinión técnica del Fiscal General de la República, sobre la legalidad de los

aspectos sometidos por las partes a conocimiento del tribunal.

a. Hechos en los que se enmarcan los actos refutados de ilegales por la parte

demandante, y fundamentación jurídica de la declaratoria de ilegalidad pretendida

La demande, BANCO CUSCATLÁN DE EL SALVADOR, S.A., expone que es una

institución financiera que realiza operaciones en el municipio de La Unión, a través de una

agencia.

Indica que en años anteriores se le ha calificado bajo la categoría de comerciante social,

según lo dispuesto en el art. 3 número 26 de la Tarifa General de Arbitrios del Municipio de La

Unión, en adelante también referida como TGAMLU, sin tomar en cuenta que el art. 3 número 2

letra ñ) del mismo cuerpo normativo, regula una categoría especial para las instituciones de

crédito, considera que por la naturaleza de la actividad que realiza y de los precedentes

jurisprudenciales que lo avalan, le corresponde tributar bajo la calificación de institución de

crédito y no como comerciante social.

Alega que la primera de las disposiciones antes citadas, establece un impuesto municipal a

cargo de sujetos pasivos que realizan actividades económicas, el cual toma como base imponible

o parámetro cuantificador el activo de los contribuyentes, sin prever de forma expresa la

posibilidad de deducir el pasivo de los contribuyentes, pero la sentencia 19-IV-2017 emitida en

proceso de amparo 446-2015, la Sala de lo Constitucional interpretó conforme a la constitución el

art. 3 número 26 TGAMLU, estableciendo que debe entenderse que la base imponible del

impuesto excluye el pasivo.

Refiere que el día 23 de febrero de 2020, presentó escrito dirigido al Alcalde Municipal de

La Unión, el cual contenía la presentación del balance al 31 de diciembre de 2017 y sus

respectivos anexos, a través del cual planteó dos pretensiones, como principal, requirió al Alcalde

Municipal de La Unión que modificara la calificación de contribuyente, en el sentido que no se le

aplicara la norma de comerciante social, sino la de institución de crédito, y, como eventual, que

calculara los impuestos sobre el patrimonio, permitiendo deducir los pasivos como lo ha

establecido la Sala de lo Constitucional en la resolución antes indicada.

Expone que en fecha 7 de marzo de 2018, fue notificado del acto administrativo tácito de

determinación de tributos municipales, correspondiente al NUC ********, de conformidad al

cual se resolvió que se debía pagar la cantidad de cuatro mil cuatrocientos ochenta dólares de los

Estados Unidos de América con dieciséis centavos de dólar ($4,480.16), correspondiente al mes

de marzo de 2018, en concepto de: impuesto a la actividad económica, alumbrado, aseo,

pavimentación, barrido, segunda planta, valla, cinco por ciento de fiestas y pago por

complemento del mes de marzo del mismo año; indicándose además que la nueva cuota para el

ejercicio 2018 es de $5,953.30; manifestado a través del documento denominado “Estado de

Cuenta” de fecha 5 de marzo de 2018.

Alega que el primer acto impugnado fue dictado y notificado, sin ostentar competencia

para emitir este tipo de actos, sin ningún procedimiento previo y sin otorgarle ninguna

oportunidad de defensa o aportación de pruebas para desvirtuar los tributos determinados, y

además sin deducir los pasivos de la base imponible, los cuales fueron puestos a conocimiento de

la municipalidad a través del balance referido.

Establece que el 12 de marzo de 2018, de conformidad con el art. 123 inc. 1° LGTM,

interpuso recurso de apelación en contra del primer acto impugnado, mismo que, mediante

acuerdo número *** de fecha 19 de junio de 2018, fue resuelto no ha lugar.

En cuanto a la fundamentación jurídica, BANCO CUSCATLÁN DE EL

SALVADOR, S.A. adujo como argumento principal de su pretensión, la falta de competencia del

Encargado de Cuentas Corrientes del Municipio de La Unión, para emitir el primer acto

impugnado.

Bajo el principio de eventualidad procesal, adujo además la violación al principio de

legalidad tributaria, al derecho de audiencia, defensa y debido proceso, a los arts. 72, 74 y 109

LGTM por la falta de competencia del Encargado de Cuentas Corrientes del Municipio de La

Unión, al derecho de propiedad por inobservancia de los arts. 126 y 127 LGTM y de la resolución

de amparo del 28 de abril de 2017, ref. 696-2016, al valor vinculante de la jurisprudencia de la

Sala de lo Constitucional, al art. 11 de la Constitución y a la jurisprudencia de la Sala de lo

Constitucional.

Expone que todos los vicios alegados se trasladan al segundo de los actos impugnados, al