Sentencia Nº 167-2020 de Sala de lo Constitucional, 08-04-2020

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Número de sentencia	167-2020
Fecha	08 Abril 2020
Emisor	Sala de lo Constitucional
Materia	CONSTITUCIONAL

167-2020

Amparo

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con

cincuenta minutos del día ocho de abril de dos mil veinte

Agrégase a sus antecedentes el escrito firmado por el abogado J.M. mediante el que señala

una dirección de correo electrónico para recibir notificaciones.

Analizados la demanda de amparo y el aludido escrito presentados por el abogado J.M. en

calidad de procurador de oficio de los señores J.F., M.R., D.O. y otros, junto con la

documentación anexa, se efectúan las siguientes consideraciones:

I. 1. En primer lugar, debe tomarse en cuenta que dicha demanda ha sido presentada

mediante correo electrónico por el referido abogado.

Al respecto, se debe considerar que el ordenamiento jurídico salvadoreño, como parte de

la tradición jurídica del civil law, da preponderancia a la expresión escrita del Derecho y,

particularmente, de las actuaciones procesales. La Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC)

no es la excepción. En los procesos constitucionales que se encuentran previstos en ella, estos

son, el de inconstitucionalidad, amparo y hábeas corpus, se exige que las demandas sean

presentadas por escrito y –salvo excepción– en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional. Así

lo regula el artículo 6 inciso 1º para la demanda de inconstitucionalidad, los artículos 14 y 15 para

la demanda de amparo y el artículo 41 en el caso del hábeas corpus.

Refiriéndose al proceso de inconstitucionalidad, esta Sala ha afirmado en su

jurisprudencia que: “La autenticidad de la firma de quien suscribe la demanda es un requisito

indispensable para verificar la legitimación procesal establecida en el art. 183 Cn. a favor de

cualquier ciudadano salvadoreño. El envío electrónico de un texto que contenga una copia de la

firma de una persona no cumple con el requisito citado. Incluso si la imagen capturada en el

archivo digital correspondiera a la de una firma aparentemente manuscrita, su impresión para el

expediente respectivo sería de todas formas una copia de dicha firma y, en consecuencia, no

podría aceptarse que el documento en cuestión se haya presentado firmado o suscrito por el

remitente” (resolución de improcedencia de 29 de junio de 2018, inconstitucionalidad 34-2014).

A partir de esta consideración, se estimó que un documento enviado por medio de correo

electrónico no puede aceptarse como una forma válida para dar inicio a un proceso de

inconstitucionalidad. Este mismo argumento sería predicable para los procesos de amparo y

hábeas corpus, ya que estos dos, a semejanza de la inconstitucionalidad, inician por demanda

escrita o solicitud tratándose del hábeas corpus.

2. Ahora bien, en la misma resolución se sostuvo que es posible aplicar analógicamente lo

prescrito en el artículo 15 LPC, que se encuentra en el régimen del proceso de amparo. De esto se

sigue que la regla general consistente en la exigencia de presentar la demanda ante la Secretaría

de esta Sala admite excepciones, como todas las demás reglas jurídicas.

Entonces, interesa determinar si, a pesar de que la regla general prescribe que las

demandas deben ser presentadas por escrito ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional,

puede admitirse como excepción su presentación por medio de correo electrónico en los procesos

constitucionales de inconstitucionalidad, amparo y hábeas corpus.

A. En la resolución de 17 de febrero de 2020, inconstitucionalidad 10-2020, se dijo que el

Derecho no se puede aislar de la realidad, sino que debe amoldarse a ella –con sus limitaciones–

para evitar su ineficacia o insuficiencia.

En el contexto actual, constituye un hecho notorio la crisis sanitaria mundial que ha

ocasionado la pandemia causada por el virus Covid-19. Este tipo de hechos está exento de

prueba, según lo dispone el artículo 314 ordinal 2º del Código Procesal Civil y Mercantil –de

aplicación supletoria en el proceso de amparo–. El Salvador, aunque en menor escala que países

como China, Italia, España o Alemania, también se ha visto afectado con esta pandemia,

habiéndose confirmado casos positivos en el territorio nacional y algunas muertes. Como parte de

las medidas de prevención para evitar la propagación del virus, la Asamblea Legislativa emitió el

Decreto Legislativo (D.L.) 594, de 14 de marzo de 2020, que contiene Ley de Restricción

Temporal de Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia Covid-19, dentro

del cual se prevén las limitaciones a la libertad de tránsito, a reunirse pacíficamente y al derecho

a no ser obligado a cambiar de domicilio.

De igual manera, constituye un hecho notorio que mediante el Decreto Ejecutivo 14, de

30 de marzo de 2020, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud decretó las “medidas

extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a

control sanitario, a fin de contener la pandemia Covid-19”, según las cuales, salvo casos

excepcionales, todos los habitantes del territorio de la república deberán guardar cuarentena

domiciliar obligatoria, es decir, la libertad de tránsito ha sido limitada, quedando permitida en

casos específicos, como atender una emergencia médica, acudir a una farmacia o procurarse

alimentos y demás insumos de la canasta básica.

Asimismo, es un hecho público que mediante el D.L. 611 de 29 de marzo de 2020, la

Asamblea Legislativa emitió una nueva Ley de Restricción Temporal de Derechos

Constitucionales Concretos para atender la Pandemia COVID-19, dentro de la cual se prevén

nuevamente limitaciones a los derechos a la libertad de tránsito, reunión y a no cambiar de

domicilio.

B. Ningún órgano del Estado o institución pública o privada puede obviar las

consecuencias que acarrean dichas medidas. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional es

consciente de su labor jurisdiccional y democrática dentro de la sociedad salvadoreña,

entendiendo que, aún en tiempos de crisis sanitaria, la Constitución sigue siendo garante y

contralora de todo acto estatal y, por la misma razón, esos actos no pueden quedar exentos del

control de constitucionalidad que es inherente a todo Estado de Derecho. Esta Sala, no obstante la

emergencia decretada, no puede paralizar sus actividades y su cometido en la protección de los

derechos fundamentales de las personas; por el contrario, debe adaptarse a las exigencias fácticas

que se presentan, tomando en cuenta no solo consideraciones puramente normativas, sino

humanitarias, sociales, científicas, etc. De hecho, las garantías constitucionales, entendidas como

mecanismos de protección, deben adaptarse a la realidad que pretende normar. El programa

normativo integrado en la Constitución mantiene con la realidad normada un ligamen indisoluble

que no puede soslayarse aun en la emergencia que El Salvador está experimentando.

En razón de las medidas decretadas, y de que la actividad jurisdiccional de la Sala a la

fecha se ha interpretado que no es oficiosa, sino que requiere de la activación ciudadana mediante

la presentación de demandas, existe una probabilidad real de que no puedan ser presentadas o que

resulte imposible hacerlo materialmente en la Secretaría de esta Sala. De ahí que la restricción

para el libre tránsito no debe representar un obstáculo para no proteger de forma efectiva sus

derechos fundamentales y vigilar la constitucionalidad de cualquier acto que pueda ser objeto de

dicho control. Recuérdese que el derecho a la protección jurisdiccional, y en concreto el derecho

de acceso a la jurisdicción constitucional, no es uno de los derechos que esté comprendido como

uno que pueda ser limitado o restringido en aplicación de los referidos decretos.

C. Ante la limitación de la movilidad de las personas de sus domicilios y residencias, es

posible tener en cuenta para los procesos constitucionales el uso de nuevas tecnologías,

entendidas como los avances científicos y tecnológicos que inciden en diferentes aspectos de la

vida humana y de las relaciones sociales. Esto no es más que utilizar la tecnología de la

información y la comunicación, para aprovechar sus funcionalidades, pudiendo sustituir aunque

sea excepcionalmente, el uso de medios tradicionales.

El ordenamiento jurídico salvadoreño no es ajeno a estos avances. Ejemplo de ello es el

artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que dispone que “cualquier persona o

su representante podrán presentar ante el Oficial de Información una solicitud en forma […]

electrónica…”. Asimismo, el sistema de notificación electrónica implementado por la Corte

Suprema de Justicia, y que es utilizado por esta Sala y la mayoría de tribunales de la república.

3. Tomando como base los argumentos expuestos, es posible afirmar que la regla de

presentación de las demandas por escrito ante la Sala de lo Constitucional puede admitir una

excepción, pues hay un principio subyacente a la regla antedicha que, dadas las circunstancias

fácticas específicas del caso, debe ser sopesado. Tal como se sostuvo en las resoluciones de 10 de

febrero de 2020 y de 18 de marzo de 2020, inconstitucionalidades 6-2020 y 21-2020, por su

orden, se trata del derecho a la protección jurisdiccional, que se manifiesta, entre otras cosas, en

los derechos de acceso a la jurisdicción y de ejecución de las resoluciones judiciales.

Esta es una postura que ha sido adoptada por esta Sala en decisiones pasadas (ej.,

sentencia de 12 de noviembre de 2010, inconstitucionalidad 40-2009). En este caso, no admitir la

excepción a la regla, sobre todo por la naturaleza de los procesos constitucionales, implicaría

anular las posibilidades fácticas de satisfacción del acceso a la jurisdicción en forma oportuna y

de la ejecución de la resolución judicial que se pronuncie, puesto que el acto que se impugna, en

algunos casos, ya habría agotado sus efectos si se requiere su presentación de forma escrita y

personal. Como lo sostuvo esta Sala en la inconstitucionalidad 34-2014, ya citada, debido a que

el Derecho procesal constitucional debe ser entendido como un Derecho al servicio del

cumplimiento de la Constitución y, como tal, dinámico y garantista (sentencia de 4 de marzo de

2011, amparo 934-2007), las formas procesales deben ser flexibilizadas a fin de maximizar la

protección de los derechos fundamentales y del orden constitucional, evitando la sujeción

desmedida a rigorismos y formalidades que únicamente constituyen ataduras o limitaciones a la

consecución de su objeto, más en situaciones excepcionales como la que vive el país desde hace

varias semanas.

En efecto, en una situación de vigencia de un régimen de excepción, el rechazo liminar de

demandas presentadas por correo electrónico y no por escrito ante la Secretaría de la Sala de lo

Constitucional, desincentivaría a las personas a ejercer su derecho a la protección jurisdiccional

en caso de vulneración de sus derechos.

En consecuencia, debido a la situación empírica concreta de este caso y a la existencia de

precedentes relevantes para la decisión, esta Sala exceptuará las reglas contenidas en los artículos

6 inciso 1º, 14, 15 y 41 LPC, mediante una interpretación extensiva que, en consonancia con los

criterios específicos de interpretación de disposiciones de derechos fundamentales, maximice la

fuerza expansiva y optimizadora del derecho a la protección jurisdiccional, contenido en el

artículo 2 inciso 1º Cn. (sentencia de 14 de diciembre de 2012, inconstitucionalidad 103-2007) y

analizará, en adelante, y mientras se mantengan las circunstancias extraordinarias causadas por la

pandemia generada por el Covid-19, las demandas remitidas por los ciudadanos al correo

electrónico institucional de esta Sala. Dichas demandas deberán cumplir al menos con los

elementos mínimos indispensable para tener conocimiento de la pretensión.

En todo caso, tanto los ciudadanos remitentes como la Secretaría de la Sala deberán ser

diligentes en hacer un uso adecuado de este sistema de presentación de demandas. En el caso de

los demandantes, deberán utilizarlo de manera responsable y asegurar el correcto envío de las

mismas, adjuntado de manera digital la documentación completa que consideren pertinente para

cada tipo de acción, y cumpliendo con las exigencias formales (al menos las esenciales) que

establece la LPC. Corre por cuenta de la Secretaría de la Sala la confirmación de recepción y

trámite posterior.

Asimismo, deberá tenerse en cuenta el respeto de los plazos procesales establecidos por la

LPC, pues la excepción en la forma de presentación de las demandas no puede ser excusa para

alterar los procesos, ya que esa forma se infringiría el principio de legalidad y se afectaría la

seguridad jurídica.

II. De igual manera, se advierte que el abogado J.M. expresa actuar como procurador de

oficio de los peticionarios, para ello señala que dicha figura se encuentra prevista en el artículo 74

del Código Procesal Civil y Mercantil –de aplicación supletoria en los procesos de amparo–.

En ese sentido, la citada disposición establece, en su primer inciso, que: “… Se puede

comparecer en nombre de aquel de quien no se tiene representación judicial, siempre que la

persona por la que se comparece se encuentre impedida de hacerlo por sí misma, estuviera

ausente del país, tenga razones de fundado temor o amenaza, o cuando se trate de una situación

de emergencia o de inminente peligro o haya alguna causa análoga y se desconociera la

existencia de representante con poder suficiente…”.

Ahora bien, debe considerarse que este tipo de representación sin mandato debe

entenderse como un mecanismo excepcional para evitar perjuicios en aquellas personas que en

virtud de las situaciones descritas no puedan extender un poder para que un abogado requiera la

tutela de sus derechos; así, lo que se busca es evitar el exceso de formalismos en situaciones de

emergencia o de extrema necesidad.

Por consiguiente, y partiendo de las consideraciones realizadas en el apartado anterior

relativas a la situación de emergencia constitucional, representada por la vigencia de un régimen

de excepción, es procedente tener por procurador de oficio al abogado J.M. en representación de

los señores aludidos en la demanda.

Es preciso aclarar que la normativa secundaria que regula esta figura hace referencia a la

ratificación del nombramiento en el plazo de los 2 meses siguientes a la comparecencia del

abogado a la sede judicial; ahora bien, en virtud de las situaciones excepcionales ya descritas,

podría ser que ese plazo sea insuficiente para realizar dicha ratificación, por lo que deberá

entenderse que esta podrá tener lugar durante el transcurso de este proceso mientras las medidas

de excepción y cuarentena domiciliar tengan vigencia, y que podrá efectuarla cualquiera de los

aparentes representados que invoquen el interés colectivo.

III. Expuesto lo anterior, se advierte que, en síntesis, dicho profesional encamina su

reclamo contra las siguientes actuaciones: i) la instrucción de 17 de marzo de 2020 emitida por el

Presidente de la República de cerrar el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar

Arnulfo Romero y Galdámez”; ii) la clausura de las pistas de ese aeropuerto para vuelos

comerciales de pasajeros por parte de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA); iii) la

omisión de la Ministra de Relaciones Exteriores de garantizar el retorno de los salvadoreños

expatriados temporal e individualmente pese a las gestiones de sus representados y otros

salvadoreños en la misma situación; y iv) el cierre de atenciones a pasajeros salvadoreños que

desean retornar al país provenientes del extranjero en el Aeropuerto por parte del Director

General de Migración y Extranjería.

En ese sentido, señala que el 14 de marzo de 2020 la Asamblea Legislativa emitió el D.L.

593, en virtud del cual declaró el “Estado de Emergencia Nacional por Covid-19” por el plazo de

30 días (cuya vigencia está prevista hasta el 13 de abril del año en curso) y su finalidad es

implementar mecanismos necesarios para combatir la referida crisis sanitaria; sin embargo, aclara

que dicho D.L. no establece restricción alguna al ingreso de los salvadoreños al territorio

nacional.

De igual manera, menciona que ese mismo día fue pronunciado el D.L. 594, publicado en

el Diario Oficial de 15 de marzo de 2020 y que el 29 de marzo de 2020 se emitió el D.L. 611, por

medio de los cuales se decretó la “Ley de restricción temporal de derechos constitucionales

concretos para atender la pandemia Covid-l9”, en los que se establece la restricción temporal (por

el plazo de 15 días en cada D.L.) de 3 derechos fundamentales: libertad de tránsito, derecho a

reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito y el derecho a no ser obligado a

cambiarse de domicilio, pero acota que tales cuerpos normativos establecían expresamente que

los mismos no implican restricción alguna a los salvadoreños para entrar al territorio.

No obstante, el Presidente de la República, sin emitir una resolución previa debidamente

fundamentada y motivada, ordenó, a partir de la madrugada del 17 de marzo, el cierre de

operaciones de las pistas del Aeropuerto Internacional de El Salvador a vuelos de pasajeros hasta

nuevo aviso. Dicha publicación se realizó mediante un mensaje de Twitter en la cuenta del

mismo en esa red social.

Ahora bien, manifiesta que los actores son salvadoreños que se encuentran en diferentes

países, tales como los Estados Unidos de América, México, Panamá, Colombia, Chile, Ecuador,

Argentina, España, Francia, entre otros, por lo que para ejercer su derecho de entrar al territorio

solo pueden hacerlo por la vía aérea, es decir, por medio del Aeropuerto Internacional de El

Salvador.

En ese sentido, el referido profesional señala que las acciones y omisiones impugnadas

han implicado –al valorarlas en su conjunto– una restricción material ilegítima de ingreso al

territorio de la República a los salvadoreños que salieron del país con la intención de regresar

posteriormente al mismo, pero que se encontraban en el extranjero en el momento en que el

aludido funcionario ordenó el cierre de operaciones del aeropuerto.

Aunado a ello, señala que han existido ciertos casos de retorno al país de forma selectiva,

no obstante la instrucción del Presidente de la República, pues se ha permitido recientemente el

ingreso de personas salvadoreñas provenientes de Honduras y Nicaragua por la vía terrestre y por

aduanas de El Salvador.

Por ende, asevera que las mencionadas autoridades no han cumplido con su obligación de

proteger en la conservación y defensa del derecho a ingresar al territorio nacional a los

salvadoreños que se han visto imposibilitados de regresar al país.

Así, estima conculcados los derechos a la libertad de entrar y permanecer en el territorio

de la República, igualdad y protección no jurisdiccional de los salvadoreños que se encuentran en

el exterior en tales circunstancias.

IV. Tomando en consideración los argumentos expuestos por el mencionado abogado, así

como en atención al principio iura novit curia –el Derecho es conocido para el Tribunal– y al

artículo 80 de la LPC, es pertinente realizar ciertas consideraciones referidas a los términos en

que ha sido planteada la demanda y exteriorizar algunos fundamentos jurisprudenciales

relevantes para la resolución que se emitirá.

1. A. En cuanto al derecho a la libertad de circulación, la jurisprudencia de esta Sala –por

ejemplo la sentencia de 13 de julio de 2018, amparo 411-2017; el auto de admisión de 15 de julio

de 2013, inconstitucionalidad 63-2013; y la sentencia de 25 de septiembre de 2013, amparo 545-

2010– ha dispuesto que la referida libertad es la facultad inherente a toda persona de moverse en

el espacio, es decir, la posibilidad de permanecer en un lugar o desplazarse de un punto a otro,

dentro o fuera del país, sin otras limitaciones que las razonables y proporcionales, y sin ninguna

restricción por parte de las autoridades, salvo las limitaciones que la Constitución y la ley

imponen.

Asimismo, en los referidos precedentes se ha determinado que se estará en presencia de

una vulneración del derecho a la libertad de circulación cuando se dificulte o impida de manera

injustificada a una persona el libre desplazamiento de un sitio a otro.

B. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha indicado (Caso Ricardo Canese

contra Paraguay, sentencia de 31 de agosto de 2004 (Fondo, Reparaciones y Costas) que el

artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege el derecho de circulación

y de residencia, el cual contempla el derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del

propio. En ese sentido, la Corte ha coincidido con lo indicado por el Comité de Derechos

Humanos en su Comentario General No. 27, en el sentido de que el derecho de circulación es el

que tiene toda persona a trasladarse libremente de un lugar a otro y a establecerse libremente en

el lugar de su elección. Ello no debe depender de ningún objetivo o motivo en particular de quien

desea circular o permanecer en un lugar. Se trata de una condición indispensable para el libre

desarrollo de la persona, por lo que las medidas restrictivas a la libertad de circulación en una

sociedad democrática deben ajustarse al principio de proporcionalidad y deben ser compatibles

con los demás derechos.

Por otra parte, se ha mencionado que el derecho de circulación y de residencia, incluido el

derecho a salir del país, puede ser objeto de restricciones, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 22.3 y 30 de la Convención. Sin embargo, es necesario que dichas restricciones se

encuentren expresamente fijadas por ley, y que estén destinadas a prevenir infracciones penales o

a proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública o los

derechos y libertades de los demás, en la medida indispensable en una sociedad democrática.

En relación con el requisito de legalidad de las restricciones a los derechos de circulación,

de residencia y de salir del país, el Comité de Derechos Humanos señaló que las condiciones en

que pueden limitarse esos derechos deben estar determinadas por ley, por lo que las restricciones

no previstas en la ley o que no se ajusten a los requisitos establecidos en el artículo 12.3 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, serían violatorias de los referidos derechos. De

igual manera, el Comité indicó que al aprobar leyes que establezcan las restricciones permitidas,

los Estados deben guiarse siempre por el principio de que las restricciones no deben comprometer

la esencia del derecho; así como, también, deben utilizar criterios precisos y no conferir una

discrecionalidad sin trabas a los encargados de su aplicación.

Asimismo, la Corte Interamericana considera indispensable destacar que las medidas

cautelares que afectan la libertad personal y el derecho de circulación tienen un carácter

excepcional, ya que se encuentran limitadas por los principios de necesidad y proporcionalidad,

indispensables en una sociedad democrática.

2. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha sostenido –sentencia de 12 de

noviembre de 2010, inconstitucionalidad 40-2009– que el derecho a la protección jurisdiccional

fue instaurado con la finalidad de asegurar la eficacia de los derechos fundamentales, al

permitirle a su titular reclamar válidamente ante los entes jurisdiccionales, frente a actos de

particulares o estatales que atenten contra tales derechos.

Asimismo, se sostuvo que la protección jurisdiccional se manifiesta mediante cuatro

grandes rubros: i) el acceso a la jurisdicción; ii) el proceso constitucionalmente configurado o

debido proceso; iii) el derecho a una resolución de fondo, justificada y congruente; y iv) el

derecho a la ejecución de las resoluciones.

A su vez, con el concepto de debido proceso o proceso constitucionalmente configurado

se quiere hacer alusión a un proceso equitativo, respetuoso a los derechos fundamentales de los

sujetos partícipes, que se agrupa y se desdobla en un haz de garantías que cobran vigencia en

todos los órdenes jurisdiccionales y en las diferentes etapas de un proceso, estas son: los derechos

de audiencia, defensa, a recurrir y la presunción de inocencia.

Todas esas manifestaciones de la protección jurisdiccional, tal como se sostuvo en la

sentencia de 16 de marzo de 2011, amparo 1052-2008, también son predicables –con todas sus

implicaciones– al derecho a la protección no jurisdiccional –protección en la defensa por entes

no jurisdiccionales–.

3. En lo relativo al derecho a la igualdad, esta Sala sostuvo en la sentencia de 19 de

octubre de 2011, amparo 82-2010, que este se proyecta como el derecho fundamental a no ser

arbitrariamente diferenciado, esto es, a no ser injustificadamente excluido del goce y ejercicio de

los derechos que se reconocen a los demás.

Así, cuando se alegue la vulneración de tal derecho, es necesario que se determine con

claridad cuál es el supuesto o los supuestos específicos, concretos e individualizados frente a los

que el presunto afectado se coloca en idéntica situación y respecto de los cuales se considera que

se ha otorgado un trato diferente de manera injustificada, así como los parámetros concretos de

equiparación que justifican la infracción alegada.

4. En ese orden de ideas, se advierte que dicho profesional es claro en manifestar que los

peticionarios para ejercer “… su derecho de entrar al territorio solo pueden hacerlo por la vía

aérea…” y alude a un supuesto ingreso de otras personas al territorio de la República por la vía

terrestre y aduanera para justificar el presunto trato diferenciado; sin embargo, de lo planteado al

respecto se colige que sus argumentos estarían encaminados, más bien, a evidenciar siempre la

afectación de los derechos a la libertad de circulación –en su manifestación de la libertad de

entrar y permanecer en el territorio de la República– y a la protección no jurisdiccional, que

también han sido invocados como transgredidos y en ese sentido deberá entenderse en el presente

proceso.

V. Expuestas las consideraciones que anteceden y habiéndose constatado que la demanda

cumple con los requisitos mínimos (esenciales) de admisibilidad y procedencia establecidos por

la legislación procesal aplicable y la jurisprudencia, su admisión se circunscribirá al control de

constitucionalidad de las siguientes actuaciones: i) la instrucción de 17 de marzo de 2020 emitida

por el Presidente de la República de cerrar el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar

Arnulfo Romero y Galdámez”, únicamente en lo que respecta a su efecto de impedir el ingreso

por vía aérea de salvadoreños provenientes del exterior; ii) la clausura de las pistas de ese

aeropuerto para vuelos comerciales de pasajeros por parte de los titulares de la CEPA (que de

conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de la CEPA es su Junta Directiva), también,

únicamente, en relación con el ingreso de salvadoreños provenientes del extranjero; iii) la

omisión de la Ministra de Relaciones Exteriores de garantizar el retorno de los demandantes –

pese a las gestiones que alegan haber efectuado–, así como de otros salvadoreños que se

encuentran fuera del país temporalmente; y iv) el cierre de atenciones a pasajeros salvadoreños

que desean retornar al país provenientes del extranjero en el Aeropuerto por parte del Director

General de Migración y Extranjería. Dichos actos y omisión habrían vulnerado los derechos a la

libertad de circulación –en su manifestación de la libertad de entrar y permanecer en el territorio

de la República– y a la protección no jurisdiccional de los demandantes.

Tal admisión se debe a que, por una parte, con las medidas adoptadas por el Presidente de

la República, los titulares de CEPA y el Director General de Migración y Extranjería se habría

imposibilitado el regreso de los actores al país, así como el de otros salvadoreños que en el

momento en que se ordenó el cierre de funciones del Aeropuerto Internacional se encontraban en

el extranjero, quienes habrían adquirido –desde antes de su salida del país– boleto aéreo con

fecha de retorno posterior a dicho cierre. Ello, pese a que en los D.L. 594 y 611, mediante los

cuales se aprobó el régimen de excepción, no se establecía ningún tipo de restricción al ingreso

de los salvadoreños al territorio nacional.

Asimismo, se admite contra la Ministra de Relaciones Exteriores por la supuesta omisión

de crear los protocolos diplomáticos, consulares o humanitarios para posibilitar la repatriación de

los salvadoreños que se encontraban en el extranjero en el momento que se ordenó el cierre del

Aeropuerto Internacional, en los términos acotados en el párrafo anterior, pues –según se narra en

la demanda– varios connacionales estarían en una situación de vulnerabilidad en los países en los

que se encuentran y, pese a haber requerido su repatriación, aparentemente esta les fue negada o

no recibieron respuesta a la misma.

VI. Establecidos los términos de la admisión del presente amparo, corresponde en este

apartado examinar la posibilidad de decretar las medidas precautorias requeridas.

1. Al respecto, resulta necesario señalar que la suspensión del acto reclamado en el

proceso de amparo se enmarca dentro de la categoría de las medidas cautelares y su adopción se

apoya sobre dos presupuestos básicos, a saber: la probable existencia de un derecho amenazado –

fumus boni iuris– y el daño que ocasionaría el desarrollo temporal del proceso –periculum in

mora–.

En relación con los presupuestos mencionados, es preciso apuntar que, tal como se

sostuvo en el auto de admisión de 8 de abril de 2011, amparo 345-2010, el fumus boni iuris hace

alusión –en términos generales– a la apariencia fundada del derecho y su concurrencia en el caso

concreto se obtiene analizando los hechos alegados por las partes con las restantes circunstancias

que configuran la causa, lo que permite formular una respuesta jurisdiccional afirmativa a la

viabilidad jurídica de estimar la pretensión, sin que ello signifique adelantar opinión alguna sobre

el fondo de la cuestión controvertida. Mientras que el periculum in mora –entendido como el

peligro en la demora– importa el riesgo de que el desplazamiento temporal del proceso suponga

un obstáculo real para la materialización efectiva de las consecuencias derivadas de una eventual

sentencia, impidiendo de esta forma la plena actuación de la actividad jurisdiccional.

Específicamente, respecto al peligro en la demora, la regla general es que se aprecie la

concurrencia de dicho presupuesto simplemente cuando la ejecución del acto que se reclama

hubiere de ocasionar un perjuicio que haría perder al amparo su finalidad; en otras palabras,

cuando se produzca con ello una situación irreversible que aquel, en caso de otorgarse, no podría

remediar.

Ahora bien, el análisis que se debe realizar sobre la concurrencia del fumus boni iuris es –

a diferencia del realizado con el periculum in mora– mucho más complejo, ya que implica la

formulación de dos valoraciones distintas y contrapuestas. Por un lado, desde un punto de vista

positivo, se debe apreciar la existencia de un derecho constitucional protegible por la vía del

amparo que pudiese resultar amenazado o vulnerado por el acto impugnado y, por el otro, desde

un punto de vista negativo, se deben prever también los daños que a los intereses generales y a

otros derechos fundamentales de terceros pueda ocasionar la protección cautelar mediante la

suspensión de los efectos del acto reclamado.

Se trata, entonces, de que al examinar la presencia del fumus boni iuris se efectúe una

valoración basada en criterios racionales de equilibrio y ponderación entre los intereses del

demandante, los intereses públicos o generales y los derechos de terceras personas, evaluando

conjunta y ponderadamente todos esos elementos. Así, ante la concurrencia de intereses

contrapuestos, resulta necesario apreciar, a tal efecto, la incidencia negativa que la suspensión del

acto pudiera tener en los intereses de la colectividad o en los derechos de terceros, de tal forma

que si se ocasionara una perturbación grave e irreversible a dichos intereses y derechos debe

desestimarse la concurrencia de ese presupuesto y, con ello, no cabría decretar la suspensión de

los efectos del acto reclamado, o cualquier otra medida cautelar.

En ese sentido, siendo que el análisis del fumus boni iuris debe efectuarse en dos

direcciones contrapuestas, esta Sala se encuentra obligada, en cada caso concreto, en primer

lugar, a identificar los intereses en juego, tanto los alegados por las partes –vertiente positiva–,

como otros intereses públicos y privados que pudieran resultar afectados por la resolución

adoptada –vertiente negativa–; en segundo lugar, a atribuir el peso correspondiente a cada uno de

ellos; y, en tercer lugar, a establecer motivadamente una regla de ponderación que determine en

qué circunstancias uno de los intereses prevalece sobre el otro, para lo cual se han de tener en

cuenta los elementos de convicción que concurran específicamente en cada caso.

2. Corresponde en este apartado trasladar las consideraciones efectuadas en los párrafos

que anteceden al caso concreto.

A. En el presente amparo, se puede advertir que existe apariencia de buen derecho en

virtud, por una parte, de la invocación de una presunta vulneración de los derechos

constitucionales de los peticionarios –protección no jurisdiccional y libertad de circulación, esta

última en su manifestación de la libertad de entrar y permanecer en el territorio de la República–

y, por otra, por la exposición verosímil de circunstancias fácticas y jurídicas en las que se hace

descansar aquella, específicamente por señalar que como consecuencia de las actuaciones y

omisión impugnadas se les habría imposibilitado a los actores el retorno al país, así como se

habría omitido crear protocolos a nivel consular, diplomático o humanitario para facilitar su

regreso, situación que vuelve evidente la concurrencia del fumus boni iuris en su vertiente

positiva.

Sin embargo, es imperioso ponderar que, de conformidad con el artículo 65 de la

Constitución, la salud de los que actualmente habitan la República constituye un bien público,

por lo que el Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y

restablecimiento; en ese sentido, se advierte que las medidas adoptadas por las autoridades

demandadas –entre ellas el cierre temporal del Aeropuerto Internacional– responderían a un

interés general por prevenir la propagación del Covid-19 en el territorio nacional y conservar la

salud de todos los salvadoreños y personas que actualmente habitan en el país.

Al respecto, se advierte que el referido profesional requiere, entre otras medidas, que se

ordene al Presidente de la República modificar o dejar sin efecto el cierre del Aeropuerto

Internacional de El Salvador, así como que CEPA facilite y organice la llegada al referido

aeropuerto de vuelos desde los distintos países en que se encuentran los salvadoreños.

No obstante, el establecimiento de la referida medida precautoria en las condiciones que

ha sido requerida en la demanda, podría producir un daño considerable a los intereses públicos o

generales (salud de las personas que actualmente habitan en el país), los cuales no lograrían ser

remediados a través de otra medida reparadora por la peligrosidad que representa la pandemia

debido al Covid-19 y, por tales motivos, en el presente caso, resultan primordiales con relación a

los derechos supuestamente privados a la parte involucrada.

Y es que, si bien debe tomarse en consideración el interés particular de los salvadoreños

que viajaron en días previos, se encuentran actualmente en el extranjero y que desean retornar al

país, derivando tal interés de los derechos a la protección no jurisdiccional y libertad de

circulación que invocan, es innegable que también debe tenerse en cuenta el interés general de

conservación de la salud de toda la población salvadoreña que se encuentra en el territorio

nacional y el objetivo de las medidas adoptadas para prevenir la propagación del mencionado

virus.

Así, se debe valorar para decidir sobre la adopción de la mencionada medida precautoria –

dejar sin efecto el cierre temporal del Aeropuerto Internacional–, el posible riesgo de contagio

que podría implicar la misma, ya que es un hecho público y notorio que los países donde

actualmente se encuentran muchos de los demandantes son territorios con un nivel elevado de

casos y fallecimientos por Covid-19; además, dado que estos salvadoreños tendrían, al retornar,

que entrar en cuarentena en Centros de Contención establecidos por el Órgano Ejecutivo, se debe

considerar la capacidad instalada de los mismos, para poder acoger a los salvadoreños que

procedan del exterior, a efecto de realizar la cuarentena respectiva en condiciones adecuadas de

salubridad y acatando los protocolos de sanidad correspondientes, pues se trataría de personas

con riesgo de estar contagiados con el citado virus.

B. Ahora bien, identificados los intereses que derivan de los derechos involucrados en el

presente amparo, resulta necesario establecer el peso que se otorgará a cada uno y la regla de

ponderación que se utilizará para determinar cuál de aquellos prevalecerá en esta fase liminar; no

obstante, es necesario precisar que la ponderación de intereses que se ha de realizar no deberá

suponer un eventual sacrificio absoluto de uno de ellos en concreto, sino, más bien, la aplicación

de un criterio de concordancia entre estos, de manera que pueda garantizarse su efectividad.

En el presente caso, a efecto de pronunciarse sobre la medida cautelar en los términos

requeridos por el abogado J.M. en su demanda, se observa que –por una parte– se encuentra el

interés particular de los demandantes que están en el extranjero y que desean retornar al país por

haber salido del país –con boleto de avión de ida y vuelta– antes del cierre del aeropuerto, así

como de otros salvadoreños en esas mismas circunstancias, que se sustenta en los derechos a la

protección no jurisdiccional y libertad de circulación que alegan, y –por otra– el interés general

de la totalidad de la población que se encuentra en el territorio nacional cuyo derecho a la salud

pretende ser garantizado por el Gobierno Central en el contexto de prevención del Covid-19 por

medio de la adopción de diversas medidas gubernamentales, entre ellas, el cierre temporal del

aludido aeropuerto.

En virtud de lo expuesto en los párrafos que anteceden, y tomando en cuenta que el

artículo 246 inciso 2º Cn. dispone que “… el interés público tiene primacía sobre el interés

privado…”, se colige que en el presente caso, al ponderar in limine los intereses contrapuestos y

aplicar la citada disposición constitucional, debe primar la salud pública de la mayoría de

salvadoreños que se encuentran en el país sobre un número considerablemente menor constituido

por los nacionales que actualmente se encuentran en el extranjero, y que buscan ingresar al

territorio de la República.

No obstante, debe recalcarse que el no decretar una medida precautoria con los alcances

solicitados por el mencionado abogado, no supone un sacrificio absoluto de los intereses de los

demandantes, debido a que se adoptará una medida cautelar que concilie los intereses particulares

de los actores de entrar y permanecer en el territorio de la República con los intereses generales

de protección a la salud pública de los salvadoreños; asimismo la resolución que deniega o

establece la suspensión del acto reclamado no causa estado y podrá revocarse en cualquier estado

del proceso, siempre que la Sala lo estime procedente. Todo, de conformidad con el principio de

variabilidad o rebus sic stantibus que rige las medidas precautorias, el cual permite su adopción,

modificación o revocación, siempre y cuando se altere el estado sustancial de los datos reales

sobre los cuales la medida se adoptó o denegó.

3. En virtud de los argumentos vertidos, resulta evidente que no concurren en el presente

proceso de manera liminar los presupuestos básicos para la adopción de una medida cautelar con

todos los alcances que han sido requeridos por los interesados, específicamente del fumus boni

iuris en su vertiente negativa, razón por la cual deberán declararse sin lugar las medidas

solicitadas por el abogado J.M., consistentes en instruir al Presidente de la República que

modifique o cese la orden de cierre del Aeropuerto Internacional de El Salvador, así como que

CEPA habilite la llegada al referido aeropuerto de vuelos desde los destinos en que se encuentran

los salvadoreños.

4. Es importante reiterar que dicha denegatoria no implica que esta Sala desconozca la

trascendencia de las situaciones expuestas en la demanda y que son hechos de conocimiento

público, en especial que varios salvadoreños en virtud de las medidas adoptadas en el contexto de

prevención de la propagación del Covid-19 se han visto imposibilitados de retornar al país. En

ese sentido, resulta evidente que muchos de ellos podrían estar enfrentando situaciones adversas

de diferentes tipos en el extranjero, sin que a la fecha las autoridades demandadas hayan

establecido protocolos o medidas dentro del marco de sus competencias legales para que los

salvadoreños, en las circunstancias descritas y que así lo quisieran, pudieran regresar al país,

cumpliendo con los protocolos de salud que el Gobierno Central establezca.

Asimismo, se tiene en cuenta que, como se expone en la demanda, los D.L. 594 y 611

mediante los cuales se aprobó el régimen de excepción no prohíben el ingreso de los

salvadoreños al territorio nacional, por lo que las medidas adoptadas y/o ejecutadas por el

Presidente de la República, los titulares de CEPA, la Ministra de Relaciones Exteriores y el

Director General de Migración y Extranjería tendrían que haber incluido mecanismos que

posibilitaran el retorno de los salvadoreños que se encontraban en el exterior, pese al cierre

temporal de operaciones del Aeropuerto Internacional. Todo, se insiste, cumpliendo con los

protocolos de salud que se establezcan en relación con la pandemia aludida.

De igual manera, aunque es un hecho notorio y público que la Asamblea Legislativa

emitió el D.L. 621 que contiene las “Disposiciones Transitorias para regular el retorno de los

salvadoreños que al momento de la Declaración de Emergencia por la Pandemia Covid-19, se

encontraban fuera del país”, se advierte que el mismo aún no ha completado las fases del proceso

de formación de ley, por lo que los actos y omisión impugnados continuarían surtiendo efectos en

la esfera jurídica de los actores.

Por ende, a pesar de la denegatoria de las medidas cautelares en los términos solicitados,

resulta necesario que las autoridades demandadas realicen las acciones correspondientes –en el

presente contexto– para impedir que las presuntas afectaciones a derechos constitucionales

continúen, tomando en cuenta que las situaciones reclamadas datan desde el 17 de marzo de

2020, y que muchos de los actores y otros salvadoreños se encuentran en incertidumbre respecto

de su condición en el extranjero.

Por ello, esta Sala adoptará medidas precautorias en favor de los actores de este proceso y

de los salvadoreños que en general se han visto imposibilitados de retornar al país –en los

términos expuestos– por las medidas adoptadas en el marco de la prevención de la propagación

del Covid-19.

Y es que, se debe tener en cuenta que aún y cuando estas personas se encuentran fuera del

territorio de la República, son salvadoreños y, por ende, corresponde al Estado de El Salvador

asegurar a los mismos el goce de los derechos establecidos en la Constitución y que no se

encuentran de ninguna forma suspendidos durante el aprobado régimen de excepción.

Así, es menester emitir una medida cautelar que trascienda más allá del caso concreto, ya

que en el amparo se realiza un control concreto de constitucionalidad, al tener por objeto dar una

protección reforzada a los derechos constitucionales de las personas frente a actos u omisiones

emitidos por autoridades públicas o particulares que vulneren su ejercicio.

En ese sentido, si bien el amparo posee principalmente una dimensión de carácter

subjetivo, por lo que los efectos de una sentencia estimatoria son inter partes, ya que la

consecuencia inmediata que deriva de este pronunciamiento es la de reparar el daño ocasionado –

sentencia de 1 de septiembre de 2016, amparo 713-2015–, es innegable que los efectos de las

decisiones adoptadas por esta Sala en cualquiera de los procesos constitucionales concretos

trascienden al ámbito objetivo, puesto que para emitir un pronunciamiento que dirima la

controversia planteada en el plano subjetivo, se requiere interpretar los preceptos constitucionales

de carácter general relacionados con el supuesto planteado. Así, la dimensión objetiva del amparo

implica que los razonamientos que se expongan sobre dichas disposiciones orientan la

interpretación y aplicación de los derechos fundamentales por parte de los órganos estatales, sean

estos judiciales o administrativos.

En ese sentido, debe tomarse en cuenta la situación extraordinaria en la que se encuentran

los pretensores y el carácter excepcional de la medida aplicada, lo cual amerita una respuesta

efectiva de parte de esta Sala, incluso en la etapa inicial de este proceso constitucional, en

relación con la protección de los derechos presuntamente afectados a las personas interesadas.

5. En razón de lo anterior, el Presidente de la República –junto con el resto de

autoridades competentes– deberá elaborar con la debida urgencia un plan para la repatriación

gradual de los salvadoreños que, a la fecha, aún se encuentren en el exterior y que por motivo de

las medidas de prevención de la propagación del Covid-19 se les ha imposibilitado el regreso al

país teniendo un boleto de avión comprado con anticipación al cierre del aeropuerto. Asimismo,

deberá coordinar la ejecución del plan con cada una de las entidades estatales a quienes

corresponda de conformidad con las atribuciones que les han sido conferidas.

Es importante que en la elaboración de ese plan se tomen en cuenta como mínimo los

siguientes aspectos:

i) las medidas que se adopten deben incluir mecanismos consulares, diplomáticos o

humanitarios para aquellos salvadoreños que se encuentren en una situación de vulnerabilidad

en un país extranjero para que –al acceder a los canales correspondientes– se les brinde la

asistencia respectiva para su regreso y se les informe de las medidas sanitarias a las que estarán

obligatoriamente sometidos en el momento de ingresar al territorio salvadoreño; las solicitudes

de información o asistencia consular de los salvadoreños en el exterior, deben ser respondidas

en forma pronta, efectiva y solidaria, de acuerdo con las circunstancias, como corresponde, a las

obligaciones del Estado frente a sus ciudadanos;

ii) el Presidente de la República, juntamente con las autoridades respectivas en el área de

salud pública y demás involucradas en la prevención del Covid-19, deben tener en cuenta –en el

momento de realizar la repatriación de los salvadoreños en el exterior– la capacidad instalada

de los Centros de Contención para que los retornados, en el momento que ingresen al país,

realicen su cuarentena (si es lo que las autoridades de salud determinan procedente) para lo

cual deberán proporcionárseles las condiciones dignas y adecuadas; y

iii) dicho plan tendrá que incluir criterios objetivos a efecto de priorizar el regreso

escalonado de aquellos salvadoreños que se encuentren en una situación de mayor

vulnerabilidad o de urgente necesidad personal o respecto de terceros, por lo que debe

realizarse cuanto antes –si no se posee– un registro o base de datos de los connacionales que se

encuentren en esas circunstancias y establecer prelaciones de retorno, a manera de ejemplo: a)

los adultos mayores y de condición de salud vulnerable; b) las salvadoreñas embarazadas o en

período de lactancia; c) los padres de familia que se encuentren en el extranjero sin sus hijos,

sobre todo si estos son menores de edad y dependen de uno solo de sus padres o ambos están

fuera del país; y d) aquellas personas que las autoridades gubernamentales determinen, en la

ejecución de este plan, que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad o de urgente

necesidad de repatriación.

Aunado a ello, y ante la necesidad de procurar celeridad en la elaboración del

mencionado plan de acción para la repatriación de los salvadoreños en el extranjero con las

condiciones expuestas en la presente decisión, en virtud de los derechos fundamentales en riesgo

y de las características propias del caso, es pertinente requerir al Presidente de la República que

informe a esta Sala en el plazo de 6 días calendario, contados a partir de la notificación de la

presente resolución, sobre el cumplimiento de esta medida cautelar; es decir, deberá detallar en su

informe lo siguiente: i) el contenido del plan de acción requerido; ii) las autoridades

involucradas en la elaboración y ejecución de ese plan; y iii) los tiempos en que informará los

avances respecto de las gestiones de repatriación de los salvadoreños en situación de

vulnerabilidad o de urgente necesidad de reingreso al país mediante la elaboración, si es que no

se posee ya, de un listado de los mismos y de los criterios de prioridad ordenados en esta

resolución para su retorno.

Finalmente, es preciso aclarar, tal y como se indicó en el auto de admisión de 26 de marzo

de 2020, hábeas corpus 148-2020, que no le corresponde a esta Sala verificar las bases empíricas

de las medidas gubernamentales adoptadas frente a la pandemia del Covid-19, por lo que es

importante destacar que la población salvadoreña está obligada a cumplir con las disposiciones de

las autoridades dirigidas a prevenir o controlar la propagación de la mencionada enfermedad y las

conductas irresponsables que pongan en peligro la eficacia de ese objetivo legítimo del gobierno

pueden ser respondidas dentro del marco de la Constitución.

Por ello, corresponde al Presidente de la República, por medio del Ministro de Salud o las

autoridades correspondientes informar, evaluar y hacer efectivas –una vez haya ingresado al país

cualquier salvadoreño procedente del extranjero– las medidas preventivas de salud a las que estas

personas se encontrarán obligatoriamente sometidas: tales como cuarentena en un Centro de

Contención habilitado por el Gobierno, la cuarentena domiciliar o las que las autoridades de salud

estimen procedentes.

VII. Por otra parte, con relación a la tramitación del proceso de amparo y, en particular,

respecto a la forma en que deben realizarse los actos de comunicación procesal al Fiscal de la

Corte como sujeto interviniente en el proceso, es procedente requerirle, tal como esta Sala ha

ordenado en su jurisprudencia –verbigracia en las resoluciones de fechas 5 y 19 de julio de 2013,

amparos 195-2012 y 447-2013, respectivamente– que al contestar la audiencia que se le confiere

conforme al artículo 23 de la LPC, señale un lugar dentro de esta ciudad o un medio técnico para

recibir notificaciones; caso contrario, estas deberán efectuarse en el tablero de la Sala.

VIII. Asimismo, se advierte que en su demanda el mencionado abogado ha señalado un

lugar y un número de fax para recibir notificaciones, así como también comisionó a una persona

para tal efecto.

Ahora bien, mediante escrito posterior el citado profesional ha manifestado que, debido

las medidas de restricción emitidas por las respectivas autoridades, le es imposible movilizarse

hasta su oficina jurídica, razón por la cual consigna un correo electrónico para que en dicho

medio se efectúen los actos de comunicación. Así, pese a que no existe constancia de que el

correo del referido profesional se encuentre registrado en el Sistema de Notificación Electrónica

de la Corte Suprema de Justicia, se deberá tomar nota del medio electrónico en virtud de la

situación excepcional de los actores.

IX. Sobre la posibilidad de realizar actuaciones procesales en días y horas no hábiles, el

artículo 79 inciso 3º de la LPC prevé que: “[t]odos los días y horas serán hábiles para llevar a

cabo actos procesales de comunicación…”; asimismo, el artículo 142 del Código Procesal Civil y

Mercantil –aplicable supletoriamente a los procesos de amparo– establece que “[l]as actuaciones

procesales de los tribunales deberán llevarse a cabo en días y horas hábiles, pero [e]stos podrán

acordar, por resolución motivada y siempre que existiere urgencia en la realización del acto

procesal, habilitar días y horas inhábiles”.

Lo antedicho implica que cualquier juez o tribunal puede habilitar que se realicen

actuaciones procesales en días y horas inhábiles, siempre y cuando cumpla dos condiciones: i)

que se haga mediante una decisión justificada; y ii) que exista urgencia en la realización del acto

procesal.

Al respecto, de la interpretación sistemática del artículo 84 de las Disposiciones Generales

de Presupuestos y los arts. 32 y 33 de la Ley de la Carrera Judicial, se desprende que, salvo

excepciones acordadas por la Corte Suprema de Justicia, cuando el presupuesto así lo permita, la

jornada y horario hábil es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, restando a esto la

pausa para tomar los alimentos (Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de

septiembre de 2014, referencia 110-2012); además, se observa que de conformidad con el artículo

1 de la Ley de Asuetos, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos, estos “[g]ozarán de

licencia a título de vacaciones, durante tres períodos en el año: uno de ocho días, durante la

Semana Santa…”;

Sin embargo, en el presente caso, tal como se indicó en apartados precedentes,

constituyen hechos notorios la existencia de una crisis sanitaria mundial ocasionada por la

pandemia causada por el virus Covid-19. El caso de El Salvador no es la excepción y también se

ha visto afectado con esta pandemia, por lo que se han emitidos cuerpos normativos en los que se

establecen medidas de prevención y contención del virus, y se restringen temporalmente ciertos

derechos constitucionales.

En ese sentido, las instituciones estatales no pueden obviar las consecuencias que

conllevan tales medidas y, particularmente, la Sala de lo Constitucional en virtud de las

competencias que le han sido conferidas para la protección de los derechos fundamentales, por lo

que este máximo tribunal de justicia debe continuar desempeñando su labor y no puede paralizar

sus actividades pese a la emergencia decretada y a pesar de tratarse de un periodo vacacional.

Así las cosas, las circunstancias antedichas llevan a considerar que, por la especial

relevancia pública de los asuntos sometidos a conocimiento de esta Sala ocasionados por la

pandemia y el estado de emergencia decretado, es procedente que se habiliten todos los días

como hábiles para la realización de actos procesales en cualquiera de los procesos

constitucionales.

Lo expuesto está circunscrito de forma explícita a las razones que justifican, en el caso

concreto, que esta Sala realice una actuación procesal en día y hora inhábil; por ende, no es una

máxima jurisprudencial que se pueda extremar o distorsionar en casos futuros para desnaturalizar

el sentido y propiedades esenciales de los procesos constitucionales.

X. Asimismo, es importante aclarar que para rendir informes, así como para evacuar

audiencias o traslados durante la vigencia del régimen de excepción, las autoridades demandadas

y demás intervinientes dentro de este proceso podrán hacer uso del correo electrónico

institucional de esta Sala (sala.constitucional@oj.gob.sv) para remitir escritos, oficios y demás

documentación que estimen pertinente; todo, en atención al cumplimiento de las medidas de

emergencia dirigidas al distanciamiento social a efecto de conservar la salud de la población.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con los artículos 19,

21, 22, 23, 79 inciso 2º y 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala

RESUELVE:

1. Tiénese al abogado J.M. en calidad de procurador oficioso de los señores J.F., M.R.,

D.O. y otros.

Al respecto, pese a que el artículo 74 del Código Procesal Civil y Mercantil hace

referencia a la ratificación del nombramiento en el plazo de los 2 meses siguientes a la

comparecencia del abogado a la sede judicial, en virtud de las situaciones excepcionales ya

descritas, podría ser que ese plazo sea insuficiente para realizar dicha ratificación, por lo que

deberá entenderse que esta podrá tener lugar durante el transcurso de este proceso mientras las

medidas de excepción y cuarentena domiciliar tengan vigencia, y que podrá efectuarla cualquiera

de los aparentes representados que invoquen el interés colectivo.

2. Admítese la demanda firmada por el referido profesional contra las siguientes

actuaciones: i) la instrucción de 17 de marzo de 2020 emitida por el Presidente de la República de

cerrar el Aeropuerto Internacional de El Salvador “San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez”;

únicamente en lo que respecta a su efecto de impedir el ingreso por vía aérea de salvadoreños

provenientes del exterior; ii) la clausura de las pistas de ese aeropuerto para vuelos comerciales

de pasajeros por parte de los titulares de la CEPA (que de conformidad con el artículo 7 de la Ley

Orgánica de la CEPA es su Junta Directiva), también, únicamente, en relación con el ingreso de

salvadoreños provenientes del extranjero; iii) la omisión de la Ministra de Relaciones Exteriores

de garantizar el retorno de los demandantes –pese a las gestiones que alegan haber efectuado–,

así como de otros salvadoreños que se encuentran fuera del país temporalmente; y iv) el cierre de

atenciones a pasajeros salvadoreños que desean retornar al país provenientes del extranjero en el

Aeropuerto por parte del Director General de Migración y Extranjería. Dichos actos y omisión

habrían vulnerado los derechos a la libertad de circulación –en su manifestación de la libertad de

entrar y permanecer en el territorio de la República– y a la protección no jurisdiccional de los

demandantes.

Tal admisión se debe a que, por una parte, con las medidas adoptadas por el Presidente de

la República, los titulares de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y el Director General de

Migración y Extranjería se habría imposibilitado el regreso de los actores al país, así como el de

otros salvadoreños que en el momento en que se ordenó el cierre de funciones del Aeropuerto

Internacional se encontraban en el extranjero, quienes habrían adquirido –desde antes de su salida

del país– boleto aéreo con fecha de retorno posterior a dicho cierre. Ello, pese a que en los D.L.

594 y 611, mediante los cuales se aprobó el régimen de excepción, no se establecía ningún tipo

de restricción al ingreso de los salvadoreños al territorio nacional.

Asimismo, se admite contra la Ministra de Relaciones Exteriores por la supuesta omisión

de crear los protocolos diplomáticos, consulares o humanitarios para posibilitar la repatriación de

los salvadoreños que se encontraban en el extranjero en el momento que se ordenó el cierre del

Aeropuerto Internacional, en los términos acotados en el párrafo anterior, pues –según se narra en

la demanda– varios connacionales estarían en una situación de vulnerabilidad en los países en los

que se encuentran y, pese a haber requerido su repatriación, aparentemente esta les fue negada o

no recibieron respuesta a la misma.

3. Decláranse sin lugar las medidas precautorias solicitadas por el abogado J.M.

consistentes en instruir al Presidente de la República que modifique o cese la orden de cierre del

Aeropuerto Internacional de El Salvador, así como que la Comisión Ejecutiva Portuaria

Autónoma habilite la llegada al referido aeropuerto de vuelos desde los destinos en que se

encuentran los salvadoreños, por las razones expuestas en el considerando VI de la presente

resolución.

4. Adóptase medida precautoria en este amparo, en consecuencia, el Presidente de la

República –junto con el resto de autoridades competentes– deberá elaborar con la debida

urgencia un plan para la repatriación gradual de los salvadoreños que, a la fecha, aún se

encuentren en el exterior y que por motivo de las medidas de prevención de la propagación del

Covid-19 se les ha imposibilitado el regreso al país teniendo un boleto de avión comprado con

anticipación al cierre del aeropuerto. Asimismo, deberá coordinar la ejecución de aquel con

cada una de las entidades estatales a quienes corresponda de conformidad con las atribuciones

que les han sido conferidas.