Sentencia Nº 301-2008 de Sala de lo Contencioso Administrativo, 28-01-2019

Sentencia

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Sentido del fallo	DECLARATORIA DE ILEGALIDAD
Emisor	Sala de lo Contencioso Administrativo
Fecha	28 Enero 2019
Materia	ADMINISTRATIVO
Número de sentencia	301-2008

301-2008

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA: San Salvador, a las quince horas diez minutos del veintiocho de enero de dos mil

diecinueve.

El presente proceso contencioso administrativo ha sido promovido por BANCO HSBC

SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA, que se denomina indistintamente como BANCO

HSBC, SOCIEDAD ANÓNIMA, BANCO SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA,

BANCOSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA y que se abrevia BANCO HSBC SALVADOREÑO,

S.A., BANCO HSBC, S.A., BANCO SALVADOREÑO, S.A. o BANCOSAL S.A., ahora

BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA, que se denomina también

como BANCO DAVIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA o BANCO SALVADOREÑO,

SOCIEDAD ANÓNIMA y que se abrevia BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. o

BANCO DAVIVIENDA S.A. o BANCO SALVADOREÑO, S.A. o BANCOSAL, S.A., por

medio de sus apoderados generales judiciales, licenciados Ricardo Antonio Mena Guerra, Henry

Salvador Orellana Sánchez y José Adán Lemus Valle, contra el Alcalde y el Concejo Municipal

de El Rosario, departamento de La Paz, por la supuesta ilegalidad de los siguientes actos

administrativos:

a) Emitidos por el Alcalde Municipal de la ciudad de El Rosario, departamento de La Paz

consistentes en (i) la Resolución N° DM 013/08 del diecinueve de febrero de dos mil ocho,

mediante la cual se aperturó cuenta tributaria a nombre de la demandante, se le impuso multa

contravencional por la cantidad de un mil ciento cuarenta y dos dólares con ochenta y seis

centavos de dólar ($1,142.86) equivalentes a diez mil colones con tres centavos de colón

(¢10,000.03), se concedió a banco HSBC S.A. prórroga perentoria por el plazo de quince días

hábiles para que presentara a la Administración Tributaria la documentación requerida en

resolución realizada el diecisiete de enero del mismo año y se previno a la demandante que en

caso de no presentar la documentación requerida se procedería a determinar de oficio la

obligación tributaria municipal; e, (ii) Resolución N° DM 080/08, del dos de junio de dos mil

ocho mediante la que se calificó a la demandante como sujeto pasivo del pago de impuestos

municipales en el Municipio de Ciudad El Rosario; se determinó de oficio la obligación tributaria

a Banco HSBC S.A. por los períodos tributarios del año dos mil cuatro al año dos mil siete; no se

aplicaron intereses moratorios ni multas contravencionales al crédito tributario; se ordenó al

Departamento de Cuentas Corrientes de dicha Municipalidad que elaborara el estado de cuentas y

el mandamiento de ingreso correspondiente, y se ordenó hacer del conocimiento de la

demandante que contra dicha resolución procedía el Recurso de Apelación.

b) Emitidos por el Concejo Municipal de Ciudad El Rosario, departamento de la Paz

consistentes en (i) el Acuerdo N° Diecisiete (sic), Acta N° Doce, tomado en Sesión Ordinaria del

día veinte de mayo del presente año, en el cual se resolvió declarar inadmisible por extemporáneo

el escrito presentado por Banco HSBC S.A. y dejar en firme la resolución administrativa N° DM

013/08; e (ii) el Acuerdo N° tres, Acta N° Dieciséis, tomado en Sesión Ordinaria del día dos de

julio del ario en curso, en que se resolvió dejar en firme la resolución N° DM 080/80 y dar por

agotada la vía administrativa.

Han intervenido en el proceso: la parte actora, en la forma indicada; el Alcalde y el

Concejo Municipal de El Rosario, departamento de La Paz, como autoridades demandadas, por

medio del apoderado general judicial, licenciado Juan Carlos Hernández Sibrían y la apoderada

general judicial y administrativa del referido Concejo, licenciada Ofelia Concepción Hernández

Ramírez; y, el Fiscal General de la República, por medio de las agentes auxiliares, licenciadas

Carmen Aída Flores Martínez y Ana Roxana Campos de Ponce.

LEÍDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO:

I. El veintiuno de enero de dos mil ocho, la Alcaldía Municipal de El Rosario le notificó

al banco demandante, bajo el título de notificación única, la imputación que (i) posee activos, con

base a información del Centro Nacional de Registros, dentro de la circunscripción de la referida

alcaldía; (ii) el incumplimiento de las obligaciones contenidas en los ordinales 1º, 2º y 5º del

artículo 90 de la Ley General Tributaria Municipal (en lo sucesivo LGTM) y del artículo 25 de la

Ley de Impuestos Municipales de El Rosario; (iii) se le concedió el plazo de quince días para

presentar documentos como balances de activos invertidos y/o localizados en El Rosario para los

ejercicios tributarios comprendidos de dos mil tres al dos mil seis, (iv) que no se le aplicaba la

definición contenida en el artículo 22 de la Ley de Bancos; y, (v) se le previno que de no cumplir

con la presentación de la información requerida, se configuraría la contravención de la obligación

de informar y su consecuente sanción hasta de un mil ciento cuarenta y dos dólares con ochenta y

seis centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($1,142. 86).

Luego, por medio de la resolución DM 013/08, del diecinueve de febrero de dos mil ocho,

el Alcalde Municipal de El Rosario resolvió (i) “aperturar” y adicionar en la cuenta tributaria a

nombre de la sociedad demandante, la cantidad de un mil ciento cuarenta y dos dólares con

ochenta y seis centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($1,142. 86), por haberse

configurado la infracción descrita supra, de conformidad con el artículo 67 de la LGTM; (ii)

conceder al banco, de conformidad con el artículo 106 de la LGTM, una prórroga de quince días

para presentar la aludida documentación requerida; y, (iii) prevenir a la demandante que de no

cumplir con la información requerida, se procedería a determinar de oficio la obligación

tributaria.

Posteriormente, el Concejo Municipal de El Rosario notificó el acta doce a la

demandante, donde consta el acuerdo diecisiete tomado en la sesión ordinaria celebrada el veinte

de mayo de dos mil ocho y que acordó declarar inadmisible por extemporáneo e improcedente un

escrito presentado por la actora y, por ende, dejó en firme la resolución DM 013/08. No obstante

que el Concejo interpretó la impugnación de la resolución aludida, manifiesta la actora que no

interpuso algún recurso contra ella.

El cuatro de junio de dos mil ocho, le fue notificada a la parte actora la resolución

administrativa DM 080/80 emitida, el dos de junio de dos mil ocho, por el Alcalde Municipal de

El Rosario que argumentó (i) que el banco demandante no cumplió con la notificación única y,

por ende y de conformidad con el artículo 106 de la LGTM, le caducó el derecho de aportación

de pruebas; y, (ii) que conforme a información que lleva la alcaldía, el banco demandante posee

bienes inmuebles en la municipalidad de El Rosario con un precio no menor a los cuatrocientos

mil dólares de los Estados Unidos ($400,000.00).

A partir de las anteriores argumentaciones, el referido alcalde resolvió en el mismo acto

(i) calificar al banco como obligado al pago de impuestos municipales; (ii) determinó de oficio el

pago de la deuda tributaria con base en los activos, que posee la demandada, por una cantidad

total de un millón seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (1,600,000.00),

correspondientes a los ejercicios tributarios comprendidos de dos mil cuatro a dos mil siete; (iii)

no aplicar intereses moratorios ni multas sobre créditos tributarios; (iv) ordenó al Departamento

de Cuentas Corrientes de la misma alcaldía elaborar el estado de cuentas y el respectivo

mandamiento de ingreso

También el cuatro de julio de dos mil ocho, la Administración Tributaria Municipal

notificó tanto el (i) estado de cuenta donde consta que la obligación tributaria asciende a la

cantidad de once mil ochocientos setenta y dos dólares con noventa y siete centavos de dólar de

los Estados Unidos de América ($11,872.97), como (ii) una nueva notificación única por medio

de la que se hizo saber el referido monto de la deuda tributaria, la concesión del plazo de treinta

días para el pago y la prevención que por la ausencia del pago se procedería al cobro judicial.

Inconforme la demandante con la aludida resolución DM 080/08, interpuso el recurso de

apelación y, previo el procedimiento descrito en el artículo 123 de la LGTM, el Concejo

demandado notificó, el once de julio de dos mil ocho, el acuerdo tres -contenido en el acta

dieciséis- tomado en la sesión ordinaria de las ocho horas del dos de julio de dos mil ocho,

mediante el cual se resolvió el recurso interpuesto en el sentido de (i) dejar en firme la resolución

recurrida; (ii) dar por agotada la vía administrativa y la procedencia de la acción contencioso

administrativa; y, (iii) la vigencia de la notificación única del dos de junio de dos mil ocho para el

cumplimiento del pago de la obligación tributaria municipal.

II.La sociedad actora señala como vicios de ilegalidad, la violación de los derechos al

debido proceso, defensa, seguridad jurídica, inocencia y legalidad.

III. Por auto de las quince horas cuarenta minutos del veintisiete de octubre de dos mil

ocho (folios 42 y 43) y de conformidad con el artículo 15 de la Ley de la Jurisdicción

Contencioso Administrativa emitida mediante Decreto Legislativo número ochenta y uno, del

catorce de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, publicado en el Diario Oficial número

doscientos treinta y seis, Tomo número doscientos sesenta y uno, de fecha diecinueve de

diciembre de mil novecientos setenta y ocho, en adelante LJCA, ordenamiento derogado pero

aplicable al presente caso en virtud del artículo 124 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa vigente, se admitió la demanda, se tuvo por parte a BANCO HSBC

SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA, por medio de su apoderado general judicial,

licenciado Ricardo Antonio Mena Guerra.

En el auto relacionado, se requirió de las autoridades demandadas, conforme el artículo 20

de la LJCA, que informaran sobre la existencia de los actos administrativosque se les atribuyen,

remitir los expedientes administrativosy se declaró sin lugar la suspensión provisional de la

ejecución de los efectos de los actos administrativos impugnados.

En el auto de las quince horas quince minutos del veintiocho de enero de dos mil nueve

(folio 47), además de requerir de las autoridades demandadas el informe que exige el artículo 24

de la LJCA y de ordenar notificar la existencia de este proceso al Fiscal General de la República,

se requirió -por segunda vez de las autoridades demandadas- los expedientes administrativos.

No obstante que las autoridades demandadas rindieran el informe justificativo

extemporáneamente, manifestaron por medio del escrito suscrito por el señor Roberto Elmer

Carmona Rivas, en calidad tanto de Alcalde Municipal depositario como representante del

Concejo demandado (folios 90 al 113), que la sociedad demandante, respecto del acto impugnado

No. DM 013/18 del diecinueve de febrero de dos mil ocho, no interpuso el recurso de apelación

dentro del plazo señalado en el artículo 123 de la LGTM y, por ende, solicita que «se declare

inadmisible por improcedente la demanda contra la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No.

013708 (…)».

Así también considera que la pretensión contencioso administrativa interpuesta contra el

acuerdo número diecisiete, tomado en sesión ordinaria del veinte de mayo de dos mil ocho, según

consta en el acta número doce, pronunciada por el Concejo Municipal de El Rosario, es

extemporánea por haberse interpuesto fuera del plazo regulado en el artículo 11 de la LJCA.

Respecto a la resolución No. DM 080/08, considera la Administración Tributaria

Municipal demandada que está apegada a derecho porque, en primer lugar, fue una consecuencia

del incumplimiento a lo requerido en la resolución DM No. 13/08 y, en segundo lugar, porque la

base imponible para la determinación de la obligación tributaria fue establecida con base en el

activo extraordinario que la demandante publicó en su página www.hsbc.com.sv a la fecha de la

emisión de la resolución No. DM 080/08, consistente en una bodega de tres mil trescientos

ochenta y nueve punto treinta y seis metros cuadrados de construcción y cuarenta y seis mil

trescientos sesenta y seis punto setenta y dos varas cuadradas, ubicada en el kilómetro treinta y

ocho y medio de la antigua calle a Zacatecoluca, aproximadamente a cuatrocientos metros de la

Arrocera San Francisco, Rosario de La Paz.

Por último, las autoridades demandadas justifican la legalidad del acuerdo número tres,

tomado en sesión ordinaria del dos de julio de dos mil ocho, según consta en el acta número

dieciséis pronunciado por el Concejo Municipal de El Rosario pues, primero afirman que se ha

cumplido con el procedimiento de determinación de los tributos municipales porque, la

demandante «esta (sic) fuera de orden» al pretender que se le notifique del auto de designación

para el inicio del procedimiento administrativo; segundo, afirman haber cumplido con el

procedimiento regulado en el artículo 82 de la LGTM, ya que del contenido de la Notificación

Única del diecisiete de enero de dos mil ocho se comprueba que se le hizo saber del informe de

auditoría.

Por medio del auto de las catorce horas ocho minutos del catorce de febrero de dos mil

trece (folios 119 y 120), se abrió a prueba el presente proceso de conformidad con el artículo 26

de la LJCA yse dio intervención al licenciado Henry Salvador Orellana Sánchez como apoderado

general judicial de la sociedad demandante, y en sustitución del abogado Ricardo Antonio Mena

Guerra;

También en el referido auto, se ordenó, conforme los artículos 16 y 17 de la LJCA, la

suspensión provisional de la ejecución de los efectos de los actos administrativos impugnados, en

el sentido que la Administración Tributaria Municipal no podría exigir del banco demandante el

pago de la deuda tributaria y tampoco se tendría como insolvente tributario; y, se ordenó dar

intervención a la licenciada Carmen Aida Flores Martínez como agente auxiliar delegada del

Fiscal General de la República.

Ninguna de las partes procesales hizo uso del plazo probatorio.

Finalmente, se corrieron los traslados que ordena el artículo 28 de la LJCA, con

los siguientes resultados.

a) La sociedad demandante, por medio del escrito de folios 214 al 216, reiteró lo expuesto

en la demanda.

b) Las autoridades demandadas no presentaron sus alegatos finales.

c) El Fiscal General de la República, por medio dela agente auxiliar, licenciadaAna

Roxana Campos de Ponce, luego de hacer una descripción sucinta de la demanda y del desarrollo

del proceso, análisis de principios y derechos constitucionales, y trascripción del artículos 82 de

la LGTM, concluye «(…)que es de la opinión que el acto administrativo (sic) que se pretende

impugnar en el presente Juicio, ES ILEGAL»

IV. Esta Sala considera que, conforme lo resuelto en el número ocho de la parte resolutiva

del auto de las catorce horas ocho minutos del catorce de febrero de dos mil trece (folios 119 y

120) y previo a analizar los concretos argumentos de ilegalidad deducidos por la parte actora, es

necesario pronunciarse sobre la petición hecha por las autoridades demandadas en el escrito de

folios 90 al 113.

A. Para la válida impugnación contencioso administrativa se debe cumplir con requisitos

de procesabilidad e idoneidad material de las pretensiones, cuyo examen se realiza de forma

liminar pero, también y de conformidad con el artículo 15 de la LJCA, aún después de su

admisión [in persequendi litis].

Dos de los presupuestos procesales son el agotamiento de la vía administrativa y el

ejercicio oportuno de la acción.

i. En cuanto al presupuesto del agotamiento de la vía administrativa, el artículo 7 letra a)

de la LJCA dispone: «Se entiende que está agotada la vía administrativa, cuando se ha hecho

uso en tiempo y forma de los recursos pertinentes y cuando la ley lo disponga expresamente».

Son tres formas por las que se puede satisfacer este requisito:

1. Cuando la ley lo dispone expresamente, lo cual significa que es potestad del legislador

establecer que el procedimiento administrativo se agota con la emisión de determinado acto.

2. Cuando el agotamiento tiene lugar por haberse utilizado los recursos administrativos

pertinentes. En este supuesto, es necesario que el tribunal examine, a partir de los elementos

fácticos y jurídicos ofrecidos por el actor y de la normativa aplicable, no sólo que el administrado

hubiera hecho uso de los recursos administrativos que para el caso prevé la ley de la materia, sino

también, y sobre todo, que tales recursos hubieran sido utilizados en tiempo y forma.

3. Cuando, para determinado acto, la ley de la materia no prevea recurso alguno.

Precisamente, si un recurso administrativo de alzada determinado en la ley no fue

interpuesto contra el acto del cual se alega agravio, o dicho recurso fue presentado fuera del

plazo, debe estimarse que la demanda no cumple el requisito de agotamiento.

Esto se debe a que, aun cuando los recursos administrativos han sido instituidos en

beneficio del administrado y, por consiguiente, las reglas que regulan su funcionamiento han de

ser interpretadas en forma tal que faciliten su aplicación, éstos no pueden ser tenidos como una

herramienta procesal a disposición del libre arbitrio de las partes.

Fundamentalmente, es el principio de seguridad jurídica el que exige que los recursos

sean utilizados con plena observancia de la normativa que los regula, esto es, con la interposición

de los recursos reglados en la ley y en respeto de los requisitos de forma y plazo.

ii. De conformidad con los artículos 11 letra a) y 47 de la LJCA, el plazo para interponer

la demanda en esta sede es de sesenta días hábiles contados desde el día siguiente al de la

notificación del acto que causa agravio al administrado y que agota la vía administrativa. Si la

demanda se interpone fuera del plazo indicado, deberá declararse inadmisible, con base en el

artículo 15 de la precitada ley.

Conforme a lo expuesto y lo señalado por la parte demandada, esta Sala hace las

siguientes consideraciones.

B. En primer lugar, la Administración Tributaria Municipal alega que la impugnación de

la resolución No. DM 013/08, que impuso a la demandante una multa contravencional por la

cantidad de un mil ciento cuarenta y dos dólares con ochenta y seis centavos de dólar de los

Estados Unidos de América ($1,142.86), es inadmisible porque el recurso administrativo de

apelación interpuesto contra la referida resolución fue extemporáneo de conformidad con el plazo

regulado en el artículo 123 de la LGTM.

Respecto a los señalamientos de la autoridad demandada, esta Sala puntualiza lo

siguiente.

i. Dela certificación del expediente administrativo remitido por las autoridades

demandadas se extrae que el veintiuno de enero de dos mil ocho, el Alcalde Municipal

demandado requirió de la demandante presentara la documentación detallada en la notificación

única del diecisiete de enero de dos mil ocho agregada a folio 87.

La sociedad actora no cumplió con el referido requerimiento y, en consecuencia,, el

Alcalde Municipal de El Rosario decidió«APERTURAR (sic) cuenta tributaria a nombre de la

Sociedad (sic) denominada BANCO HSBC S.A. y adicionar a la misma la cantidad de $1,142.86

(Un mil ciento cuarenta y dos dólares con 86/100) por concepto de Multa Contravencional de

conformidad a lo establecido en el Art. 67 de la Ley General Tributaria Municipal» (folio 86).

La sociedad demandante, inconforme con la imposición de la multa

contravencional,presentó un escrito ante el Alcalde Municipal de El Rosario, departamento de La

Paz (folio 84 y 85), el veinticinco de junio de dos mil diez, dondele solicitó a la Administración

Tributaria Municipal: «(…) revoque la imposición de multa por infracción al artículo 67 Ord. 1º

LGTM y se desista de la probable determinación de oficio».

El aludido Alcalde, de conformidad con el artículo 123 de la LGTM, encauzó de forma

garantista el referido medio de impugnación y, por ende, tramitó la referida impugnación de la

multa bajo la forma de un recurso de apelación.

De ahí que el Concejo Municipal de El Rosario, en conocimiento de la apelación de la

referida multa y en sesión ordinaria celebrada a las ocho horas del veinte de mayo de dos mil

ocho, que consta en el acta número doce del libro de actas y acuerdos municipales de ese

Concejo, por medio del acuerdo diecisiete resolvió «DECLARAR INADMISIBLE por

extemporáneo e improcedente el Escrito Presentado (sic)» y relacionado supra (folio 36),

acuerdo que fue notificado a la actora el cuatro de junio de dos mil ocho.

Posteriormente, por medio de la resolución número DM. 080/08 del dos de junio de dos

mil ocho (folio 81), conjuntamente con la Notificación Única de la misma fecha (folio 82), el

Alcalde demandado determinó el monto del tributo a pagar y, por medio de la referida

Notificación Única, incluyó -dentro del monto de la obligación tributaria- la cuantía de la multa

contravencional que ya había sido establecida en la aludida resolución número DM. 013/08.

El banco demandante, inconforme tanto con la resolución DM. 080/08 como con la

Notificación Única del dos de junio de dos mil ocho, interpuso, el dieciséis de junio de dos mil

ocho,el recurso de apelación a que hace referencia el artículo 123 de la LGTM, tanto en contra

del tributo como, por segunda vez, de la multa determinada en la referida resolución DM. 013/08.

El Concejo Municipal de El Rosario -por medio del acuerdo número tres tomado en

sesión ordinaria de las ocho horas del dos de julio de dos mil ocho, según se hace constar en el

acta número dieciséis del libro de actas y acuerdos municipales llevados por la referida

municipalidad- resolvió pronunciarse sobre el recurso interpuesto únicamente respecto de la

resolución número DM. 080/80, pues la resolución DM 013/08 que contenía la multa

contravencional quedó firme por medio del aludido acuerdo número diecisiete, contenido en el

acta número doce de la sesión ordinaria celebrada por el mencionado Concejo a las ocho horas

del veinte de mayo de dos mil ocho.

ii. La demandante impugna ante esta Sala la multa contravencional contenida en la

resolución No. DM 013/08, del diecinueve de febrero de dos mil ocho agregada a folio 86.

Al respecto, esta Sala entiende que el acto administrativo de gravamen determinado en la

resolución No. DM 013/08, del diecinueve de febrero de dos mil ocho agregada a folio 86,

corresponde a un acto definitivo sancionador que, conforme con el artículo 123 de la LGTM,

debe impugnarse ante el Concejo Municipal en recurso de apelación para que, de conformidad

con el artículo 124 de la misma ley, se tenga por agotada la vía administrativa.

Ese recurso de apelación debe interponerse dentro del plazo de tres días ante el

funcionario que emitió el acto de gravamen (artículo 123 inciso 1º de la LGTM).

De ahí que para entender eficazmente agotada la vía administrativa para los actos

sancionadores constitutivos de multa contravencional tipificada en el artículo 67 de la LGTM, el

agraviado deberá de interponer el recurso administrativo de apelación regulado en el mencionado

artículo 123, dentro del plazo de tres días hábiles para habilitar eficazmente la jurisdicción

contencioso administrativa.

En el sub judice, de la actuación de la sociedad actora en sede administrativa se advierte

que la Administración determinó, por medio de la aludida resolución No. DM 013/08, del

diecinueve de febrero de dos mil ocho, una multa que fue notificada el veintiuno de febrero de

dos mil ocho (folio 86); por lo que, conforme con el artículo123 inciso 1º de la LGTM, la

demandante tuvo hasta el veinticinco de febrero del mismo año para apelar en tiempo de la multa;

no obstante, la actora lo hizo hasta el tres de marzo de dos mil ocho.

De ahí que, ante la evidente extemporaneidad, el Concejo Municipal, por medio del

segundo acto impugnado (Acuerdo diecisiete, acta doce, tomado en sesión ordinaria del veinte de

mayo de dos mil ocho) resolvió declarar inadmisible por extemporáneo el escrito presentado por

el banco demandante y dejar en firme la resolución administrativa DM 013/08.

En consecuencia, esta Sala debe declarar inadmisible in persequendi litis la demanda

interpuesta por la demandante contra la resolución número DM 013/08, del diecinueve de febrero

de dos mil ocho, en lo que respecta a la imposición de la multa contravencional, y su consecuente

apertura de cuenta tributaria a nombre de la demandante por la cantidad de un mil ciento cuarenta

y dos dólares con ochenta y seis centavos de dólar de los Estados Unidos de América

($1,142.86).

C.Por otra parte, la demandada ha alegado también la extemporaneidad de la interposición

de la demanda contencioso administrativa contra el impugnado acuerdo emitido por el Concejo

Municipal de El Rosario, departamento de La Paz, número diecisiete, contenido en el acta doce,

tomado en sesión ordinaria del veinte de mayo de dos mil ocho, que resolvió declarar inadmisible

por extemporáneo el escrito de apelación presentado por el banco demandante contra la referida

resolución administrativa DM 013/08 que la sancionó con la aludida multa contravencional.

De la certificación del expediente administrativo se extrae que el Concejo Municipal

notificó,a la demandante, el cuatro de junio de dos mil ocho, del referido acuerdo número

diecisiete, contenido en el Acta doce, tomado en sesión ordinaria del veinte de mayo de dos mil

ocho (folio 36).

Debe señalarse que la demanda contencioso administrativa interpuesta contra el

impugnado acuerdo emitido por el Concejo Municipal de El Rosario, departamento de La Paz,

número diecisiete, contenido en el acta doce, tomado en sesión ordinaria del veinte de mayo de

dos mil ocho, fue interpuesta extemporáneamente, conforme lo regulado en el artículo 11 letra a)

de la LJCA, pues el plazo para su legal interposición venció el dos de septiembre de dos mil

ocho; sin embargo ésta fue interpuesta en fecha veintinueve de septiembre de dos mil ocho (folio

30 vuelto).

En consecuencia se debe declarar in persequendi litis, de conformidad con el referido

artículo 15 de la LJCA, la inadmisibilidad de la demanda interpuesta contra el mencionado acto

administrativo.

D. También las autoridades demandadas han solicitado (en el referido escrito de folios 90

al 113) la inadmisibilidad de: a)la resolución número DM 080/08, del dos de junio de dos mil

ocho, mediante la cual se calificó a la demandante como sujeto pasivo del pago de impuestos

municipales, se determinó una obligación tributaria sin cuantificación por los períodos tributarios

comprendidos de dos mil cuatro al dos mil siete, no se aplicaron intereses moratorios ni multas

contravencionales al crédito tributario, se ordenó al Departamento de Cuentas Corrientes de la

referida municipalidad que elabore el estado de cuentas y el mandamiento de ingreso

correspondiente, y se ordenó hacer del conocimiento de la demandante que contra dicha

resolución procedía el recurso de apelación; y, b) el acuerdo número tres, acta dieciséis, tomado

en sesión ordinaria del dos de julio de dos mil ocho, que resolvió dejar en firme la aludida

resolución DM 080/08 y dar por agotada la vía administrativa.

Al respecto esta Sala considera que las argumentaciones hechas por las autoridades

demandadas responden a cuestiones de la legalidad de esos actos administrativos (legalidad del

procedimiento de determinación oficiosa y de apelación) y no al incumplimiento de requisitos de

procesabilidad o idoneidad material de las pretensiones, por lo que debe rechazarse la petición de

inadmisibilidad contra los descritos actos y deberá conocerse del fondo de las argumentaciones

de legalidad expuestas por las autoridades demandadas.

V. Precisadas las incidencias del presente proceso, corresponde a esta Sala emitir el

pronunciamiento respectivo sobre el fondo de la controversia.

La parte actora alega que los actos administrativos impugnados son ilegales porque (A)

tanto para la fiscalización como para la determinación oficiosa de la obligación tributaria no se

cumplió con el procedimiento previo establecido en los artículos 82, 106 y 123 de la LGTM y, en

consecuencia, le atribuye la violación de sus derechos de defensa y debido proceso y principio de

legalidad; y, (B) considera que las facultades ejercidas por la Administración Tributaria

Municipal para la determinación oficiosa de los tributos ha prescrito, conforme lo regulado en

los artículos 107 de la LGTM.

Ante las alegaciones formuladas por la demandante y teniendo a la vista el expediente

administrativo, cabe hacer las siguientes consideraciones.

A. En virtud de la controversia planteada, es preciso delimitar cuál es el procedimiento

que el legislador ha establecido para la determinación oficiosa de los tributos municipales y, de

ahí, contraponerlo con el procedimiento seguido por las autoridades demandadas para considerar

si se ha vulnerado, sobre todo, el derecho de defensa, con trascendencia en el patrimonio de la

demandante.

De conformidad con los artículos 72, 76, 81 y 82 de la LGTM, la Administración

Tributaria Municipal posee como funciones básicas la “determinación, aplicación, verificación,

control y recaudación de los tributos municipales”.

Así, la Administración local posee la facultad de determinar la obligación tributaria

municipal. Sin embargo, el ejercicio de dicha facultad está sujeto, formalmente, a los

procedimientos establecidos en el Capítulo III de la LGTM, denominado «DEL

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO MUNICIPAL» (artículos 92 al 123), cuya

sección segunda regula el especial procedimiento para determinar la obligación tributaria aludida.

El artículo 105 de la LGTM establece que la Administración Tributaria Municipal

procederá a determinar de oficio la obligación tributaria, en tanto no prescriba la facultad

correspondiente.

Consecuentemente, el artículo 106 de la LGTM establece el procedimiento para la

determinación de oficio de la obligación tributaria municipal.

Al respecto, es importante aclarar que, a partir del diseño dispuesto por la misma LGTM,

la determinación oficiosa de la obligación tributaria municipal se ejerce por medio de un

procedimiento administrativo compuesto por dos fases: fiscalización y determinación oficiosa del

tributo municipal.

La fase de fiscalización inicia con la notificación del auto de designación de auditor y

concluye con la emisión del correspondiente informe de auditoría. El auto de designación aludido

constituye la orden de control, inspección, verificación e investigación, firmada por el

funcionario competente, en el que se indica, entre otras cosas, la identidad del sujeto pasivo, los

períodos o ejercicios, impuestos y obligaciones a controlar, verificar, inspeccionar e investigar,

así como el nombre del auditor o auditores que realizarán ese cometido. Esta fase se encuentra

delimitada de forma expresa en el artículo 82 inciso 1° de la LGTM.

Luego de concluida dicha fase, inicia la determinación oficiosa del tributo municipal

propiamente dicha, o como la misma LGTM lo denomina: el «procedimiento para la

determinación de oficio».

Esta fase da inicio con la notificación del informe de auditoría -cuya emisión dio por

concluida la fase de fiscalización- y finaliza con la resolución de la Administración Tributaria

Municipal que determine la obligación tributaria. Esta fase se encuentra delimitada de forma

expresa en el artículo 106 de la LGTM, la cual puede resumirse de la siguiente forma: (a) La

Municipalidad deberá notificar y transcribir al administrado todas las observaciones o cargos que

tuviere en su contra, incluyendo las infracciones que se le imputen. (b) El contribuyente o

responsable deberá formular y fundamentar sus descargos, dentro del plazo señalado –quince

días-, y cumplir con los requerimientos que se le hicieren. En esta etapa tiene derecho a ofrecer

pruebas con el objeto de probar sus argumentos. (c) El procedimiento se abrirá a prueba por el

término de quince días, en el caso que lo solicite el contribuyente de forma expresa. Sin embargo,

la Administración Tributaria Municipal podrá de oficio o a petición de parte, ordenar la práctica

de otras diligencias dentro del plazo que estime apropiado. (d) En el caso que el contribuyente o

responsable no formule ni fundamente sus descargos, le caducará dicha facultad. (e) Con toda la

documentación e información recopilada, la Administración Municipal deberá –en un plazo de

quince días- determinar la obligación tributaria, de acuerdo a los supuestos comprobados durante

el procedimiento.

Es importante señalar que el artículo 82 inciso 1° de la LGTM establece que el informe de

auditoría «deberá ser debidamente notificado al sujeto pasivo y servirá de base para iniciar el

procedimiento establecido en el artículo 106 de la presente Ley».

En consecuencia, la fase de determinación oficiosa del tributo municipal o

«procedimiento para la determinación de oficio», como lo denomina el artículo 106 de la LGTM,

constituye una etapa contradictoria, la cual implica la configuración de un procedimiento de

audiencia y apertura a pruebas; es decir, de un conjunto de actos de participación procesal y

alegación que permitan al sujeto pasivo ejercer su derecho de defensa contra las cargas tributarias

y objeciones planteadas en el informe de auditoría que le fue notificado y que dio inicio con la

determinación de oficio propiamente tal.

ii. Establecidas las anteriores premisas normativas, esta Sala considera necesario analizar

las actuaciones acaecidas en sede administrativa.

a) La Administración Tributaria Municipal inició un procedimiento por medio dela

notificación única del diecisiete de enero de dos mil ocho (folio 87) mediante la cual se le hace

saber (el veintiuno de enero del mismo año) a la demandante, entre otros, que se le imputan según

información proporcionada por el Centro Nacional de Registros, la propiedad de activos (sin

detalles sobre su identidad) ubicados en el territorio de El Rosario; el incumplimiento de las

obligaciones establecidas en los ordinales 1º, 2º y 5º del artículo 90 de la LGTM y, además, el

incumplimiento de la obligación establecida en el artículo 25 de la Ley de Impuestos Municipales

de El Rosario emitida mediante Decreto Legislativo número doscientos cuarenta del doce de

enero de mil novecientos noventa y cinco, publicado en el Diario Oficial número treinta y dos,

Tomo número trescientos veintiséis, del quince de febrero de mil novecientos noventa y cinco, en

adelante LIMER, ordenamiento derogado por el Decreto Legislativo número ochocientos dos, del

diez de octubre de dos mil diecisiete, publicado en el Diario Oficial número doscientos tres, tomo

cuatrocientos diecisiete, el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete.

Así también se le requiere, en la referida notificación única, que presente, entre otros, el

balance de los activos invertidos y/o localizados en el territorio de El Rosario para los ejercicios

fiscales comprendidos desde dos mil tres al dos mil seis y se le previno que de no cumplir con el

requerimiento, se sancionaría con una multa hasta un mil ciento cuarenta y dos dólares con

ochenta y seis centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($1,142.86).

b) Por medio de la resolución DM 013/08 del diecinueve de febrero de dos mil ocho, y

ante el incumplimiento del requerimiento hecho en la relacionada notificación única, la

Administración Tributaria Municipal impuso la multa a la que se hizo alusión en la resolución

supra.

c) Fue hasta el seis de marzo de dos mil ocho que la demandante presentó un escrito

(folios 84 y 85) donde, además de impugnar la multa impuesta, manifestó que por no tener

ninguna agencia o sucursal o activos dentro del territorio de El Rosario «no es procedente

presentar la documentación requerida (…)».

d) Acto seguido al escrito relacionado supra, la Administración Tributaria Municipal de

El Rosario emitió la resolución DM 080/08, del dos de junio de dos mil ocho donde junto con la

notificación única (folio 82) y estado de cuenta (folio 83) ambos de la misma fecha, declaró y

determinó oficiosamente la obligación tributaria que se impugna, por un monto total de once mil

ochocientos setenta y dos dólares con noventa y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de

América ($11,872.97).

e) Inconforme con la obligación tributaria, la actora interpuso el recurso de apelación el

seis de junio de dos mil ocho, por medio el escrito agregado a folios 78 y 79, el que fue tramitado

hasta su conclusión con la resolución definitiva contenida en el acuerdo número tres tomado en

sesión ordinaria celebrada por el Concejo Municipal de El Rosario, el dos de julio de dos mil

ocho y que se hizo constar en el acta número dieciséis del libro de actas y acuerdos del referido

municipio.

iii. Con las actuaciones relacionadas, se ha constatado que la Encargada de Catastro de la

Alcaldía Municipal de El Rosario, ha irrespetado el procedimiento regulado en los artículos 82 y

106 de la LGTM.

El referido artículo 82 de la LGTM regula que para el inicio de un procedimiento de

fiscalización, debe efectuarse por medio del auto de designación que contendrá, como mínimo, la

identidad del sujeto pasivo, los períodos o ejercicios, impuestos y obligaciones a controlar,

verificar, inspeccionar e investigar, así como el nombre del auditor o auditores que realizarán

ese cometido.

La Administración Tributaria inició un procedimiento para conocer la situación jurídico-

tributaria de la demandante por medio de la denominada notificación única agregada a folios 87,

que contiene la identidad del sujeto pasivo (acto dirigido al representante legal del Banco HSBC,

S.A.), los ejercicios fiscales (del dos mil tres al dos mil seis), impuesto a controlar (activos

invertidos y/o localizados en el Municipio de El Rosario); no obstante, no se designó un auditor o

auditores para realizar la fiscalización, lo que permite concluir que la autoridad administrativa no

emitió el auto de designación de auditor regulado en el inciso primero del artículo 82 de la

LGTM, acto necesario para iniciar la fiscalización. Y es que el auditor tiene un rol cualitativo en

la etapa de fiscalización, pues es el que otorga el examen técnico, crítico y analítico tanto de los

hechos constitutivos de generadores de tributos junto con su cuantificación como de los hechos

constitutivos de infracción

La ausencia del nombramiento de auditores por medio del auto de designación respectivo

implica, a su vez, la inexistencia de un informe de auditoría para concluir la etapa de la

fiscalización -parte final del primer inciso del referido artículo 82-, informe que debió ser

notificado al contribuyente o responsable para que éste ejerciera su derecho de defensa y poder

controvertir el resultado de la fiscalización.

De ahí que el Alcalde Municipal demandando, al haber omitido la fase del procedimiento

regulado en la parte final del primer inciso del artículo 82 y ordinal 1º del artículo 106 de la LGT,

relativa a la emisión y entrega del informe de auditoría que serviría de base para la defensa del

contribuyente, tal autoridad actuó de forma ilegal.

En definitiva, la ausencia de nombramiento de auditores por medio del auto de

designación respectivo y la consecuente inexistencia de un informe de auditoría que planteara el

resultado de la etapa de fiscalización produjo en el sujeto pasivo indefensión pues éste no pudo

ejercer su derecho de defensa y someter a contradicción las cargas tributarias y objeciones que

fundamentaran la determinación tributaria impugnada hecha en la resolución DM 080/08, del dos

de junio de dos mil ocho.

iv. Por su parte, respecto del acto administrativo emitido por el Concejo Municipal de El

Rosario en el acuerdo número tres, celebrado en la sesión ordinaria del dos de julio de dos mil

tres y que se hizo constar en el acta número dieciséis que resolvió dejar en firme la resolución

DM 080/08, esta Sala precisa lo siguiente.

Dado que por medio del acto señalado, el Concejo Municipal demandado confirmó la

determinación tributaria hecha contra la demandante por parte del Alcalde Municipal de El

Rosario, teniendo como base un procedimiento administrativo en el que se vulneró el derecho de

defensa, no cabe otra conclusión más que éste acto también adolece de ilegalidad -al confirmar

una actuación administrativa contraria al ordenamiento jurídico-.

B. Por otra parte, la sociedad actora alega que la facultad de la Administración Municipal

para la determinación del tributo ha prescrito de conformidad con el artículo 107 de la LGTM.

El Alcalde Municipal de El Rosario -por medio de la resolución DM 080/08, del dos de

junio de dos mil ocho y para los períodos tributarios comprendidos de enero de dos mil cuatro

hasta mayo de dos mil ocho-calificó a la demandante como «Sujeto Pasivo (sic) del pago de

Impuestos Municipales (sic) en el Municipio de El Rosario, Departamento (sic) de La Paz» y, por

ende, procedió a «DETERMINAR DE OFICIO la obligación tributaria de la Sociedad (sic)

denominada BANCO HSBC S.A. de conformidad a lo dispuesto en el Articulo (sic) 9 de la Ley de

Impuestos Municipales de El Rosario, por los (…) períodos y Activos Imponibles (sic)» (folio 81

vuelto).

Frente a la alegación hecha por la actora y al descrito acto administrativo, esta Sala

considera necesario valorar si la determinación de la obligación tributaria impugnada en este

proceso ha prescrito.

De ahí que se deba delimitar los alcances de la categoría jurídica de la prescripción en el

presente proceso, para lo cual es necesario (i) determinar la normativa aplicable y, de esa manera,

(ii) establecer cuál es plazo de operatividad, la forma tanto del cómputo como de su interrupción

para(iii) concluir si operó, total o parcialmente, en la obligación tributaria municipal determinada.

i. El artículo 107 de la LGTM establece: «La facultad de la administración tributaria

municipal para determinar la obligación tributaria prescribirá en el plazo de tres años, contados

a partir del día siguiente al día en que concluya el plazo dentro del cual debió pagarse la

obligación tributaria. Dicha prescripción podrá ser interrumpida por acto de la administración

tributaria municipal encaminado a determinar el crédito tributario correspondiente.

El artículo 9 de la LIMER estatuye que el impuesto determinado se calculará de forma

mensual.

El artículo 34 de la LGTM regula: «En las leyes u ordenanzas de creación de impuestos,

tasas y contribuciones especiales, se fijarán los plazos o fechas límites para el pago de los

mismos. Cuando en dichas leyes u ordenanzas no se fije plazo o fecha límite para el pago de los

tributos respectivos, deberán cancelarse dentro de los 60 días siguientes, al día en que ocurra el

hecho generador de la obligación tributaria».

ii. De las anteriores disposiciones legales, esta Sala determina que:

a) El plazo de la prescripción para la determinación de la obligación tributaria es de tres

años.

b) El inicio del cómputo -dies a quo- es a partir del día siguiente al que concluya el plazo

dentro del cual debió pagarse la obligación tributaria.

c) La LIMER no regula el plazo para el pago de la obligación tributaria.

d) El artículo 34 de la LGTM regula, en ausencia de las leyes u ordenanzas específicas -

LIMER- que la obligación tributaria deberán cancelarse dentro de los 60 días siguientes, al día

en que ocurra el hecho generador de la obligación tributaria.

e) Los períodos tributarios en el presente caso, conforme el artículo 9 de la LIMER, se

calculan de forma mensual; es decir que, conteste con lo expuesto en la letra d) supra, para

computar el inicio del plazo de la prescripción -dies a quo- debe considerarse el mes del período

tributario determinado y adicionar a cada uno, los sesenta días estipulados en el transcrito artículo

34 de la LGTM.

f) A partir de la determinación del dies a quo, se deberá adicionar los tres años que

estipula el artículo 107 de la LGTM para comprobar si la facultad oficiosa de determinación de la

obligación tributaria le ha prescrito a la Administración Pública.

f) Por último, el aludido artículo 7 de la LGTM, regula que el plazo de la prescripción se

interrumpe por un acto administrativo cualificado: el encaminado a determinar el crédito

tributario correspondiente.

iii. En el caso de autos, y conforme con el inciso primero del artículo 82 de la LGTM, el

acto encaminado a determinar la obligación tributaria que indefectiblemente inició el

procedimiento de fiscalización, es la notificación única -agregada a folios 87- emitida el

diecisiete de enero de dos mil ocho, dirigida al representante legal de la demandante donde tuvo

conocimiento -el veintiuno de enero de dos mil ocho- de la intención de la Administración

Tributaria a determinar el crédito tributario correspondiente.

Es decir, que el veintiuno de enero de dos mil ocho (fecha en que la actora conoció del

referido acto administrativo emitido con el objeto de determinar oficiosamente alguna obligación

tributaria) se interrumpió, conforme lo regulado en el mencionado segundo inciso del artículo

107 de la LGTM, la prescripción.

A partir de la fecha de la interrupción de la prescripción es que se computará, pero de

forma regresiva, el plazo de la prescripción para determinar cuál es el último período tributario al

cual le operó eficazmente la referida interrupción. De ahí, residualmente se fijará cuál es el

periodo tributario inmediato anterior prescrito.

De tal forma que si desde el veintiuno de enero de dos mil ocho se computa, de forma

regresiva, los tres años que estatuye el aludido artículo 107 de la LGTM, se obtiene como

resultado el veintiuno de enero de dos mil cinco que corresponde al dies a quo del plazo de la

prescripción.

A la anterior fecha -veintiuno de enero de dos mil cinco- se le debe calcular los sesenta

días, también de forma regresiva, para obtener el último período tributario mensual que por la

interrupción no le operó la prescripción: noviembre de dos mil cuatro.

De ahí se infiere que si noviembre de dos mil cuatro fue el primer período tributario de los

fiscalizados que no le operó la prescripción, debido a la categoría de la interrupción, entonces el

mes anterior inmediato (octubre de dos mil cuatro) le prescribió a la Administración Tributaria

Municipal la facultad de fiscalización.

En definitiva, en virtud que el descrito acto administrativo DM 080/08 declaró una

obligación tributaria a partir del período de enero de dos mil cuatro hasta mayo de dos mil ocho,

esta Sala deberá declarar la ilegalidad de la determinación tributaria para los períodos

comprendidos de enero a octubre de dos mil cuatro debido, esta vez, a la prescripción de la

facultad de determinación oficiosa de los tributos de la Administración Tributaria Municipal de

El Rosario.

VI. Señalada la ilegalidad de la determinación tributaria de los actos administrativos

impugnados, por los motivos expuestos en los apartados precedentes, corresponde ordenar,

conforme con el artículo 32 inciso 2° de la LJCA, una medida para el establecimiento del derecho

vulnerado a la parte actora.

En virtud que esta Sala ha fijado la ilegalidad de los actos impugnados tanto por la

irregularidad del procedimiento de fiscalización y de determinación oficiosa como por la

prescripción, debe matizarse la medida para el restablecimiento del derecho.

En virtud quea la Administración Tributaria Municipal de El Rosario le prescribió la

facultad para la determinación oficiosa de los tributos correspondientes a los períodos tributarios

comprendidos de enero a octubre de dos mil cuatro -por ende, se extinguió también la acción

recaudatoria- la autoridad demandada deberá abstenerse de hacer el cobro de la deuda tributaria

correspondiente a los descritos períodos tributarios prescritos.

Respeto a los restantes períodos tributarios donde no operó la prescripción (noviembre de

dos mil cuatro hasta mayo de dos mil ocho), la Municipalidad de El Rosario deberá reponer el

procedimiento administrativo de determinación oficiosa del tributo regulado en la Ley General

Tributaria Municipal, asegurándose de respetar el derecho de defensa de la parte actora y

atendiendo los parámetros establecidos en la presente sentencia y el ordenamiento jurídico

aplicable.

VII. POR TANTO, con base en las razones expuestas y a los artículos relacionados y

421 y 427 del Código de Procedimientos Civiles (normativa derogada pero aplicable al presente

caso en virtud del artículo 706 del Código Procesal Civil y Mercantil); y 31, 32, 33 y 53 de la Ley

de la Jurisdicción Contencioso Administrativa emitida mediante Decreto Legislativo número

ochenta y uno, del catorce de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, publicado en el

Diario Oficial número doscientos treinta y seis, Tomo número doscientos sesenta y uno, de fecha

diecinueve de diciembre de mil novecientos setenta y ocho, ordenamiento derogado pero

aplicable al presente caso en virtud del artículo 124 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa vigente, a nombre de la República, esta Sala FALLA:

1. Declarar inadmisible la demanda interpuesta por BANCO HSBC SALVADOREÑO,

SOCIEDAD ANÓNIMA, que se denomina indistintamente como BANCO HSBC, SOCIEDAD

ANÓNIMA, BANCO SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA, BANCOSAL, SOCIEDAD

ANÓNIMA y que se abrevia BANCO HSBC SALVADOREÑO, S.A., BANCO HSBC, S.A.,

BANCO SALVADOREÑO, S.A. o BANCOSAL S.A., ahora BANCO DAVIVIENDA

SALVADOREÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA, que se denomina también como BANCO

DAVIVIENDA, SOCIEDAD ANÓNIMA o BANCO SALVADOREÑO, SOCIEDAD

ANÓNIMA y que se abrevia BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. o BANCO

DAVIVIENDA S.A. o BANCO SALVADOREÑO, S.A. o BANCOSAL, S.A., por medio de sus

apoderados generales judiciales licenciados Ricardo Antonio Mena Guerra, Henry Salvador

Orellana Sánchez y José Adán Lemus Valle, respecto de los siguientes actos administrativos.

a) La resolución emitida por el Alcalde Municipal de El Rosario, departamento de la Paz,

número DM 013/08, del diecinueve de febrero de dos mil ocho, en cuanto a que se le impuso

multa contravencional por la cantidad de un mil ciento cuarenta y dos dólares con ochenta y seis

centavos de dólar ($1,142.86) equivalentes a diez mil colones con tres centavos de colón

(¢10,000.03).

b) El Acuerdo N° Diecisiete (sic), Acta N° Doce, tomado en Sesión Ordinaria del día

veinte de mayo del presente año, en el cual se resolvió declarar inadmisible por extemporáneo el

escrito presentado por Banco HSBC S.A. y dejar en firme la resolución administrativa N° DM

013/08.

2. Declarar ilegales los siguientes actos administrativos emitidos contra BANCO HSBC