Sentencia Nº 535C2021 de Sala de lo Penal, 07-02-2022

• Sentido del fallo: INADMISIBILIDAD
• Normativa aplicada: D.L. Nº 733 del 22 de Octubre de 2008 - VIGENTE
• Materia: PENAL
• Tipo de Recurso: RECURSO DE CASACION
• Fecha: 07 Febrero 2022
• Número de sentencia: 535C2021
• Delito: Conducción de Mercadería de Dudosa Procedencia; Tráfico Ilícito; Agrupaciones Ilícitas
• Tribunal de Origen: Cámara de lo Penal de la Primera Sección de Oriente, San Miguel
• Emisor: Sala de lo Penal

535C2021

SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; San Salvador, a las ocho

horas y veinte minutos del siete de febrero del año dos mil veintidós.

La presente resolución es emitida por la M.strada S.L.C. de Fuentes y los

M.strados R.C.C.E. y M.Á.F.D..

Por recibido en fecha 4 de noviembre de 2021 el oficio número 698, proveniente de la Cámara de

lo Penal de la Primera Sección de Oriente, S.M., mediante el cual se remite el proceso

penal bajo referencia N° 126/2021. Dicha remisión se efectúa para conocer de dos recursos de

casación interpuestos por el licenciado P..A.T.P., en calidad de defensor

particular, el primero a favor del procesado EERA y el segundo a favor de los imputados EAPV

y CERM.

El recurrente solicita que se controle la resolución pronunciada por la citada Cámara en fecha 1

de octubre de 2021, mediante la cual revocó el auto que decretó los sobreseimientos definitivos y

provisionales a favor de los referidos imputados, proveídos por el Juzgado Segundo de

Instrucción de S.M., en el proceso penal instruido en su contra y de otros, por los

siguientes delitos:

1) EERA, se le atribuye la comisión de los delitos de Conducción de Mercadería de Dudosa

Procedencia, regulado en el art. 214-B del Código Penal (C.PN.), en pejuicio del Orden

Socioeconómico; Tráfico Ilícito, previsto y sancionado en el art. 33 de la Ley Reguladora de las

Actividades Relativas a las Drogas (en adelante, LRARD), en perjuicio de la Salud Pública; y

Agrupaciones Ilícitas, regulado en el art. 345 C.PN. en perjuicio de la Paz Pública;

2) EAPV, a quien se le atribuyen los delitos de Tráfico Ilícto, previsto y sancionado en el

art. 33 LRARD, en perjuicio de La Salud Pública; y Agrupaciones Ilícitas, previsto y sancionado

en el art. 345 C.PN., en perjuicio de la Paz Pública.

3) CERM, a quien se le atribuye el delito de Conducción de Mercaderías de Dudosa

Procedencia , previsto y sancionado en el art. 214-B C.PN., en perjuicio del Orden

Socioeconómico; Tráfico Ilícito, previsto y sancionado en el art. 33 LRARD; y Agrupaciones

Ilícitas, regulado en el art. 345 C.PN., en perjuicio de la Paz Pública.

I. ANTECEDENTES.

PRIMERO. El Juzgado Segundo de Instrucción de S.M. realizó audiencia preliminar en

fecha 11 de mayo de 2021 contra los imputados SSPE, BALS, EERA, CERM, ANAH, EAPV,

procesados por los delitos de Tráfico Ilícito, en perjuicio de la Salud Pública, y Agrupaciones

Ilícitas, en perjuicio de la Paz Pública; a los imputados EERA y CERMt por el delito de

Conducción de Mercadería de Dudosa Procedencia, en perjuicio del Orden Socioeconómico; y en

contra de la imputada GERT, procesada únicamente por el delito de Tenencia, Portación o

Conducción Ilegal o Irresponsable de Arma de Fuego, en perjuicio de la Paz Pública. En dicha

audiencia, el juez instructor emitió resolución mixta en la que decretó sobreseimiento definitivo a

favor de los imputados por el delito de Agrupaciones Ilícitas; sobreseimiento provisional favor de

los procesados RA y RM, por el delito de Conducción de Mercadería de Dudosa Procedencia, y a

favor de los procesados AH y PV, por el delito de Tráfico Ilícito; asimismo, decretó apertura a

juicio contra los procesados por el delito de Tráfico Ilícito. Dicho auto fue impugnado vía recurso

de apelación por la representación fiscal, de cuyo escrito conoció la Cámara de lo Penal de la

Primera Sección de Oriente, S..M., la que resolvió revocar la referida decisión y ordenó al

juzgado instructor dictar el auto de apertura a jucio respectivo.

SEGUNDO. La Cámara emitió el siguiente fallo: “…a) REVÓCASE el SOBRESEIMIENTO

DEFINITIVO, dictado a favor de los imputados SSPE, BALS, EERA, CERM, ANAH y EAPV,

por el delito de AGRUPACIONES ILÍCITAS (Art. 345 Pn.), en perjuicio de La Paz Pública; b)

REVÓCASE el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, decretado a favor de los encausados

EERA y CERM, por el delito de CONDUCCIÓN DE MERCADERÍAS DE DUDOSA

PROCEDENCIA (Art. 214-B Pn.), en perjuicio del Orden Socioeconómico; c) REVÓCASE el

SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, decretado a favor de los indiciados ANAH y EAPV, por

el delito de TRAFICO ILICITO -de droga- (Art. 33 LRARD), en perjuicio de La Salud Pública;

d) Ordénasele a la señora Juez Segundo de Instrucción de esta localidad, dicte AUTO DE

APERTURA A JUICIO contra los imputados SSPE, BALS, EERA, CERM, ANAH y EAPV, por

los delitos antes relacionados, previa realización de la audiencia de admisión de prueba referida

en el Considerando XII; e) CONFÍRMASE el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, dictado a

favor de GERT o GERT, por el delito de TENENCIA, PORTACIÓN O CONDUCCIÓN

ILEGAL O IRRESPONSABLE DE ARMAS DE FUEGO (Art. 346-B Pn.), en perjuicio de La

Paz Pública…”.

TERCERO. Contra la anterior resolución se han interpuesto dos recursos de casación, ambos por

parte del licenciado P.A.T.P., en calidad de defensor particular.

CUARTO. En cumplimiento de lo establecido en el art. 483 CPP, una vez interpuestos los

respectivos recursos, mediante auto del 14 de octubre de 2021 se emplazó a la licenciada O.

.

L.M., agente auxiliar fiscal, para que en el término legal se pronunciara sobre los

mismos; por lo que en fecha 21 de octubre de 2021 presentó escrito en el cual expresa que la

resolución de la Cámara Seccional, al haber decidido revocar los sobreseimientos y ordenar la

apertura a juicio, no es una sentencia definitiva y, por consiguiente, no es objetivamente

impugnable vía recurso de casación. Por lo anterior, solicita que se declaren improcedentes los

recursos interpuestos.

II. ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD.

En lo que respecta al estudio preliminar de admisibilidad de los recursos interpuestos, tal como lo

ordena el art. 484 CPP, esta Sala advierte lo siguiente:

1. De conformidad con lo regulado en el art. 50, sección 2°, literal a) CPP, compete a esta Sala

conocer de los recursos de casación y, en sujeción al procedimiento fijado en los arts. 452, 478 y

siguientes del CPP, cabe indicar que las exigencias legales para su admisibilidad son las

siguientes: a) Que la resolución sea recurrible en casación (art. 479 CPP); b) Que el sujeto

procesal esté legitimado para impugnar (art. 452 inc. 2° CPP); c) Que sea interpuesto en el plazo

legalmente predeterminado (art. 480 CPP); y, d) Que se presente mediante escrito con expresión

separada y fundada de los motivos de impugnación invocados y con la precisa determinación del

agravio producido por la resolución cuestionada (art.480 CPP).

A partir de lo anterior, esta sede advierte que los recursos han sido interpuestos dentro del plazo

legal de diez días, ya que la fecha de notificación del proveído que se impugna fue el 1 de octubre

de 2021 y los recursos fueron presentados en fecha 13 de octubre de 2021.

Aunado a ello, los referidos recursos han sido presentados por el abogado P.A..T.

.

P., defensor particular, por lo que está facultado para recurrir.

2. Ahora bien, de los recursos examinados, esta Sala advierte que los dos escritos tiene

similitudes, es decir, contienen el mismo planteamiento recursivo, que básicamente se concentra

en señalar que existe un error en la sentencia de segundo grado que revoca los sobreseimientos

del juez instructor y ordena la apertura a juicio.

En ese orden, es oportuno hacer referencia al tipo de resolución que habilita el recurso de

casación. El art. 479 CPP dispone de forma taxativa qué resoluciones son objetivamente

impugnables ante esta sede, siendo estas la sentencias definitivas, autos que pongan fin al

proceso, a la pena o que hagan imposible su continuación, así como las que deniegan la extinción

de la pena. Por consiguiente, éstas deben ser emitidas o confirmadas por el tribunal que conozca

en segunda instancia.

En atención a lo indicado, se infiere que no todo pronunciamiento del colegiado de apelación es

susceptible de ser impugnado mediante el recurso de casación, sino únicamente las decisiones

que, por su contenido y efectos, finalicen la instancia. Es decir, el fallo debe resolver el fondo del

asunto objeto del proceso y es cuando el ordenamiento habilita el recurso de casación, que en el

procedimiento común debe ser resuelto por la Sala de lo Penal para enmendar agravios

concluyentes, en cumplimiento de sus principales fines institucionales: defensa del derecho

objetivo, seguridad jurídica, igualitaria aplicación de la ley, unificación de la jurisprudencia,

justicia del caso concreto y la legalidad del debido proceso que, en principio, suponen la

consumación de las fases procesales de conocimiento. Todo lo anterior se encuentra en

consonancia con el derecho de acceso al recurso, tal como se desprende de los arts. 14.5 del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8.2, literal h) de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos.

En concordancia con lo mencionado, la resolución emitida por segunda instancia que resuelve

retrotraer el proceso a primera instancia, ya sea para la reposición de actuaciones declaradas

inválidas o para el desarrollo de la fase del juicio en los supuestos de revocación del

sobreseimiento, no es una sentencia definitiva, puesto que tales decisiones tienen como finalidad

el saneamiento del proceso y que éste siga las fases subsiguientes de la causa penal (ver al

respecto R.. 82C2013, de 14 de febrero de 2014; 101C2013, de 30 de junio de 2014; 27C2018,

de 18 de octubre de 2018; y 323C2018, de 18 de febrero de 2019).

3. En el presente caso, la resolución emitida por la Cámara de lo Penal de la Primera Sección

del Centro, S.M., ejerciendo facultades legales de control a través del recurso de apelación,

decidió revocar los sobreseimientos definitivos y provisionales pronunciados por el Juzgado

Segundo de Instrucción de aquella ciudad a favor de los procesados RA, PV, RM y otros,

ordenando a su vez que se emitiera el auto de apertura a juicio.

En ese sentido, como puede notarse, se trata de una decisión que, en lo que atañe a los procesados

a cuyo favor se han promovido los recursos, no es revisable en casación, pues no se trata de una

sentencia o auto que ponga fin al proceso con respecto a tales imputados. Y es que, dado los

efectos de la resolución impugnada que, en primer lugar, anula el auto que paraliza el proceso y,

en segundo lugar, ordena el tránsito hacia la fase de juicio oral para que se emita la sentencia que

corresponda, no encaja en ninguno de los supuestos previstos en el art. 479 CPP.

Esta forma de interpretación y aplicación del requisito de impugnabilidad objetiva del recurso de

casación ha sido confirmada por la jurisprudencia constitucional reciente, según la cual: “no

forma parte del catálogo de competencias atribuidas a la SP-CSJ admitir un recurso de casación

contra resoluciones no establecidas en el catálogo taxativo determinado por el legislador […] la

impugnabilidad se encuentra regida por el principio de taxatividad del recurso, según el cual solo

pueden recurrirse en casación, bajo pena de inadmisibilidad, las resoluciones establecidas en la

ley, sin que la referida Sala pueda ampliar esa gama, pues la confección de la lista está reservada

al legislador […] la creación jurisprudencial de excepciones orientadas a ampliar el ámbito de

conocimiento del recurso de casación implica, por un lado, una alteración de la configuración del

proceso penal efectuada previamente por el legislador y, por el otro, una invasión de las

competencias que el ordenamiento jurídico le ha atribuido exclusivamente a aquel” (Sala de lo

Constitucional, Sentencia de A.4., del 5 de enero de 2022).

En consecuencia, al no ser objetivamente recurrible la resolución impugnada por el defensor

particular, en lo que se refiere a sus representados, el resultado inmediato debe ser el rechazo

liminar de los recursos sin que surja la posibilidad de analizar los argumentos ahí vertidos, razón

por la cual se declararán inadmisibles.

III. FALLO.

POR TANTO, con fundamento en las consideraciones realizadas, disposiciones legales citadas y

arts. 50 inc. 2º. literal a), 144, 452, 453, 478, 479 y 484 todos del CPP, en nombre de la

República de El Salvador, esta Sala RESUELVE:

A.- DECLÁRANSE INADMISIBLES los recursos de casación presentados por el abogado

P..A.T.P. a favor de los imputados EERA, EAPV y CARM, por no ser

objetivamente impugnable por la vía de la casación la resolución cuesionada, en lo que se refiere

a los procesados en mención.

B.- Devuélvanse inmediatamente las actuaciones a la Cámara de origen, para los efectos legales

subsiguientes.

NOTIFÍQUESE.

----------SANDRA CHICAS-----------R.C.C.E-----------M.A.D.-------------------------

--------------PRONUNCIADO POR LA MAGISTRADA Y LOS MAGISTRADOS QUE LO

SUSCRIBEN---------------ILEGIBLE----------------SRIO.--------------RUBRICADAS.