Sentencia Nº 68-2019 de Sala de lo Constitucional, 06-12-2021

• Número de sentencia: 68-2019
• Fecha: 06 Diciembre 2021
• Materia: CONSTITUCIONAL
• Emisor: Sala de lo Constitucional

68-2019

A.

.

S. de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las doce horas con

diez minutos del día seis de diciembre de dos mil veintiuno.

Analizada la demanda presentada por la abogada B..C.P.B.hona, en calidad

de apoderada del señor MAM, junto con la documentación anexa, se realizan las siguientes

consideraciones:

I. En síntesis, la abogada P.B. manifiesta que el señor MAM ingresó a laborar

en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) el 5 de agosto de 1995, desempeñando el

cargo de conserje en la Unidad Médica de San Vicente.

Señala que el señor M fue destituido de su puesto de trabajo mediante Acuerdo D. G. n°

2017-04-0165 emitido por el Director General del ISSS el 3 de abril de 2017, en virtud del cual

dicha autoridad ordenó dar por finalizada la relación laboral entre el referido señor y esa entidad

a partir del 7 de abril de 2017, sin tramitar previamente el procedimiento establecido en la Ley de

Servicio Civil (LSC). Sostiene que las faltas que le fueron atribuidas a su mandante ocurrieron

entre los meses de mayo a septiembre del año 2016, por lo que a la fecha de la destitución ya

habían prescrito, tal como lo establece el art. 72 Bis de la LSC. Por ello, afirma que el "despido

es injustificado y en consecuencia nulo".

Al respecto, expone que el señor MAM planteó la nulidad de despido ante el Tribunal de

Servicio Civil (TSC), el cual declaró improponible su solicitud porque el ISSS es una entidad

autónoma que tiene su propia reglamentación respecto a la forma de terminación de los contratos

de trabajo celebrados con esa institución. Posteriormente, el referido señor promovió un proceso

individual de trabajo ante el Juez Primero de lo Laboral de San Salvador, pero este se declaró

incompetente y rechazó por improponible la demanda incoada, debido a que en el caso del

régimen laboral del señor M no es aplicable el Código de Trabajo (CT) y, además, se encuentra

excluido del ámbito de aplicación de la LSC.

En virtud de lo señalado, asevera que la destitución de su poderdante ordenada por el

Director General del ISSS es inconstitucional, pues este omitió tramitar el procedimiento que

correspondía de conformidad con LSC y, por su parte, el TSC y el Juez Primero de lo L. de

esta ciudad le negaron a su mandante la posibilidad de controvertir su despido arbitrario. En

consecuencia, alega que se han vulnerado los derechos al trabajo, de audiencia, de defensa, al

debido proceso, a la seguridad jurídica y de acceso a la justicia del señor MAM.

II. Determinados los argumentos expresados por la parte actora, es necesario exponer

brevemente los fundamentos jurídicos en que se sustentará la presente decisión.

Tal como se ha sostenido en las improcedencias de 27 de octubre de 2010, 30 de junio

de 2014 y 10 de enero de 2018, amparos 408-2010, 385-2013 y 156-2017, respectivamente, en

este tipo de procesos las afirmaciones de hecho de la parte actora deben justificar que el reclamo

formulado posee trascendencia constitucional, esto es, deben poner de manifiesto la presunta

afectación de los derechos fundamentales que se proponen como parámetro de confrontación.

Por el contrario, si tales alegaciones se reducen al planteamiento de asuntos puramente

judiciales o administrativos consistentes en la simple inconformidad con las actuaciones o el

contenido de las decisiones emitidas por las autoridades dentro de sus respectivas competencias,

la cuestión sometida al conocimiento de esta Sala constituye un asunto de mera legalidad, lo que

se traduce en un vicio de la pretensión que imposibilita su juzgamiento.

I.I. Corresponde ahora evaluar la posibilidad de conocer de las infracciones alegadas

por la parte actora en su demanda.

1. A. En el presente caso se advierte que, si bien la abogada P..B. asevera que

las autoridades demandadas han vulnerado los derechos del señor MAM, sus alegatos

evidencian una inconformidad con los actos administrativos y la resolución contra los cuales

dirige su reclamo.

En concreto, la referida profesional pretende que esta Sala determine que, en el caso

particular del señor M, el Director General del ISSS previo a despedirlo debió tramitar el

procedimiento establecido en la LSC y valorar que los hechos que se le atribuían estaban

prescritos. Además, intenta que esta Sala establezca que las resoluciones proveídas por el TSC y

el Juez Primero de lo Laboral lo Laboral de San Salvador, que rechazaron las acciones

gestionadas por el peticionario para controvertir su despido e intentar el pago de una

indemnización, no se emitieron de conformidad con la LSC y el CT, respectivamente.

B. La jurisprudencia de esta Sala –v. gr., la sentencia de 29 de febrero de 2016, amparo

628-2013– ha establecido que de acuerdo con el art. 2 inc. 2° de la LSC los empleados de las

instituciones oficiales autónomas están excluidos de la carrera administrativa, por lo que se rigen

por las leyes especiales que en estas entidades se emitan sobre la materia. En el caso del ISSS la

normativa aplicable a sus empleados, en general, es el Reglamento Interno de Trabajo y el

Contrato Colectivo de ese instituto.

Además, en las sentencias de 19 de febrero de 2009 y 16 de noviembre de 2011,

amparos 340-2007 y 479-2009, entre otras, se ha indicado que el Contrato Colectivo de Trabajo

del ISSS regula los derechos y deberes de los trabajadores de dicha institución y establece un

procedimiento que debe tramitarse previo a imponer la sanción de destitución, en el cual se

permite la intervención del trabajador, quien, además, tiene derecho a que se le informe sobre las

diligencias llevadas a cabo para la averiguación de las irregularidades o faltas que se le

atribuyen, a efecto de garantizar su defensa.

C. En relación con lo anterior, dado que los argumentos expuestos por la abogada P..

.

B. se orientan a que Sala establezca, por una parte, que las faltas atribuidas al señor

MAM habían prescrito conforme a lo dispuesto en el art. 72 Bis de la LSC y, por otra, que el

procedimiento que debió tramitarse previo a ordenar la destitución del referido señor era el

previsto en la LSC, se colige que, en esencia, el reclamo planteado contra el Director General

del ISSS, el TSC y el Juez Primero de lo Laboral de San Salvador gira en torno a la aplicación

de las disposiciones de la LSC en el caso concreto.

Al respecto, se advierte que, tal como se indicó en el apartado anterior, la jurisprudencia

de esta Sala ha establecido que la normativa aplicable a los empleados del ISSS es el

Reglamento Interno de Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo de esa institución, ya que, de

conformidad con el art. 2 inc. 2° de la LSC, los empleados de las instituciones oficiales

autónomas se rigen por las leyes especiales que en estas entidades se emitan sobre la materia. En

consecuencia, la vulneración constitucional atribuida a las autoridades demandadas por el

hecho de que no se haya tramitado el procedimiento establecido en la LSC previo a ordenar la

destitución del señor MAM carece de fundamento, pues dicha ley no era el cuerpo normativo

aplicable al caso del referido señor como empleado del ISSS.

Aunado a ello, cabe señalar que no forma parte de las competencias conferidas a esta

Sala determinar sí las faltas que se le atribuyeron al señor M y que justificaron su destitución

del ISSS habían prescrito cuando se le impuso esa sanción, pues dicha labor ha sido

encomendada a las autoridades ordinarias.

2. En ese orden, se infiere que lo expuesto por la abogada B..C..P..B.,

más que evidenciar una supuesta transgresión de los derechos del señor MAM, se reducen a

plantear un asunto de mera legalidad y de simple inconformidad. Por consiguiente, ya que el

asunto planteado carece de trascendencia constitucional. resulta procedente declarar la

improcedencia de la demanda de amparo por concurrir un defecto en la pretensión que habilita

la terminación del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el art. 13 de la Ley de

Procedimientos Constitucionales.

IV. Por otra parte, la abogada P..B. solicita que esta Sala requiera a las

autoridades demandadas certificación de "los expedientes administrativos correspondientes".

1. El art. 82 de la Ley de Procedimientos Constitucionales establece que "[t]odo

funcionario o autoridad está en la obligación de ordenar dentro de tercero día que se extiendan las

certificaciones que se les pidiere, siempre que en la solicitud se exprese que el objeto de la

certificación es para que pueda surtir efecto en un proceso constitucional; y aun cuando la

persona solicitare certificación de expedientes, procesos o archivos relativos a ella misma, o a sus

bienes, que por leyes especiales tengan carácter de secreto o reservado. El funcionario o

autoridad, una vez extendida la certificación solicitada, la remitirá directamente y sin dilación al

tribunal que esté conociendo en el proceso constitucional".

En ese sentido, para que se pueda requerir a las autoridades que extiendan certificación

de los documentos o expedientes que custodian, es necesario que el interesado las haya

solicitado previamente.

2. En el presente caso, se observa que no se han cumplido los requisitos que establece el

artículo precitado, pues ¡a parte actora no ha comprobado que previamente haya dirigido la

referida solicitud a las autoridades competentes en los términos indicados en la mencionada

disposición, razón por la cual debe declararse sin lugar dicha petición.

POR TANTO, con base en las razones expuestas y la disposición legal citada, esta

Sala RESUELVE:

1. Tiénese a la abogada B.C.P.B. como apoderada del señor

MAM, en virtud de haber acreditado en debida forma la personería con la que comparece.

2. D. improcedente la demanda de amparo presentada por la abogada P....

.

B., en la calidad indicada, en contra del Director General del Instituto Salvadoreño del

Seguro Social, del Tribunal de Servicio Civil y del Juez Primero de lo Laboral de San Salvador,

por tratarse el reclamo formulado de un asunto de mera legalidad y de simple inconformidad con

los actos impugnados.

3. Declárase sin lugar la petición formulada por la abogada P..B. referida a que

se requiera al Director General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, al Tribunal de

Servicio Civil y al Juez Primero de lo Laboral de San Salvador que remitan certificación de los

expedientes administrativos correspondientes, por no cumplir con los requisitos establecidos en

el art. 82 de la Ley de Procedimientos Constitucionales.

4. Tome nota la Secretaria de esta Sala del lugar y del número de telefax señalados

por la abogada P..B. para recibir los actos procesales de comunicación, así como de las

personas comisionadas para tal efecto.

5. N..

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--------------A.L.J.Z.---------------DUEÑAS----------------J.A.P.N.G.------------

-------------PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN----

---------R.A.G.B.-------SECRETARIO INTERINO--------------

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