Sentencia nº 315-2016AC de Sala de Lo Constitucional, Corte Suprema de Justicia, 14 de Junio de 2017

• Fecha de Resolución: 14 de Junio de 2017
• Emisor: Sala de Lo Constitucional
• Número de Sentencia: 315-2016AC
• Tipo de Proceso: AMPAROS
• Acto Reclamado: Creación de tributo municipal
• Derechos Vulnerados: Derecho a la propiedad por inobservancia del principio de capacidad económica
• Tipo de Resolución: Interlocutoria - Sobreseimiento

315-2016AC

Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del día catorce de junio de dos mil diecisiete.

Se tiene por recibido el oficio nº 4853 firmado por el Primer Secretario de la Asamblea Legislativa.

Previo a continuar con el trámite del presente amparo, es menester realizar las siguientes consideraciones:

1. 1. Las sociedades Banco Agrícola, Sociedad Anónima, –que puede abreviarse Banco Agrícola, S.A.–; Banco Davivienda Salvadoreño, Sociedad Anónima, conocido como Banco Davivienda, Sociedad Anónima, o Banco Salvadoreño, Sociedad Anónima –que puede abreviarse Banco Davivienda Salvadoreño, S.A.; Banco Davivienda, S.A.; Banco Salvadoreño, S.A.; o BANCOSAL, S.A.–; y Óptima Servicios Financieros, Sociedad Anónima de Capital Variable, – que puede abreviarse Óptima Servicios Financieros, S.A. de C.V.–; manifestaron en sus demandas que dirigen sus reclamos en contra de la Asamblea Legislativa, por haber emitido el art. 11 de la Ley de Impuestos Municipales del Municipio de Sonsonate (LIMS), creada mediante el Decreto Legislativo nº 595 de fecha 25-I-1996, publicado en el Diario Oficial nº 36, Tomo 330, del 21-II-1996. La disposición impugnada prescribe:

   Art. 11. Se consideran las empresas financieras los bancos de sistema nacional, las sucursales de bancos extranjeros, las asociaciones de ahorro y préstamo, las bolsas de valores, las inscritas como casas de corredores de bolsas, las casas de cambio de moneda extranjera, las de seguro, y cualquier otra que se dedique a operaciones de crédito, financiamiento, casas afianzadoras, montepíos o casas de empeño similares. Se excluye el Banco Central de Reserva.

   Por actividad financiera se pagará conforme a la siguiente tabla:

   Si el activo neto o imponible es: Impuesto mensual:

   De ¢ 25,000.01 a ¢ 50,000.00 ¢ 100.00

   De ¢ 50,000.01 a ¢ 150,000.00 ¢ 100 más ¢1.00 por millar o fracción, excedente a ¢50,000.00

   De ¢ 150,000.01 a ¢ 250,000.00 ¢200.00 más ¢0.99 por millar o fracción, excedente a ¢150,000.00 De ¢ 250,000.01 a ¢ 500,000.00 ¢299.00 más ¢0.98 por millar o fracción, excedente a ¢250,000.00 De ¢ 500,000.01 a ¢ 1,000,000.00 ¢544.00 más ¢0.97 por millar o fracción, excedente a ¢500,000.00

   De ¢ 1,000,000.01 a ¢ 2,000,000.00 ¢1,029.00 más ¢0.96 por millar o fracción, excedente a

   ¢1,000,000.00

   De ¢ 2,000,000.01 a ¢ 3,000,000.00 ¢1,989.00 más ¢0.95 por millar o fracción, excedente a

   ¢2,000,000.00

   De ¢ 3,000,000.01 a ¢ 4,000,000.00 ¢2,939.00 más ¢0.94 por millar o fracción, excedente a

   ¢3,000,000.00

   De ¢ 4,000,000.01 a ¢ 5,000,000.00 ¢3,879.00 más ¢0.93 por millar o fracción, excedente a

   ¢4,000,000.00

   De ¢ 5,000,000.01 a ¢10,000,000.00 ¢4,809.50 más ¢0.92 por millar o fracción, excedente a

   ¢5,000,000.00

   De ¢ 10,000,000.01 en adelante ¢10,000,000.00

   En relación con ello, alegaron que la disposición impugnada vulnera su derecho a la propiedad, por la inobservancia del principio de capacidad económica, ya que establece un tributo cuya base imponible es el activo de las empresas, el cual no refleja la real capacidad contributiva del sujeto pasivo de la obligación tributaria. En ese sentido, arguyeron que tomar únicamente el activo para establecer la base de imposición y fijar el impuesto a pagar es contrario a la Constitución.

   2. Mediante el auto de fecha 4-XI-2016 se admitieron las demandas planteadas, circunscribiéndose al control de constitucionalidad del art. 11 de la LIMS por la presunta vulneración del derecho a la propiedad de las sociedades actoras, por la inobservancia del principio de capacidad económica.

   3. Por su parte, la Asamblea Legislativa manifestó que la tabla de aplicación del impuesto a las actividades comerciales fue elaborada de forma objetiva, con base en los criterios técnicos que nacieron en el proceso de formación de ley, por lo que no existe transgresión al derecho a la propiedad. Además, señaló que había actuado de conformidad con los arts. 2, 103 y 131 nº 6 de la Cn., en el sentido de que el objetivo de la disposición impugnada es gravar las actividades comerciales realizadas, para que la municipalidad cumpla con su obligación de realizar obras y servicios en beneficio de sus habitantes.

   Finalmente, alegó que el activo de un contribuyente no es un valor fijo e inamovible, sino que puede ser modificado en cualquier momento por el sujeto pasivo de conformidad a la situación financiera del momento, pues aquel tiene mecanismos legales suficientes para notificar a la respectiva municipalidad la modificación de su situación financiera y efectuar un nuevo cálculo del impuesto a pagar.

2. Delimitado el reclamo objeto de conocimiento en este proceso, así como los argumentos de las partes, se hará referencia al agravio como elemento de la pretensión de amparo

   (1); para, posteriormente, examinar si la pretensión adolece de un vicio que impediría realizar un pronunciamiento de fondo sobre la queja planteada en este proceso (2).

   1. A. En la Resolución de fecha 4-I-2012, pronunciada en el proceso de Amp. 609-2009, se precisó que, para la procedencia de la pretensión de amparo, es necesario –entre otros requisitos– que el actor se autoatribuya afectaciones concretas o difusas a sus derechos, presuntamente derivadas de los efectos de una acción u omisión –elemento material–. Además, el

      .

      Ahora bien, hay casos en que la pretensión del actor no incluye los anteriores elementos. Dicha ausencia puede ocurrir cuando no existe el acto u omisión o cuando, no obstante existir, por la misma naturaleza de los efectos de dicho acto u omisión, el sujeto activo de la pretensión no sufre perjuicio de trascendencia constitucional.

      2. Desde esa perspectiva, la falta de agravio de trascendencia constitucional es un vicio de la pretensión que genera la imposibilidad de juzgar el caso concreto y, si se observa durante el trámite, es una causal de sobreseimiento conforme a los arts. 12 y 31 nº 3 de la Ley de Procedimientos Constitucionales (L.Pr.Cn.)

   2. A. Las sociedades actoras cuestionan la constitucionalidad del art. 11 de la LIMS, que regula un impuesto que tiene como hecho generador la realización de actividades económicas en el Municipio de Sonsonate. Dicho precepto establece que el pago mensual del tributo debe efectuarse con base en el activo imponible, el cual se determina de acuerdo con lo prescrito en el art. 22 inc. 1º de dicha ley, es decir, deduciendo del activo total: (i) los activos gravados en otros municipios; (II) los títulos valores garantizados por el Estado; y (h) la depreciación del activo fijo a excepción de los inmuebles.

      2. a. En la Sentencia de fecha 19-IV-2017, pronunciada en el proceso de Amp. 446-2015, se modificó la interpretación constitucional que este Tribunal había sostenido hasta esa fecha en relación con las leyes tributarias que regulan impuestos a las actividades económicas, debiendo entenderse que, independientemente de que dichos cuerpos normativos establezcan o no deducciones específicas que los sujetos pasivos del tributo pueden realizar a su favor, la base imponible del impuesto –cualquiera que sea su denominación– excluye el pasivo de los contribuyentes reflejado en sus balances contables, conforme al principio de capacidad económica contenido en el art. 131 ord. 6º de la Cn.

         La aludida interpretación resulta más acorde con las disposiciones constitucionales que conforman el Derecho Constitucional Tributario, pues permite que las personas contribuyan al gasto público tomando en consideración las posibilidades económicas reales que tienen para ello y, además, que los Municipios –sujetos activos de este tipo de tributos–efectúen la recaudación necesaria para la realización de los planes de desarrollo local que elaboren conforme al art. 206 de la Cn.

         de Inc. 50-2015, se explicó que el art. 127 de la Ley General Tributaria Municipal dispone que en la determinación de la base imponible de los tributos municipales debe considerarse los pasivos del contribuyente, por lo que, siendo dicha normativa de carácter general en materia tributaria municipal, complementa las leyes especiales en esa materia.

      3. A partir de la anterior decisión es posible colegir que, si bien a la base imponible del impuesto en cuestión –activo imponible– se le deben efectuar las deducciones mencionadas en el art. 22 inc. 1º de la LIMS, dicha disposición legal implica también que las autoridades administrativas correspondientes, en aplicación del art. 131 ord. 6º de la Cn., deberán excluir del cálculo del impuesto las obligaciones que el contribuyente posee con acreedores (pasivo), con lo cual se tiene que el tributo establecido en el art. 11 de la LIMS únicamente grava la riqueza neta de su destinatario, resultando acorde con el principio de capacidad económica.

         En consecuencia, se concluye que la disposición legal impugnada no genera per se una vulneración al derecho a la propiedad de las sociedades demandantes, pues el contenido de aquella no inobserva el principio de capacidad económica derivado del art. 131 ord. 6º de la Cn., por lo que en el presente caso se configura un supuesto de ausencia de agravio que impide la terminación normal de este proceso, debiendo finalizarse por medio de la figura del sobreseimiento.

         POR TANTO, con base en las razones expuestas y lo prescrito en el art. 31 nº 3 de la

         L.Pr.Cn., esta Sala

         RESUELVE:

         (

         1. Sobreséese en el presente proceso de amparo acumulado promovido por las sociedades Banco Agrícola, S.A.; Banco Davivienda Salvadoreño, S.A., Banco Davivienda, S.A., Banco Salvadoreño, S.A., o BANCOSAL, S.A.; y Óptima Servicios Financieros, S.A. de C.V.; en contra de la Asamblea Legislativa, por la supuesta vulneración de su derecho a la propiedad, como consecuencia de la inobservancia del principio de capacidad económica; (b) Cesen los efectos de la medida cautelar adoptada y confirmada mediante las resoluciones de fechas 4-XI-2016 y 10-II-2017, respectivamente; y (c) Notifíquese la presente resolución a las partes y al Municipio de Sonsonate –tercero beneficiado con la disposición impugnada–, a efecto de que conozcan el contenido de esta decisión.

         A.P.-----------F.M.-----------E.S.B.R.-----------R.E.G.-----PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN--------E.

         SOCORRO. C.--------SRIA.-------RUBRICADAS.-