Decreto No. 337.- Reformas al Código Penal

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

1. Que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado y es su obligación asegurar a los habitantes el goce de la libertad, la seguridad jurídica y el bien común, así como la protección y conservación del derecho a la vida, e integridad física y moral de las personas, de conformidad con lo que establecen los artículos 1 y 2 de la Carta Magna,

2. Que por Decreto Legislativo No, 1030, de fecha 26 de abril del997, publicado en el Diario Oficial No. 105, Tomo 335, del 10 de junio del mismo año, se aprobó el Código Penal en el cual se regulan, entre otros, los delitos relativos a la vida, a la libertad sexual y a la paz pública.

3. Que a efecto de cumplir con los deberes del Estado, en cuanto a la protección y conservación de esos derechos; y ante el incremento de la actividad delictiva por miembros terroristas, la Asamblea Legislativa a iniciativa del Presidente de la República por medio del Consejo de Ministro, emitió el Decreto Legislativo N° 333 de fecha 27 de marzo de 2022, publicado en el Diario Oficial N° 62, Tomo N° 434 de ese misma fecha, que comprende El Régimen de Excepción, cuya finalidad es proporcionar las herramientas y mecanismos jurídicos a las instituciones de seguridad pública, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada de El Salvador, con miras a restablecer el orden y la seguridad ciudadana, así como el control territorial.

4. Que ante el aumento desmesurado de hechos violentos en todo el territorio nacional por parte de miembros terroristas, maras o pandillas se ha puesto en riesgo la vida y la integridad de toda la ciudadanía, generando una situación de alarma, inestabilidad social, y por consiguiente temor en la población al poner en peligro inminente la vida e integridad física y mental de las personas.

5. Que es un hecho notorio que las organizaciones criminales antes mencionadas, realizan dentro de su accionar, atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población, incluidos contra las autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias; contra la propiedad...