Políticas de seguridad contra las pandillas y análisis económico del derecho

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ENERO - JUNIO 2016 • REVISTA POLICÍA Y SEGURIDAD PÚBLICA

Políticas de seguridad contra las pandillas

y análisis económico del derecho

ISSN: 2225-5648, Año 6, Vol. 1, p. 317-325

Políticas de seguridad contra las pandillas y análisis económico del

derecho1

Por Jaime Edwin Martínez Ventura

1. Introducción;

2. El AED y su relación con las políticas de desregulación económica;

3. Aplicación del AED a la política criminal. Alcances y límites;

4. Críticas a la aplicación del AED en el campo penal o de la política

criminal;

5. Relación de las políticas contra las pandillas y las políticas

neoliberales;

6. Políticas punitivas contra las pandillas: una aplicación deformada del

AED;

Bibliografía.

1. Introducción

Por más que en los últimos 10 años en El Salvador se haya instalado,

en la retórica de la seguridad pública, una suerte de consenso político y

académico acerca de que la criminalidad —y especialmente el fenómeno de

las maras o pandillas— debe ser enfrentada desde el enfoque de una política

integral —conformada por las áreas de control o represión, prevención

de la delincuencia, reinserción social y fortalecimiento institucional— lo

cierto es que desde el surgimiento del fenómeno pandilleril, a inicios de

los noventa, la política criminal se ha caracterizado por ser principalmente

punitiva.

Muestra de esa tendencia contra las pandillas han sido las diversas leyes

especiales creadas para su represión2, las continuas reformas al Código

Penal3 relativas a cambios en los tipos penales, creación de nuevo delitos

1 Basado en un ensayo inédito, presentado por el autor en agosto de 2015, durante el curso correspon-

diente al módulo X, Análisis Económico del Derecho, impartido por el profesor argentino Pablo Ianello,

en la Maestría de Derecho Penal Económico de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la

Universidad de El Salvador.

2 El 22 de marzo de 1996 fue emitida la Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen

Organizado, la cual, pese a su nombre, en realidad era una ley represiva contra los jóvenes miembros de

maras o pandillas. Las principales disposiciones de esta ley fueron declaradas inconstitucionales por vio-

lentar derechos fundamentales, mediante sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema

de Justicia, del 14 de febrero de 1997 (Martínez Ventura, 2005, p. 379). El 9 de octubre de 2003, fue

aprobada la Ley Antimaras, la cual, por ser violatoria de diversas garantías y derechos constitucionales, fue

declarada inconstitucional de manera total y absoluta, mediante sentencia de la Sala de lo Constitucional,

el 1 de abril de 2004 (Martínez Ventura, 2005, p. 400).

3 Para un análisis crítico sobre las constantes reformas de corte punitivo a la legislación penal, ver

Martínez Ventura, 2005, pp. 141 a 227. El 1.° de septiembre de 2010, fue aprobada la Ley de Proscripción

de Maras, Pandillas y Grupos de Exterminio que, como su nombre lo indica, estaba dirigida no solo a las

pandillas, sino a grupos armados irregulares de presunta justicia por propia mano. En la práctica esta ley

está vigente pero es escasamente aplicada.