Sentencia Nº 164-2020 de Sala de lo Constitucional, 20-05-2020
| Número de sentencia | 164-2020 |
| Fecha | 20 Mayo 2020 |
| Materia | CONSTITUCIONAL |
| Emisor | Sala de lo Constitucional |
164-2020
Amparo
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las nueve horas
con cuarenta y un minutos del día veinte de abril de dos mil veinte.
Analizada la demanda de amparo planteada por la abogada GAGH en calidad de
apoderada de la señora AR, junto con la documentación anexa, se efectúan las siguientes
consideraciones:
I.1. En primer lugar, debe tomarse en cuenta que dicha demanda ha sido presentada
mediante correo electrónico por la referida abogada.
Al respecto, se debe considerar que el ordenamiento jurídico salvadoreño, como parte de
la tradición jurídica del civil law, da preponderancia a la expresión escrita del Derecho y,
particularmente, de las actuaciones procesales. La Ley de Procedimientos Constitucionales (LPC)
no es la excepción. En los procesos constitucionales que se encuentran previstos en ella, estos
son, el de inconstitucionalidad, amparo y hábeas corpus, se exige que las demandas sean
presentadas por escrito y -salvo excepción- en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional. Así lo
regula el artículo 6 inciso 1° para la demanda de inconstitucionalidad, los artículos 14 y 15 para
la demanda de amparo y el artículo 41 en el caso del hábeas corpus.
Refiriéndose al proceso de inconstitucionalidad, esta Sala ha afirmado en su
jurisprudencia que: “La autenticidad de la firma de quien suscribe la demanda es un requisito
indispensable para verificar la legitimación procesal establecida en el art. 183 Cn. a favor de
cualquier ciudadano salvadoreño. El envío electrónico de un texto que contenga una copia de la
firma de una persona no cumple con el requisito citado. Incluso si la imagen capturada en el
archivo digital correspondiera a la de una firma aparentemente manuscrita, su impresión para el
expediente respectivo sería de todas formas una copia de dicha firma y, en consecuencia, no
podría aceptarse que el documento en cuestión se haya presentado firmado o suscrito por el
remitente” (resolución de improcedencia de 29 de junio de 2018, inconstitucionalidad 34-2014).
A partir de esta consideración, se estimó que un documento enviado por medio de correo
electrónico no puede aceptarse como una forma válida para dar inicio a un proceso de
inconstitucionalidad. Este mismo argumento sería predicable para los procesos de amparo y
hábeas corpus, ya que estos dos, a semejanza de la inconstitucionalidad, inician por demanda
escrita o solicitud tratándose del hábeas corpus.
2. Ahora bien, en la misma resolución se sostuvo que es posible aplicar analógicamente lo
prescrito en el artículo 15 LPC, que se encuentra en el régimen del proceso de amparo. De esto se
sigue que la regla general consistente en la exigencia de presentar la demanda ante la Secretaría
de esta Sala admite excepciones, como todas las demás reglas jurídicas.
Entonces, interesa determinar si, a pesar de que la regla general prescribe que las
demandas deben ser presentadas por escrito ante la Secretaría de la Sala de lo Constitucional,
puede admitirse como excepción su presentación por medio de correo electrónico en los procesos
constitucionales de inconstitucionalidad, amparo y hábeas corpus.
A. En la resolución de 17 de febrero de 2020, inconstitucionalidad 10-2020, se dijo que el
Derecho no se puede aislar de la realidad, sino que debe amoldarse a ella -con sus limitaciones-
para evitar su ineficacia o insuficiencia.
En el contexto actual, constituye un hecho notorio la crisis sanitaria mundial que ha
ocasionado la pandemia causada por el virus Covid-19. Este tipo de hechos está exento de
prueba, según lo dispuesto en el artículo 314 ordinal 2° del Código Procesal Civil y Mercantil -de
aplicación supletoria en el proceso de amparo-. El Salvador, aunque en menor escala que países
como China, Italia, España o Alemania, también se ha visto afectado con esta pandemia,
habiéndose confirmado casos positivos en el territorio nacional y algunas muertes.
En ese sentido, mediante el Decreto Legislativo (D.L.) 593 de 14 de marzo de 2020, la
Asamblea Legislativa declaró el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por Covid-19 y,
como parte de las medidas de prevención para evitar la propagación del virus, dicha autoridad
también emitió el D.L. 594, de esa misma fecha, que contenía la Ley de Restricción Temporal de
Derechos Constitucionales Concretos para Atender la Pandemia Covid-19, dentro del cual se
previeron las limitaciones a la libertad de tránsito, a reunirse pacíficamente y al derecho a no ser
obligado a cambiar de domicilio.
Asimismo, es un hecho público que mediante el D.L. 611 de 29 de marzo de 2020, la
Asamblea Legislativa emitió una nueva Ley de Restricción Temporal de Derechos
Constitucionales Concretos para atender la Pandemia COVID-19, dentro de la cual se
establecieron nuevamente limitaciones a los citados derechos.
De igual manera, constituye un hecho notorio que mediante el Decreto Ejecutivo (D.E.) 14
de 30 de marzo de 2020, el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Salud decretó las “medidas
extraordinarias de prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a
control sanitario, a fin de contener la pandemia Covid-19”, según las cuales, salvo casos
excepcionales, todos los habitantes del territorio de la República debían guardar cuarentena
domiciliar obligatoria, es decir, la libertad de tránsito fue limitada, quedando permitida en casos
específicos, como atender una emergencia médica, acudir a una farmacia o procurarse alimentos
y demás insumos de la canasta básica.
Además, se observa que mediante el D.L. 622 de 12 de abril de 2020, la Asamblea
Legislativa prorrogó las disposiciones relativas al Estado de Emergencia Nacional de la
Pandemia por Covid-19; que por medio del D.E. 19 de 13 de abril de 2020, el Órgano Ejecutivo
en el Ramo de Salud decretó una vez más “medidas extraordinarias medidas extraordinarias de
prevención y contención para declarar el territorio nacional como zona sujeta a control sanitario,
a fin de contener la pandemia Covid-19” y que el 16 de ese mismo mes y año se prorrogó
nuevamente el referido estado de emergencia en virtud del D.L. 631 emitido por la Asamblea
Legislativa.
B. Ningún órgano del Estado o institución pública o privada puede obviar las
consecuencias que acarrean dichas medidas. En ese sentido, la Sala de lo Constitucional es
consciente de su labor jurisdiccional y democrática dentro de la sociedad salvadoreña,
entendiendo que, aún en tiempos de crisis sanitaria, la Constitución sigue siendo garante y
contralora de todo acto estatal y, por la misma razón, esos actos no pueden quedar exentos del
control de constitucionalidad que es inherente a todo Estado de Derecho. Esta Sala, no obstante la
emergencia decretada, no puede paralizar sus actividades y su cometido en la protección de los
derechos fundamentales de las personas; por el contrario, debe adaptarse a las exigencias fácticas
que se presentan, tomando en cuenta no solo consideraciones puramente normativas, sino
humanitarias, sociales, científicas, etc. De hecho, las garantías constitucionales, entendidas como
mecanismos de protección, deben adaptarse a la realidad que pretende normar. El programa
normativo integrado en la Constitución mantiene con la realidad normada un ligamen indisoluble
que no puede soslayarse aun en la emergencia que El Salvador está experimentando.
En razón de las medidas decretadas, y de que la actividad jurisdiccional de la Sala a la
fecha se ha interpretado que no es oficiosa, sino que requiere de la activación ciudadana mediante
la presentación de demandas, existe una probabilidad real de que no puedan ser presentadas o que
resulte imposible hacerlo materialmente en la Secretaría de esta Sala. De ahí que la restricción
para el libre tránsito no debe representar un obstáculo para no proteger de forma efectiva sus
derechos fundamentales y vigilar la constitucionalidad de cualquier acto que pueda ser objeto de
dicho control. Recuérdese que el derecho a la protección jurisdiccional, y en concreto el derecho
de acceso a la jurisdicción constitucional, no es uno de los derechos que esté comprendido como
uno que pueda ser limitado o restringido en aplicación de los referidos decretos.
C. Ante la limitación de la movilidad de las personas de sus domicilios y residencias, es
posible tener en cuenta para los procesos constitucionales el uso de nuevas tecnologías,
entendidas como los avances científicos y tecnológicos que inciden en diferentes aspectos de la
vida humana y de las relaciones sociales. Esto no es más que utilizar la tecnología de la
información y la comunicación, para aprovechar sus funcionalidades, pudiendo sustituir aunque
sea excepcionalmente, el uso de medios tradicionales.
El ordenamiento jurídico salvadoreño no es ajeno a estos avances. Ejemplo de ello es el
artículo 66 de la Ley de Acceso a la Información Pública, que dispone que “cualquier persona o
su representante podrán presentar ante el Oficial de Información una solicitud en forma [...]
electrónica...”. Asimismo, el sistema de notificación electrónica implementado por la Corte
Suprema de Justicia, y que es utilizado por esta Sala y la mayoría de tribunales de la república.
3. Tomando como base los argumentos expuestos, es posible afirmar que la regla de
presentación de las demandas por escrito ante la Sala de lo Constitucional puede admitir una
excepción, pues hay un principio subyacente a la regla antedicha que, dadas las circunstancias
fácticas específicas del caso, debe ser sopesado. Tal como se sostuvo en las resoluciones de 10 de
febrero de 2020 y de 18 de marzo de 2020, inconstitucionalidades 6-2020 y 21-2020, por su
orden, se trata del derecho a la protección jurisdiccional, que se manifiesta, entre otras cosas, en
los derechos de acceso a la jurisdicción y de ejecución de las resoluciones judiciales.
Esta es una postura que ha sido adoptada por esta Sala en decisiones pasadas (ej.,
sentencia de 12 de noviembre de 2010, inconstitucionalidad 40-2009). En este caso, no admitir la
excepción a la regla, sobre todo por la naturaleza de los procesos constitucionales, implicaría
anular las posibilidades fácticas de satisfacción del acceso a la jurisdicción en forma oportuna y
de la ejecución de la resolución judicial que se pronuncie, puesto que el acto que se impugna, en
algunos casos, ya habría agotado sus efectos si se requiere su presentación de forma escrita y
personal. Como lo sostuvo esta Sala en la inconstitucionalidad 34-2014, ya citada, debido a que
el Derecho procesal constitucional debe ser entendido como un Derecho al servicio del
cumplimiento de la Constitución y, como tal, dinámico y garantista (sentencia de 4 de marzo de
2011, amparo 934-2007), las formas procesales deben ser flexibilizadas a fin de maximizar la
protección de los derechos fundamentales y del orden constitucional, evitando la sujeción
desmedida a rigorismos y formalidades que únicamente constituyen ataduras o limitaciones a la
consecución de su objeto, más en situaciones excepcionales como la que vive el país desde hace
varias semanas.
En efecto, en una situación de vigencia de un régimen de excepción -tal como en la que se
encontraba el país en el momento en el que se planteó la demanda de este proceso-, el rechazo
liminar de demandas presentadas por correo electrónico y no por escrito ante la Secretaría de la
Sala de lo Constitucional, desincentivaría a las personas a ejercer su derecho a la protección
jurisdiccional en caso de vulneración de sus derechos.
En consecuencia, debido a la situación empírica concreta de este caso y a la existencia de
precedentes relevantes para la decisión, esta Sala exceptuará las reglas contenidas en los artículos
6 inciso 1°, 14, 15 y 41 LPC, mediante una interpretación extensiva que, en consonancia con los
criterios específicos de interpretación de disposiciones de derechos fundamentales, maximice la
fuerza expansiva y optimizadora del derecho a la protección jurisdiccional, contenido en el
artículo 2 inciso 1° Cn. (sentencia de 14 de diciembre de 2012, inconstitucionalidad 103-2007) y
analizará, en adelante, y mientras se mantengan las circunstancias extraordinarias causadas por la
pandemia generada por el Covid-19, las demandas remitidas por los ciudadanos al correo
electrónico institucional de esta Sala. Dichas demandas deberán cumplir al menos con los
elementos mínimos indispensables para tener conocimiento de la pretensión.
En todo caso, tanto los ciudadanos remitentes como la Secretaría de la Sala deberán ser
diligentes en hacer un uso adecuado de este sistema de presentación de demandas. En el caso de
los demandantes, deberán utilizarlo de manera responsable y asegurar el correcto envío de las
mismas, adjuntado de manera digital la documentación completa que consideren pertinente para
cada tipo de acción, y cumpliendo con las exigencias formales (al menos las esenciales) que
establece la LPC. Corre por cuenta de la Secretaría de la Sala la confirmación de recepción y
trámite posterior.
Asimismo, deberá tenerse en cuenta el respeto de los plazos procesales establecidos por la
LPC, pues la excepción en la forma de presentación de las demandas no puede ser excusa para
alterar los procesos, ya que esa forma se infringiría el principio de legalidad y se afectaría la
seguridad jurídica.
II. Expuesto lo anterior, se advierte que, en síntesis, la referida profesional indica que su
representada salió del país el 4 de marzo de 2020 con destino a los Estados Unidos de América
“... proyectando que regresaría a El Salvador...” el 24 de ese mismo mes.
Sin embargo, manifiesta que el 14 de marzo de 2020 la Asamblea Legislativa emitió el
D.L. 594 que contiene la “Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales concretos
para atender la Pandemia por Covid-19” mediante la cual se suspendieron por el plazo de 15 días
algunos derechos constitucionales. Aclara que el referido D.L. fue expreso en precisar que no
comprendía en ningún caso la libertad de ingresar al territorio de toda persona salvadoreña.
Ahora bien, expone que “... con la informalidad que caracteriza al Presidente ya que no
publica sus actos administrativos íntegros en portales institucionales...” ordenó por medio de
Twitter el 17 de marzo de 2020 cerrar las operaciones del Aeropuerto Internacional de El
Salvador “San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez” desde ese día por el plazo de 15 días, lo cual
se mantiene hasta la fecha.
En ese sentido, señala que dicha decisión ha provocado “... una crisis humanitaria...” para
su poderdante y cientos de salvadoreños alrededor del mundo que han perdido su vuelo de
regreso al país y no se les permite retomar.
Asimismo, acota que con fecha 29 de marzo de 2020 la Asamblea Legislativa aprobó el
D.L. 611 que contiene la “Ley de Restricción Temporal de Derechos Constitucionales concretos
para atender la Pandemia por COVID-19” en el que también se estableció que no comprendía en
ningún caso la libertad de ingresar al territorio de toda persona salvadoreña.
Además, indica que a su mandante se le está privando de la asistencia médica por parte del
Estado ante el potencial riesgo de adquirir Covid-19 en los Estados Unidos de América, ya que en
dicho país no contaría con servicios médicos por carecer de un seguro de salud en tal lugar.
En consecuencia, estima vulnerados los derechos a la libertad de circulación y salud de su
representada.
III. De ese modo, resulta pertinente hacer mención de ciertas omisiones e imprecisiones
que imposibilitan la adecuada configuración de la pretensión.
La abogada de la parte actora dirige su reclamo contra el Presidente de la República por
haber ordenado vía Twitter el 17 de marzo de 2020 cerrar las operaciones del Aeropuerto
Internacional de El Salvador por el plazo de 15 días, decisión que se mantiene hasta la fecha y
que considera que niega “... el derecho a retornar al país...” de la pretensora, pese a que ese
derecho de regreso le fue reconocido en los D.L. 594 y 611 emitidos por la Asamblea Legislativa
los días 14 y 20 de marzo de 2020, respectivamente.
De lo anterior, parecería que la abogada de la interesada pretende encaminar su reclamo
contra el Presidente de la República por presuntamente haber ordenado como una medida de
prevención del Covid-19 el cierre temporal de operaciones del Aeropuerto Internacional de El
Salvador; sin embargo, también menciona que se le ha imposibilitado el regreso al país.
Al respecto, la jurisprudencia constitucional -sobreseimiento de 21 de junio de 2017,
amparo 346-2015- ha establecido que para el válido desarrollo del proceso de amparo es preciso
que la demanda sea planteada contra las autoridades que hayan declarado su voluntad o decisión
respecto de la materialización o consumación de determinadas situaciones fácticas o jurídicas; es
decir, el reclamo debe dirigirse contra las autoridades que hayan desplegado potestades decisorias
sobre el acto cuyo control de constitucionalidad se solicita.
Con relación a ello, se advierte que mediante auto de 8 de abril de 2020, esta Sala admitió
la demanda del amparo 167-2020 -en la que se han impugnado situaciones vinculadas con las
expuestas en este amparo- para controlar la constitucionalidad de: i) la instrucción emitida por el
Presidente de la República de cerrar temporalmente el mencionado aeropuerto, únicamente en lo
que respecta a su efecto de impedir el ingreso por vía aérea de salvadoreños provenientes del
exterior; ii) la clausura de las pistas de ese aeropuerto para vuelos comerciales de pasajeros por
parte de los titulares de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, solamente en relación con el
ingreso de salvadoreños provenientes del extranjero; iii) la omisión de la Ministra de Relaciones
Exteriores de garantizar el retorno de los demandantes de ese amparo, así como de otros
salvadoreños que se encuentran fuera del país temporalmente; y iv) el cierre de atenciones a
pasajeros salvadoreños que desean retornar al país provenientes del extranjero en el citado
aeropuerto por parte del Director General de Migración y Extranjería. Lo anterior, por la
presumible vulneración de los derechos a la libertad de circulación -en su manifestación de la
libertad de entrar y permanecer en el territorio de la República- y a la protección no
jurisdiccional.
En ese sentido, es necesario prevenir a la referida profesional que aclare cuáles son las
autoridades estatales específicas contra las que dirige su reclamo y el acto u omisión concreto que
le atribuye a cada una de ellas, junto con los motivos por los que considera que estos lesionan
derechos fundamentales.
IV. En otro orden, se observa que la citada abogada solicita que no se mencione su
nombre ni el de la peticionaria en ninguna de las resoluciones en los “portales” de la Corte
Suprema de Justicia. Ello, porque por su condición de mujeres siente que podrían ser vulnerables
ante el uso que el Presidente de la República realiza de la información en sus distintas redes
sociales “... de las personas que plantean pretensiones en contra de sus intereses...”.
Al respecto, es procedente aclarar que -en todo caso- la publicación de jurisprudencia del
Órgano Judicial y, por ende, de esta Sala, se realiza mediante versiones anonimizadas, es decir,
sin divulgar nombres ni generales de los intervinientes dentro de los procesos, por lo que resulta
innecesario emitir un pronunciamiento respecto a su requerimiento.
V. Asimismo, se advierte que la abogada GH ha señalado un lugar, un número de
teléfono y un correo electrónico para recibir notificaciones.
Ahora bien, esta Sala cuenta con un Sistema de Notificación Electrónica y el artículo 170
del Código Procesal Civil y Mercantil -de aplicación supletoria en el proceso de amparo- dispone
que “... [e]l demandante, el demandado y cuantos comparezcan en el proceso deberán determinar
con precisión, en el primer escrito o comparecencia, una dirección dentro de la circunscripción
del tribunal para recibir notificaciones, o un medio técnico, sea electrónico, magnético o de
cualquier otra naturaleza, que posibilite la constancia y ofrezca garantías de seguridad y
confiabilidad...”.
Así, pese a que los números telefónicos por regla general no generan fiabilidad y que no
existe constancia que el correo de la referida profesional se encuentre registrada en el Sistema de
Notificación Electrónica de la Corte Suprema, se deberá tomar nota del lugar y de ambos medios
electrónicos en virtud de la situación excepcional de la actora.
POR TANTO, con base en las razones expuestas y de conformidad con el artículo 18 de
la Ley de Procedimientos Constitucionales, esta Sala RESUELVE:
1. Tiénese a la abogada GAGH en calidad de apoderada de la señora AR, por haber
acreditado debidamente la personería con la que actúa en este proceso.
2. Previénese a la abogada GH que, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir
del siguiente al de la notificación respectiva, señale con claridad y exactitud las autoridades
estatales específicas contra las que dirige su reclamo y el acto u omisión concreto que le atribuye
a cada una de ellas, junto con los motivos por los que considera que estos lesionan derechos
fundamentales, para lo cual deberá tomar en cuenta las observaciones efectuadas en este auto.
3. Tome nota la Secretaría de esta Sala del lugar y los medios electrónicos indicados por
la apoderada de la parte actora para recibir actos procesales de comunicación.
4. Notifíquese.
------A. PINEDA ------A E CÁDER CAMILOT -----C S AVILÉS ------C. SÁNCHEZ ESCOBAR-----
-----M. DE J. M. DE T ------ PRONUNCIADO POR LOS SEÑORES MAGISTRADOS QUE LO
SUSCRIBEN --------------------E. SOCORRO C.--------SRIA-----RUBRICADAS.
