Sentencia Nº 339-2013 de Sala de lo Contencioso Administrativo, 08-09-2022

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Sentido del fallo	INADMISIBILIDAD
Materia	Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa -DEROGADA
Fecha	08 Septiembre 2022
Número de sentencia	339-2013
Emisor	Sala de lo Contencioso Administrativo

339-2013

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA: San Salvador, a las quince horas cinco minutos del ocho de septiembre de dos mil

veintidós.

El presente proceso contencioso administrativo ha sido promovido por MOLINOS DE EL

SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia MOL, S.A.

DE C.V., por medio de sus apoderados generales judiciales con cláusulas especiales, Lcdos.

Blanca A..C.L. y V.G.alupe De Paz, y de sus apoderados generales

judiciales y extrajudiciales con cláusula especial, L.. C.R.M..L. y el Dr.

E.A.A..R., contra el gerente financiero de la unidad de fiscalización tributaria

y el concejo, ambos de la Municipalidad de San Salvador, por la supuesta nulidad de pleno

derecho de los siguientes actos administrativos.

A) La resolución con referencia *******7, emitida por el gerente financiero de la unidad

de fiscalización tributaria del municipio de San Salvador a las 13:05 horas del 15 de diciembre de

2011, que determinó las siguientes cantidades expresadas en dólares de los Estados Unidos de

América, a cargo de MOLINOS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL

VARIABLE, que se abrevia MOL, S.A. DE C.V., (i) impuesto complementario por ocho mil

quinientos cincuenta y ocho con diecinueve centavos ($8,558.19), correspondiente al ejercicio

fiscal de 2007; ocho mil trescientos dos con veinte centavos ($8,302.20), respecto del ejercicio

de 2008; y, siete mil setecientos dieciocho con cincuenta seis centavos ($7,718.56), con relación

del ejercicio de 2009. (ii) Multas por la falta de pago del impuesto por las cantidades de

ochocientos cincuenta y cinco con ochenta y dos centavos ($855.82), respecto del ejercicio de

2007; ochocientos treinta con veintidós centavos ($830.22); y, setecientos setenta y uno con

ochenta y seis centavos ($771.86) y una multa adicional, por diferencia de inventarios, por la

cantidad de cincuenta y siete con catorce centavos ($57.14), para el ejercicio de 2009.

B) La resolución emitida por el concejo municipal de San Salvador, el 16 de enero de

2013 que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución supra y, por

ende, ratificó la misma.

Han intervenido en el proceso: la parte actora, en la forma indicada; como autoridad

demandada, el gerente financiero de la unidad de fiscalización tributaria, hoy gerente de gestión

tributaria, y el concejo, todos de la Alcaldía Municipal de San Salvador, este último por medio de

su apoderado general judicial con cláusula especial, L.. R.G.A.; y, el Fiscal

General de la República, por medio de su agente auxiliar y delegada, Lcda. K.L.orena

S.P..

LEÍDOS LOS AUTOS Y CONSIDERANDO.

I. La sociedad demandante manifiesta que es una empresa que posee activos en los

municipios de San Salvador, Ciudad Arce, S..A. y San Miguel y, por ello, tributa en cada

uno de ellos; no obstante el cumplimiento voluntario en el primero de los municipios aludidos, la

Administración Tributaria demandada inició una fiscalización para los ejercicios tributarios de

2007, 2008 y 2009 que culminó con la emisión de la resolución proveída por la gerencia

financiera de la unidad de fiscalización tributaria, el 15 de diciembre de 2011, por medio de la

cual aplicó a la cuenta con código de actividad económica ********** un complemento de

impuesto y multas por omisión de pago y por diferencia de inventarios, correspondiente a los

mencionados ejercicios tributarios (primer acto administrativo impugnado).

Inconforme con la anterior determinación tributaria, señala la actora que contra ella

interpuso un recurso de apelación para/ante el concejo municipal de San Salvador, el que, por

medio del segundo acto administrativo impugnado, fue declarado sin lugar y del que tuvo noticia

el 25 de enero de 2013.

II. La actora señala que la Administración pública demandada, cometió los siguientes

vicios constitutivos de nulidad de pleno derecho: (i) la inexistencia de cobertura legal, tanto para

iniciar como para concluir el procedimiento de determinación oficiosa de tributos y de su ulterior

confirmación; (ii) transgresión del principio de congruencia procesal, porque no fueron resueltas

todas las pretensiones expuestas por la demandante en el procedimiento administrativo; (iii)

vulneración del principio a la interdicción de la doble tributación y, por ello, considera que se ha

transgredido lo dispuesto en los arts. 104. 105 y 106 de la Ley General Tributaria Municipal

(LGTM); y, (iv) ausencia de la competencia territorial de las autoridades demandadas, para

incluir activos de otras circunscripciones municipales en la base imponible correspondiente a San

Salvador.

III. Por medio del auto de las 14:12 horas del 14 de agosto de 2013 (f. 45) y según el art.

15 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa emitida mediante Decreto Legislativo

n° 81, del 14 de noviembre de 1978, publicado en el Diario Oficial n° 236, Tomo 261, del 19 de

diciembre de 1978, en adelante LJCA, ordenamiento derogado pero aplicable al presente caso en

virtud del art. 124 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa vigente, se admitió la

demanda, se tuvo por parte a la sociedad demandante, por medio de su apoderada general judicial

con cláusula especial, L.. Blanca A.C.L..

En el auto relacionado, se requirió de las autoridades demandadas, conforme con el art. 20

LJCA, que informaran sobre la existencia de los actos administrativos impugnados que se les

atribuyen, se suspendieron provisionalmente la ejecución de los actos administrativos

impugnados, en el sentido que mientras dure la tramitación del presente proceso, no se deberá

exigir de la sociedad demandante el pago de la obligación tributaria, ni se tendrá, por la presente

deuda pública, como insolvente tributaria. Además, se requirió de las autoridades demandadas, el

expediente administrativo relacionado con el presente proceso.

Las autoridades demandadas, contestaron el informe supra e implícitamente confirmaron

la existencia de los actos administrativos impugnados, por medio del escrito presentado el 11 de

octubre de 2013 (f. 49).

A través de la resolución de las 14:04 horas del 29 de octubre de 20136 (f. 64), esta sala

exigió de las autoridades demandadas el informe que regula el art. 24 LJCA, ordenó la

notificación de la existencia de este proceso al F.G.eneral de la República, acusó de recibido

el expediente administrativo requerido y confirmó la medida cautelar decretada supra. Las

autoridades demandadas cumplieron con la presentación del informe justificativo, por medio del

escrito presentado el 6 de junio de 2014 (fs. 72 al 74). Posteriormente, este tribunal, mediante el

auto de las 14:26 horas del 16 de junio de 2014 (f. 76), dio intervención a la Lcda. K.L.

S.P., en calidad de agente auxiliar y delegada del Fiscal General de la República y, de

conformidad con el art. 26 LJCA, abrió a pruebas el proceso. Las autoridades demandadas, en el

escrito agregado a fs. 81 y 82, ofrecieron como prueba documental la relacionada en la razón

suscrita por el secretario de esta sala a f. 83; por su parte, la demandante, por medio del escrito

agregado de fs. 101 al 109, ofreció como prueba tanto el expediente administrativo que las

autoridades presentaron a esta sala como la documentación añadida al escrito de demanda.

Finalmente, por medio del auto de las 15:05 horas del 24 de agosto de 2015 (f. 151), se

corrieron los traslados que ordena el art. 28 LJCA. Tanto la demandante como las autoridades

demandadas, a través los escritos presentados el 9 de noviembre de 2015 y 17 de diciembre del

mismo año (fs. 166-174 y 182-184) hicieron uso del traslado conferido y ratificaron lo expuesto

en la demanda y en el informe justificativo de legalidad, respectivamente.

El Fiscal General de la República, representado por la agente auxiliar y delegada supra,

hizo uso de esta etapa procesal por medio del escrito presentado el 8 de febrero de 2016 (fs. 203

al 205), en el que, luego de hacer descripciones tanto de los actos administrativos impugnados

como de las pretensiones y una explicación sucinta de disposiciones legales y doctrina, manifestó

que «(…) la Administración Tributaria Municipal al realizar la determinación de impuesto, erró

al verificar la ocurrencia del (sic) uno de los elementos del hecho generador; siendo esto (sic) el

elemento espacial, ya que las autoridades demandadas manifiestan que la sociedad demandante

con respecto a los activos o inversiones que posee en otras jurisdicciones en los ejercicios 2007,

2008 y 2009, que pudieron ser objeto de deducción en la Municipalidad de San Salvador, no

presentaron ninguna prueba documental fehaciente para comprobar tal aseveración; sino que

solo se limitaron a presentar los Balances y las certificaciones de las escrituras de propiedad de

los inmuebles que poseen en Ciudad Arce, S.A. y San Miguel; no así que tales activos se

encontraban gravados tributariamente en los Municipios donde operan; por lo que las

autoridades demandadas procedieron a imponerle a la sociedad actora cuota complementaria de

impuestos municipales por los ejercicios antes mencionados, que es lo que constituye los actos

controvertidos. Por lo que se concluye que las autoridades demandadas han violentado el

Principio de Legalidad Tributaria (sic) al pretender imponer impuestos municipales sin una Ley

(sic) previa que los faculte, por actividades efectuadas fuera de su jurisdicción Municipal (sic)».

IV. Expuestas las actuaciones del curso del presente proceso, esta sala debe emitir la

decisión que conforme a derecho corresponde sobre la controversia planteada.

A.D. de las pretensiones

Este tribunal, en estricto cumplimiento del principio de congruencia procesal regulado en

el art. 32 inc. 1º LJCA, está obligado a pronunciarse respecto de las pretensiones vertidas y

controvertidas en el proceso como de todos aquellos incidentes que se susciten en el mismo.

Al respecto, el inc. 1º del referido artículo establece: «La sentencia recaerá

exclusivamente sobre los asuntos que han sido controvertidos, declarará la legalidad o

ilegalidad del acto impugnado, y contendrá el pronunciamiento que corresponda a las costas,

daños y perjuicios, conforme al derecho común». De ahí, se procederá a establecer la procedencia

y delimitación de las pretensiones conforme a la argumentación expuesta por la demandante.

1. La sociedad demandante, por medio de la demanda presentada el 25 de julio de 2013

(fs. 1 al 18) ha expuesto, en abundancia, consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales sobre

ciertos tópicos (entre otros, los principios de eventualidad procesal, seguridad jurídica, legalidad,

verdad material, audiencia, defensa y debido proceso), con lo que pretende demostrar los

supuestos vicios constitutivos de nulidad de pleno derecho, cometidos por la Administración

Tributaria Municipal demandada.

No obstante la plétora exposición doctrinal y jurisprudencial, en poca medida hilvana la

vulneración en su particular esfera jurídica. Esa deficiencia incumbe directamente con la

legitimación procesal que alude a la especial condición o vinculación activa o pasiva de uno o

varios sujetos con el objeto litigioso. Tal categoría indica, en cada caso, quiénes son los

verdaderos titulares de la relación jurídica material que se intenta dilucidar en el ámbito del

proceso y cuya participación procesal es necesaria para que la sentencia resulte válida y eficaz.

2. El art. 9 LJCA regula, conforme a la clásica dicotomía liberal de la tutela de los dos

intereses contrapuestos (público y privado), quiénes tienen legitimación activa para demandar

ante esta jurisdicción: “(…) los titulares de un derecho que se considere infringido y quien

tuviere un interés legítimo y directo en ello”. De ahí, un sujeto está legitimado para ser parte

procesal, cuando le acude una vinculación, atribuida volitivamente, con el bien o derecho que

pretende se tutele jurisdiccionalmente.

No obstante, esa vinculación (interés jurídicamente protegido), se presenta de (i) una

forma simple cuando, hasta objetivamente y con un mínimo de actividad intelectiva (muchas

veces en actividad de auto atribución), se establece una relación directa entre el sujeto y el objeto

o derecho susceptible de tutela jurisdiccional (v. gr.: la mera invocación de la inexistencia en la

tutela de una garantía individual, como el de audiencia que, a partir de su vulneración, hace

presuponer indeclinablemente la violación del derecho individual de defensa ); o de (ii) una

forma más compleja, cuando el interés no se corresponde, por lo menos directamente, con el

objeto o derecho que se pretende tutelar, pues se necesita de una mayor explicación intelectiva de

la demandante para hilvanar al sujeto con el objeto o derecho litigioso ya que, sea por la

abstracción del derecho objetivo o por la forma en la configuración de la conducta, de la mera

invocación de la jurisprudencia o doctrina o el derecho objetivo no se explica, per se, la

trascendencia en la particular esfera del sujeto pretensor (v.gr.: la invocación en abstracto del

principio de legalidad, hasta con abundante explicación doctrinaria y jurisprudencial de su

existencia y contenido, sin más).

3. La demandante, por medio de su apoderada general judicial con cláusula especial, L..

Blanca A..C..L., expuso lacónicamente cómo la Administración Tributaria

Municipal de San Salvador le ha vulnerado su esfera de derechos y libertades de la siguiente

manera.

a) «(…) es evidente que para iniciar un procedimiento administrativo, para concluir el

mismo, mediante un acto administrativo y para su ulterior confirmación, la administración debe

tener una cobertura legal de su actuación. En nuestro caso, tal cobertura nunca existió» (f. 5

fte.)

b) «La competencia del funcionario establecido (sic) en el artículo 86 inciso final de la

Constitución de la República, de conformidad con la normativa aplicable la autoridad

demandada no es competente para dictar actos como los impugnados en el presente proceso, lo

cual los vuelve inconstitucionales e ilegales» (f. 6 vto.).

c) «(…) este último [para referirse al principio de congruencia] dado que la resolución no

comprendió todas las pretensiones y fundamentos propuestos por las partes durante el

procedimiento por lo que, la resolución (sic) es nula de pleno derecho al no reunir los requisitos

de validez del acto administrativo (…)» (f. 7 fte.).

d) En ocasión de describir los elementos de la obligación tributaria municipal, en

particular el espacial, «tal como sucede en el presente caso, ya que hay activo (sic) invertidos en

otras jurisdicciones, por lo que se ha quebrantado lo establecido en los arts. 104, 105 y 106 de la

Ley General Tributaria Municipal» (f. 7 vto.).

e) «(…) se ha probado plenamente en autos que nuestra representada posee activos en

otras circunscripciones territoriales, y por ende, la tasación de impuestos que se nos pretende

efectuar sobre los mismos, es nula de pleno derecho por ser esa gerencia [demandada]

manifiestamente incompetente por razón de territorio para hacerlo, dado que la Tarifa de

Arbitrios de la Municipalidad de San Salvador establece claramente que los activos radicados en

otras circunscripciones territoriales podrán ser deducidos de la base imponible para el cálculo

de los impuestos municipales de San Salvador, lo cual implica que dichos inmuebles se

encuentran bajo competencia y autoridad de los municipios en que se encuentran ubicados, por

lo que debemos concluir que de conformidad a nuestro ordenamiento jurídico vigente, ese

municipio únicamente tiene competencia para actuar en San Salvador, la cual constituye su

respectiva circunscripción territorial previa y debidamente delimitada» (f. 15 fte.).

4. De forma liminar se denota que, conforme a las pretensiones transcritas en las letras “a”

y “b”, la demandante se ha referido a un vicio de competencia territorial y, con ello, bastaría que

esta sala, de forma simple, dilucide si las autoridades demandadas están investidas de la

atribuciones para actuar dentro del territorio del municipio de San Salvador; no obstante, cuando

explica por qué considera que los funcionarios no gozan de esa competencia horizontal,

manifiesta, por medio de la pretensión descrita en la letra “e”, que la parte demandada, al no

haber excluido de la base imponible del tributo a unos activos de otras circunscripciones

municipales, no tenían la competencia para gravar.

Es indefectible que la argumentación tiene su asiento en la ilegalidad de la cuantificación

de la base imponible del impuesto sobre los activos; circunstancia muy diferente a la

incompetencia territorial alegada. La comprobación de la falacia argumentativa descrita es

asequible por el resultado de comprobación: De tal forma que, si se determina que los activos

pertenecen a otras municipalidades, la conclusión indefectible sería la ilegal cuantificación de la

base imponible pero, no existe ninguna cohesión lógica entre el resultado y la competencia de los

funcionarios que puedan cometer dicha irregularidad; por otro lado, si se determina que la base

imponible está legalmente determinada, tampoco existe alguna coherencia con la competencia

cuestionada. Y es que en ambos supuestos (la legalidad o ilegalidad de la base imponible)

depende de la comprobación fáctica de la ubicación de unos inmuebles y, por el contrario sin

ninguna conexión lógica, la competencia depende de la constatación objetiva de las facultades

otorgadas por el legislador.

En consecuencia, no obstante que la sociedad actora afirme que existe un vicio de

configuración del acto administrativo por la ausencia del elemento objetivo (específicamente la

competencia territorial), de la explicación volitiva se infiere indefectiblemente que el supuesto

vicio consiste en la errónea cuantificación de la base imponible del tributo por la inclusión

ilegítima de activos pertenecientes a otros municipios que, unificado coherentemente con la

pretensión transcrita en la letra “d”, conlleva al conocimiento de la violación del elemento

espacial de la obligación tributaria municipal y la constatación de la transgresión del principio

de interdicción a la doble tributación. Por ello, esta sala deberá conocer de dicho vicio conforme

a los alcances establecidos.

Por último, también se conocerá de la pretensión descrita en la letra “c” supra: la supuesta

violación del principio de congruencia.

5. En definitiva, las pretensiones que esta sala deberá conocer como supuestos de nulidad

de pleno derecho serán: (i) errónea cuantificación de la base imponible y, con ello, de la

transgresión del principio de prohibición a la doble tributación; y, (ii) violación del principio de

congruencia.

B.V. configuradores de nulidad de pleno derecho

1. El artículo 2 LJCA establece que la competencia de esta sala se circunscribe al

conocimiento de las controversias que se suscitan en relación con la legalidad de los actos de la

Administración Pública. Consecuentemente, el art. 7 del mismo cuerpo normativo determina que

se admite la impugnación de actos administrativos cuando éstos sean nulos de pleno derecho.

Ahora, a la fecha de emisión de los actos administrativos impugnados y estando vigente la

LJCA en los términos expuestos supra; no existía regulación que fijara los supuestos a los cuáles

se atribuye dicha consecuencia jurídica —nulidad de pleno derecho—.

Es hasta 2019 que una ley secundaria ha venido a regular los supuestos constitutivos de

nulidad de pleno derecho, siendo esta la Ley de Procedimientos Administrativos emitida por

Decreto Legislativo 856 del 15 de diciembre de 2017 y publicada en el Diario Oficial 30 Tomo

418, del 13 de febrero de 2018, con una vigencia a partir de 12 meses después de la referida

publicación.

Ahora bien, si la ley reconoce a este tribunal la facultad y el deber de admitir la

impugnación de actos viciados de nulidad de pleno derecho, la falta de un ordenamiento que

regule de forma expresa tal categoría, no exime la obligación de analizarla y calificarla.

En la línea de lo dicho, este ente jurisdiccional, encargado del control de la legalidad de

los actos de la Administración Pública, está obligado, ante la impugnación de actos por nulidad

de pleno derecho, a determinar si los concretos vicios alegados en cada caso encajan o no en

dicha categoría.

Naturalmente, tal calificación ha de realizarse de forma rigurosa, con razonamientos

objetivos y congruentes propios de la institución de la nulidad y, además, sustentarse en el

ordenamiento jurídico interno.

Ahora bien, tal como lo ha sostenido esta oficina en reiterada jurisprudencia, la nulidad de

pleno derecho es una categoría de invalidez caracterizada por una especialidad que la distingue

del resto de vicios que invalidan los actos de la Administración.

Es generalmente aceptada la cualificación de los vicios o deficiencias que afectan la

validez del acto administrativo en dos categorías: nulidad relativa (anulabilidad) y nulidad

absoluta (nulidad de pleno derecho).

La doctrina no es uniforme al abordar el tema de la nulidad de pleno derecho, pero

coincide en reconocerle un alto rango y una naturaleza especial que la distinguen de los otros

supuestos de invalidez. Se establece, precisamente, que ésta constituye el “grado máximo de

invalidez” que acarrea consecuencias como la imposibilidad de subsanación, imprescriptibilidad e

ineficacia ab initio. En este orden de ideas, la nulidad de pleno derecho tiende a identificarse por

la especial gravedad del vicio.

En lo que importa al presente caso debe señalarse que, según la doctrina del derecho

administrativo, los actos administrativos están afectados de vicios de nulidad absoluta o de pleno

derecho cuando: (i) son dictados por una autoridad manifiestamente incompetente por razón de la

materia o del territorio, (ii) son dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento

legalmente establecido, se omiten los elementos esenciales del procedimiento previsto, o los que

garantizan el derecho a la defensa de los interesados, (iii) su contenido es de imposible ejecución,

ya sea porque existe una imposibilidad física de cumplimiento o porque la ejecución del acto

exige actuaciones que resultan incompatibles entre sí, (iv) se trata de actos constitutivos de

infracción penal o de actos dictados como consecuencia de aquéllos y, (v) en cualquier otro

supuesto que establezca expresamente la ley (D.B., Derecho Administrativo. Volumen

1 °. Editorial T.L.B.. S.L.V.. 2010. Página 468).

Estos supuestos han sido retomados por esta sala para realizar el análisis de la pretensión

deducida bajo la forma de una nulidad de pleno derecho (verbigracia, las sentencias referencias:

632-2016, de las 08:10 horas del 7 de febrero de 2017; 361-2012, de las 15:00 horas del 4 de

diciembre de 2017; 68-2015, de las 12:23 horas del 24 de agosto de 2018; y, 248-2014, de las

14:50 horas del 6 de mayo de 2019).

Precisado esto, debe reafirmarse que es competencia de este tribunal conocer y decidir

sobre las pretensiones formuladas por los justiciables cuyo fundamento jurídico sea la alegación

relativa a la existencia del vicio de “nulidad de pleno derecho”, y determinar, en cada caso, si tal

vicio encaja en esta categoría especial de invalidez.

2. En este punto resulta importante señalar que una pretensión contencioso administrativa,

esgrimida bajo la forma de una “nulidad de pleno derecho”, tiene a su base la alegación de vicios

con características particulares que los diferencian tajantemente de aquellos vicios de mera

“anulabilidad” o nulidad relativa.

En este sentido, y sin el ánimo de agotar distintivos, los vicios de nulidad de pleno

derecho, tal como se ha señalado, tienen a su base causas tasadas, por otra parte, se trata de vicios

cuya alegación es imprescriptible, con efectos retroactivos, de orden público, concretándose en

afectaciones insubsanables del ordenamiento jurídico. Por el contrario, los vicios de nulidad

relativa o “anulabilidad” aluden a cualquier vicio capaz de afectar la validez de un acto

administrativo diferente a aquellos constitutivos de nulidad de pleno derecho —criterio

residual—, además, se trata de vicios cuya alegación prescribe, sus efectos no son retroactivos y

sus afectaciones al ordenamiento jurídico pueden ser subsanables.

La anterior diferencia resulta trascendental puesto que el planteamiento de una u otra

pretensión —nulidad de pleno derecho o, en su caso nulidad relativa o anulabilidad—determina

cuáles son los presupuestos procesales que este tribunal debe analizar para admitir la demanda

respectiva.

Por ejemplo, ante el planteamiento de una demanda cuya pretensión es la nulidad relativa

o “anulabilidad” de una actuación administrativa, el legislador exige como presupuesto para el

acceso a la jurisdicción contencioso administrativa, entre otras condiciones, el agotamiento de la

vía administrativa, en tiempo y forma, y la presentación de la demanda dentro del plazo de 60

días hábiles contados a partir del siguiente al de la notificación de la actuación que causa agravio.

Por el contrario, cuando se trata de una pretensión de nulidad de pleno derecho, formulada de

acuerdo con los presupuestos objetivos que suponen la configuración de tal vicio insubsanable,

el actor es eximido del agotamiento de la vía administrativa previa y del plazo para la

presentación de la demanda.

3. En el caso de mérito, la impetrante señala que las actuaciones administrativas

impugnadas adolecen de dos vicios constitutivos de nulidad de pleno derecho: (i) errónea

cuantificación de la base imponible y, con ello, de la transgresión del principio de prohibición a

la doble tributación porque, para la cuantificación de la base imponible del tributo, se gravaron

activos que pertenecen a otras circunscripciones territoriales; y, (ii) violación del principio de

congruencia, porque para la emisión del primer acto administrativo impugnado, el funcionario

emisor no se pronunció de las pretensiones vertidas por la demandante.

Al respecto, esta sala advierte que indubitablemente ninguno de los vicios invocados, se

erigen como supuestos de nulidad de pleno derecho o nulidad absoluta de los actos

administrativos.

Así, analizado el sentido y concreción de los argumentos jurídicos de esta parte de la

pretensión (errónea cuantificación de la base imponible del tributo y, como consecuencia, la

violación del principio de interdicción a la doble tributación y del principio de congruencia),

esta sala advierte que los mismos están orientados a justificar la ilegalidad de las actuaciones

administrativas impugnadas por algún supuesto que no constituye una nulidad de pleno derecho.

De ahí que, al no ser vicios constitutivos del mencionado “grado máximo de invalidez”, este

tribunal no se pronunciará sobre su configuración.

Por otra parte, este tribunal constata que conforme con el art. 7 letra a) LJCA, la parte

actora cumplió con el requisito del agotamiento de la vía administrativa para habilitar el

conocimiento de dichas pretensiones de las supuestas violaciones, como supuestos regulares de

ilegalidad.

El aludido art. 7 letra a) regula: «No se admite la acción contencioso administrativa

respecto a los siguientes actos: a) los consentidos expresamente, y aquéllos en que no se haya

agotado la vía administrativa. Se entiende que está agotada la vía administrativa, cuando se

haya hecho uso en tiempo y forma de los recursos pertinentes y cuando la ley lo disponga

expresamente»

El 1º inc. del art. 123 LGTM establece: «De la calificación de contribuyentes, de la

determinación de tributos, de la resolución del Alcalde en el procedimiento de repetición del

pago de lo no debido, y de la aplicación de sanciones hecha por la administración tributaria

municipal, se admitirá recurso de apelación para ante el Concejo Municipal respectivo, el cual

deberá interponerse ante el funcionario que haya hecho la calificación o pronunciada la

resolución correspondiente, en el plazo de tres días después de su notificación».

Concomitante con el anterior, el art. 124 LGTM regula: «De la resolución pronunciada

por el Concejo Municipal, el interesado de conformidad a las disposiciones de la Ley de la

Jurisdicción Contencioso Administrativo, podrá ejercer la acción correspondiente ante la Sala

de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia».

Por último, el art.11, letra a) LJCA, regula: «El plazo para interponer la demanda será de

sesenta días, que se contarán: a) desde el día siguiente al de la notificación (…)»

Pues tal como se ha verificado en el presente proceso, no obstante que la parte actora

recurrió del primer acto administrativo impugnado en tiempo y forma, ésta no interpuso la

demanda contencioso administrativa dentro del plazo señalado en el transcrito art. 11 letra a).

Consta de fs. 165 al 169 del expediente administrativo marcado con la referencia

084/2012, la resolución emitida por el concejo municipal de San Salvador, el 16 de enero de 2013

que, en recurso de apelación, agotó la vía administrativa. Esta fue notificada, según consta en el

acta agregada a f. 169 vto. del mismo expediente administrativo, el 25 de enero de 2013, de modo

que, conforme con el transcrito art. 11 letra a) LJCA, el plazo para la válida interposición de la

demanda contencioso administrativa venció el 29 de abril del mismo año; no obstante, según

consta en el acta de recepción de la demanda de f. 18 vto., se interpuso hasta el 25 de julio de

2013. En consecuencia, la demanda fue interpuesta fuera del plazo legal para que esta sala

conozca de los vicios invocados por la demandante, bajo la perspectiva de vicios configuradores

de nulidad relativa o anulabilidad.

En definitiva, esta sala deberá declarar la inadmisibilidad de la demanda, debido a la

extemporánea interposición de la demanda para conocer de los vicios de mera anulabilidad

invocados por la demandante como (i) errónea cuantificación de la base imponible del tributo y,

como consecuencia, violación del principio de interdicción a la doble tributación; y, (ii) del

principio de congruencia.

POR TANTO, con base en las razones expuestas, disposiciones normativas citadas y los

arts. 216, 217, 218 y 272 inc. 1° del Código Procesal Civil y M., 15, 31, 32, 33, 34 y 53 de

la de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa emitida mediante Decreto Legislativo

nº 81, del 14 de noviembre de 1978, publicado en el Diario Oficial nº 236, Tomo nº 261, del 19

de diciembre de 1978, ordenamiento derogado pero aplicable al presente caso en virtud del art.

124 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa vigente; en nombre de la República,

esta Sala FALLA:

1. Declarar que los vicios invocados por MOLINOS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia MOL, S.A. DE C.V., por medio de su

apoderada general judicial con cláusulas especiales, L.. Blanca A.C.allejas L., como

errónea cuantificación de la base imponible del tributo y, como consecuencia, la violación del

principio de interdicción a la doble tributación y del principio de congruencia, no se configuran

como supuestos de nulidad de pleno derecho para que este tribunal conozca al respecto

2. Declarar inadmisible la demanda interpuesta por MOLINOS DE EL SALVADOR,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia MOL, S.A. DE C.V., por

medio de sus apoderados generales judiciales con cláusulas especiales, L.. Blanca A.

C.L., E..A.A.R.nk, V.G.lupe De Paz y de su apoderada

general judicial y extrajudicial con cláusula especial, L.. C.R.M.L.,

contra el gerente financiero de la unidad de fiscalización tributaria y el concejo, ambos de la

Municipalidad de San Salvador, contra los siguientes actos administrativos.