Sentencia Nº 12-22-RA-SCA de Sala de lo Contencioso Administrativo, 02-06-2022

Sentido del falloADMISIÓN
Tipo de RecursoRECURSO DE APELACION
MateriaLey de la Jurisdicción Contencioso Administrativa - VIGENTE
Fecha02 Junio 2022
Número de sentencia12-22-RA-SCA
EmisorSala de lo Contencioso Administrativo
12-22-RA-SCA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA. San Salvador, a las doce horas cuarenta y nueve minutos del dos de junio de dos mil
veintidós.
El 26 de mayo de 2022, se recibió el oficio Nº 230 de fecha 20 de mayo de 2022, suscrito
por el Lcdo. E.A.G..R., secretario de actuaciones de la Cámara de lo
Contencioso Administrativo con residencia en Santa Tecla, departamento de La Libertad [cámara
o tribunal ad quo], por medio del cual remite: (1) Escrito de interposición del recurso de
apelación por la sociedad GMG SERVICIOS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse GMG SERVICIOS DE EL SALVADOR, S.A. DE
C.V. [f. 3 al 24] original y tres copias, firmado por los abogados C.E.G..C. y
D.R.M.L., procuradores de la sociedad antes mencionada [apelante o
impetrante] del proceso NUE: 00102-18-ST-COPC-CAM. (2) Certificación de la sentencia
definitiva impugnada la cual fue emitida por el tribunal ad quo, a las 15:48 horas del 5 de mayo
de 2022, que consta de 54 fs. útiles, [f. 25 al 78] del referido proceso. (3) Expedientes
administrativos del incidente de apelación ref. R1405016.TM que consta de 1 pieza, compuesta
de 182 fs. útiles. (4) Expediente administrativo de la DGII, con los trackings: **********30 del
f. 1 al 1187, **********31 del f. 1 al 581, **********32 del f. 582 al 1195, y, **********33
del f. 1196 al 1730. (5) además remite 5 ampos que contiene documentación aportada con la
denominación “GMG SERVICIOS ISR 2010” por la sociedad apelante, los cuales poseen cada
pieza los fs. siguientes: a) pieza 1, del fs. 1 al 423; b) pieza 2, del fs. 424 al 926; c) pieza 3, del fs.
927 al 1382; d) pieza 4, del fs. 1383 al 1783; y e) pieza 5, del fs. 1784 al 2090. (6) Expediente
judicial de proceso común NUE: 00102-18-ST-COPC-CAM, con ref. interna 55-PC-8-2018, que
se compone de 4 piezas: la primera, pieza que contiene 200 fs. útiles; la segunda, del f. 201 al
400; la tercera, del f. 401 al f. 600 [a f. 500 y 535, se encuentra un sobre manila conteniendo un
CD]; y la cuarta, del f. 601 al f. 644; lo anterior fue verificado por la secretaría de esta sala según
lo detallado en la razón de presentado que corre agregada a f. 2.
I.A..
La impetrante social impugnó ante la cámara los actos administrativos pronunciados: (1)
por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el 11 de abril de 2014, en el
procedimiento ref. 10006-TAS-0070-2014, por medio del cual determinó a cargo de la referida
sociedad, disminución de saldo a favor declarado en concepto de excedente del Impuesto sobre la
Renta (ISR) respecto del ejercicio impositivo 2010, por el valor de QUINIENTOS NOVENTA Y
NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA CON TREINTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR ($599,892.32); asimismo,
determinar a cargo de la sociedad apelante, la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL
SETECIENTOS SETENTA Y UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
CON DIEZ CENTAVOS DE DÓLAR ($1,300,771.10), en concepto del ISR que le corresponde
pagar respecto del ejercicio impositivo 2010; y sancionar a la aludida contribuyente social con la
cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS OCHENTA DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIECISIETE CENTAVOS DE DÓLAR
($421,380.17), en concepto de multas por infracciones cometidas a la Ley de Impuesto sobre la
Renta (LISR) y al Código Tributario (CT), respecto al mismo ejercicio fiscalizado; y (2) por el
TAIIA el 31 de mayo de 2018, en el procedimiento ref. R1405016TM, mediante el cual se
confirmó la providencia dictada por la DGII antes relacionada.
La pretensión deducida por la sociedad contribuyente en primera instancia se
circunscribió a la declaratoria de ilegalidad de los actos administrativos relacionados en el párrafo
que precede, cuyos motivos de ilegalidad en síntesis consistían en la violación de diversas
categorías jurídicas, siendo estas los principios de legalidad, a la protección no jurisdiccional
(audiencia, defensa y al debido proceso), verdad material, capacidad económica, derecho a
deducirse los costos y gastos necesarios para la generación de rentas, principio de culpabilidad,
principio de proporcionalidad y al derecho de la propiedad.
El tribunal ad quo resolvió desestimar la pretensión planteada por la impetrante social, en
virtud de no haberse comprobado los motivos de ilegalidad alegados en la demanda contencioso
administrativa contra los actos administrativos impugnados en esa instancia.
Examen de admisibilidad.
1. De conformidad con los arts. 115 y 123 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa [LJCA], 510 y 511 del Código Procesal Civil y Mercantil [CPCM], normativa de
aplicación supletoria en virtud del art. 123 LJCA, este tribunal se pronunciará sobre la
admisibilidad del recurso de apelación planteado por la sociedad apelante.
En el caso de autos, la apelante social fundamentó el medio de impugnación de alzada en
el art. 510 CPCM. Concretamente, invocó la revisión de los hechos probados y valoración de la
prueba; y, la revisión e interpretación del derecho aplicado para resolver el caso en debate,
específicamente los arts. 4 nº 11) LISR y 241 letra d) CT, con relación a la falta de sustento legal
y negligencia en la aplicación de la multa por evasión no intencional del impuesto.
Al respecto, esta sala verifica que se ha dado cumplimiento a los presupuestos procesales
y requisitos formales, que señalan los arts. 113 y 115 LJCA, 510 y 511 CPCM, que
necesariamente deben concurrir para la procesabilidad del medio de impugnación aludido, de
modo que es procedente admitirlo.
En ese sentido, una vez se ha determinado que es admisible el recurso de apelación, en la
parte resolutiva de esta resolución se señalará la fecha y hora para la celebración de la audiencia
contemplada en el art. 116 LJCA.
II. Consideraciones sobre la celebración de la audiencia.
1. La actual configuración del proceso contencioso administrativo comprende entre
otros el principio de inmediación y los asociados a este: oralidad, publicidad y concentración. Es
debido a ello que en la LJCA se dispuso un conjunto de reglas, de forma expresa, sobre cómo
debe desarrollarse una audiencia. Así, el art. 45 LJCA indica: «Si las partes no comparecieren,
sin justa causa, a cualquiera de las audiencias del proceso o lo hiciere solo el demandado, el
Tribunal tendrá al actor por desistido de la demanda y le condenará en costas...».
De la disposición antes citada se extrae que por regla general salvo excepciones se
señala fecha para la celebración de audiencia con la comparecencia de las partes en un espacio
físico designado por el tribunal, en la fecha y hora en la que se les convoque y ahí, en presencia
del juez, se desarrolla el acto procesal. No queda duda que la ley dispone que las audiencias se
realicen con la concurrencia física del juez y de las partes.
2. Es un hecho notorio la crisis sanitaria mundial que ha ocasionado la pandemia
provocada por el Covid-19, por ello es indispensable atender a las medidas preventivas
[especialmente el distanciamiento físico y evitar aglomeraciones de personas] con el fin de
salvaguardar la vida y la salud de las partes, los intervinientes y del personal de este tribunal;
situación extraordinaria que no debe implicar un efecto de retardación de justicia; sino que
motiva a que esta sala encuentre una solución práctica que pondere la protección a la salud de los
involucrados así como la tutela judicial efectiva de los justiciables.
Debe destacarse que el desarrollo de una audiencia presencial, según las especificaciones
del espacio físico con los que dispone esta sala, no descarta un incremento considerable del
riesgo al contagio. La Constitución de la República [Cn] consigna como derecho fundamental la
salud y la vida, al igual que lo hace con la tutela de los derechos, lo que conlleva la necesaria
aplicación del principio de concordancia práctica de la Cn, en virtud del cual toda aparente
tensión entre las propias disposiciones constitucionales debe ser resuelta “optimizando” su
interpretación; es decir, sin “sacrificar” ninguno de los valores, derechos o principios
concernidos, y teniendo presente que en última instancia todo precepto constitucional se
encuentra reconducido a la protección de los derechos fundamentales.
La consecuencia de tal análisis de ponderación conlleva a que necesariamente deba
protegerse la vida y la salud, sin que ello se haga a costa de la tutela judicial de derechos. En ese
sentido, deben buscarse medidas que eviten el contagio, pero a la vez es menester procurar que
las mismas permitan continuar con el desarrollo de los procesos y sean lo más parecidas a las que
la norma determina, para salvaguardar los principios procesales que las inspiran.
Por ello, ante los obstáculos reales que recaen en el cumplimiento estricto de las formas
procesales, se requiere una alternativa práctica que proteja la salud y a la vez permita la
realización de la audiencia en condiciones similares a la confluencia requerida entre las partes.
3. Las tecnologías de la información y la telecomunicación ofrecen un sustituto admisible
en este caso: la audiencia virtual o teleconferencia. Esta forma de desarrollar las audiencias no se
encuentra regulada de modo expreso en la LJCA, pero sí está plasmada en el CPCM, en virtud de
las reformas incorporadas mediante el D. L. 679, del 2 de julio de 2020, publicado en el D. O.
175, t. 428, del 31 de agosto de ese mismo año.
Específicamente, el art. 203-A denominado “Régimen de celebración de las audiencias
virtuales”, estatuye: «Los jueces o tribunales, en atención rigurosa de las circunstancias de cada
proceso o diligencia, podrán de forma excepcional presidir audiencias y ordenar la
comparecencia de manera virtual, de las partes, sus representantes, apoderados y abogados, a
través de videoconferencia o por cualquier otro medio técnico que permita la comunicación
bidireccional y simultánea de la imagen y sonido; siempre que resulte conveniente para
incrementar la eficiencia de la gestión judicial.
La decisión de celebrar las audiencias de manera virtual, será comunicada
oportunamente a las partes quienes tendrán tres días hábiles para exponer los motivos técnicos u
otra justa causa que les impida adoptar esta modalidad. De lo alegado se resolverá
inmediatamente y contra ese auto sólo procederá recurso de revocatoria.
El juez o tribunal presidirá las audiencias virtuales desde la sede judicial bajo las mismas
reglas de dirección de las audiencias presenciales y los sujetos procesales que comparezcan de
manera remota deberán guardar el debido orden, decoro y respeto, actuando conforme al
principio de veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal.
En las audiencias virtuales se deberán adoptar las providencias necesarias para
salvaguardar el principio de igualdad procesal y los derechos de audiencia, defensa y
contradicción, y en todo momento, el juez o tribunal, podrá efectuar o continuar la audiencia de
forma presencial si la modalidad virtual resulta inefectiva, produce retraso o paraliza el impulso
del expediente judicial».
En ese sentido y en armonía al acuerdo nº 3-P emitido por Corte Plena a las 11:30 horas
del 7 de mayo de 2020, donde se reconoció en el considerando V que «… el art. 182 Cn.,
atribución 5ª establece que a la [Corte Suprema de Justicia] le corresponde “Vigilar que se
administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime
necesarias”, por lo que se vuelve indispensable […] incorporar las [mejoras] funcionales para
cumplir con las medidas sanitarias en el contexto de la Pandemia por COVID-19 para efecto de
agilizar la ejecución de los actos de comunicación y potenciar la celeridad de los procesos
jurisdiccionales y procedimientos administrativos que se tramitan en esta Corte» [resaltado
propio]; es que la Corte Suprema de Justicia, desarrolló mejoras tecnológicas progresivas para
potenciar la comunicación a distancia durante esta pandemia, y por ello cuenta con el equipo
técnico necesario para desarrollar sus audiencias en modalidad virtual.
En virtud de lo expuesto, se estima procedente y conveniente desarrollar la audiencia del
presente caso de forma virtual.
III. Requerimientos para la celebración de la audiencia.
Fijada que ha sido la modalidad para la celebración de la audiencia de apelación, es
menester requerir a las partes procesales que, en el plazo judicial de 3 días hábiles contados a
partir del siguiente a la notificación de este auto, manifiesten si poseen los mecanismos
tecnológicos necesarios para celebrar la audiencia de apelación de forma virtual, la cual de
desarrollarse se hará en la plataforma de Microsoft Teams, disponible para dispositivos móviles
y computadoras personales. Los primeros deben ser compatibles con IOS o Android [como
mínimo las dos versiones más recientes] y las últimas deben ser compatibles con Windows, M.
o Linux [como mínimo las dos versiones más recientes]; además, deberán contar con cámara,
micrófono y altavoces, un procesador de 2GHz o superior, un mínimo de memoria RAM de
4.0GB, y una capacidad libre de almacenamiento de 3GB.
Todos los dispositivos deben tener una conexión de internet de 5Mbps. Ello para
garantizar la conectividad necesaria y asegurar que los derechos procesales de las partes
intervinientes se desplieguen de manera ordinaria durante la audiencia virtual, puesto que se
reitera que el uso de la tecnología en los medios de conectividad, no suponen un desmedro en los
derechos y garantías procesales, sino que, al contrario, potencian que el sistema jurisdiccional
funcione en tiempos ordinarios incluso en épocas excepcionales de pandemia.
En caso de manifestar que sí poseen los mecanismos tecnológicos necesarios antes
indicados, en el escrito respectivo y dentro del plazo judicial supra determinado, deberán señalar
un correo electrónico donde se les enviará el enlace digital con la invitación de la audiencia,
desde la dirección: saladelocontencioso.audiencias@oj.gob.sv. El sujeto procesal que no cuente
con el equipo necesario para la adecuada conectividad, deberá personarse a la secretaría de esta
sede judicial el día y hora señalados para la celebración de la audiencia, donde se le
proporcionará el acceso a los medios tecnológicos para incorporarse a la misma.
En ambas situaciones, los intervinientes deberán presentarse treinta minutos antes de la
hora de la celebración de la audiencia que se indicará en la parte resolutiva de la presente
providencia, para las pruebas necesarias y asegurar la estabilidad de la conexión.
IV. Efecto suspensivo de los recursos y la medida cautelar adoptada.
La apelante solicitó que esta sala declare en vigor la medida cautelar decretada por la
cámara, en razón que no ha adquirido estado de firmeza la sentencia que emitió el tribunal ad
quo, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 61 y 101 LJCA, y se ordene que la sentencia
recurrida no sea ejecutada.
Al respecto, el art. 101 LJCA inc. 1º establece que las medidas cautelares estarán en vigor,
entre otros supuestos, cuando recaiga sentencia firme que ponga fin al proceso en el que hayan
sido acordadas. La firmeza de la sentencia según lo preceptuado por el art. 61 de la ley en
comento, se alcanza cuando «…las partes no hicieren uso de los recursos pertinentes en el plazo
correspondiente…».
Lo dicho hasta aquí supone que las medidas cautelares otorgadas en primera instancia
tienen vigor durante la tramitación del recurso de alzada, situación que opera por ministerio de
ley, no siendo necesaria la confirmación de las mismas por parte del tribunal ad quem. Se debe
agregar que lo anterior no implica que las medidas cautelares no puedan ser modificadas o
revocadas en los términos comprendidos en el inc. 2º del art. 101 LJCA. En consecuencia, se
estará a lo resuelto por la cámara.
V. Por otra parte, en el escrito de apelación presentado se señalan dos Cuentas
Electrónicas Únicas (CEU) como medio técnico para recibir notificaciones.
Al respecto, en el precitado Acuerdo nº 3-P, se emitieron las reglas básicas y condiciones
de uso del Sistema de Notificación Electrónica (SNE) del Órgano Judicial. De conformidad con
lo establecido en el art. 4 de dichas reglas, el mencionado sistema será utilizado por las personas
naturales y jurídicas, asociaciones, unidades de la Fiscalía y de la Procuraduría General de la
República, así como cualquier Institución Pública, los que podrán acreditar una CEU, para lo
cual deberán de seguir el procedimiento para su activación, el que se realizará por medio de
formulario electrónico respectivo.
Sobre ello, en vista de que se han señalado dos CEU como medio técnico para recibir
notificaciones, este tribunal tomará la identificada bajo el nº **********, a nombre de C.
.
E.G..C., para realizar cualquier comunicación respecto del presente recurso, y, en
caso que no sea posible, se efectuará en la cuenta nº **********, a nombre de D.R.
.
M.L..
VI. Sobre los actos de comunicación.
Para efectos de notificaciones del presente recurso, se advierte que las partes cuentan con
un correo electrónico inscrito en el SNE de la Corte Suprema de Justicia, de tal manera que serán
notificados en las CEU que se encuentran registradas en dicho sistema, respectivamente.
Con fundamento en las anteriores consideraciones y disposiciones normativas citadas, esta
sala RESUELVE:
1. Tener por recibido el oficio nº 230, de fecha 20 de mayo de 2022, suscrito por el Lcdo.
E.A.G.R., secretario de actuaciones de la Cámara de lo Contencioso
Administrativo con residencia en Santa Tecla, departamento de La Libertad; así como la
documentación adjunta al mismo, en los términos descritos por la secretaria de esta sala en la
razón de presentado que corre agregada a f. 2.
2. Admitir el recurso de apelación interpuesto por los abogados C.E.G..
.
C. y D.R.M.L., procuradores de GMG SERVICIOS EL SALVADOR,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia GMG SERVICIOS EL
SALVADOR, S.A. DE C.V., contra la sentencia dictada por la Cámara de lo Contencioso
Administrativo con residencia en Santa Tecla, departamento de La Libertad, a las 15:48 horas del
05 de mayo de 2022.
3. Sobre la medida cautelar decretada por la cámara en el presente caso, de la cual se
solicitó por la apelante social que esta sala declare su vigor, y se ordene que la sentencia recurrida
no sea ejecutada, estese a lo resuelto en el romano IV, de esta resolución.
4. Convocar a las partes y a la representación fiscal, para la celebración de audiencia de
apelación que se llevará a cabo a las 09:30 horas del 29 de junio de 2022, en los términos
señalados en el romano II de esta resolución.
5. Requerir a las partes procesales que, en el plazo judicial de 3 días hábiles contados a
partir del día siguiente a la notificación de este auto, informen a este tribunal si poseen los
requerimientos tecnológicos para participar virtualmente en el desarrollo de la audiencia de
apelación; y además señalen un correo electrónico para recibir el enlace digital con la invitación
de la referida audiencia, desde la dirección saladelocontencioso.audiencias@oj.gob.sv. El sujeto
procesal que no cuente con el equipo necesario para la adecuada conectividad, deberá personarse
a la secretaría de esta sede judicial el día y hora señalados para la celebración de la audiencia
virtual, donde se le proporcionará el acceso a los medios tecnológicos para incorporarse a la
misma. Adicionalmente, todos los intervinientes deberán conectarse al enlace enviado por este
tribunal y/o presentarse para proceder a la conexión virtual desde las instalaciones de la Corte
Suprema de Justicia, 30 minutos antes del inicio de la hora señalada para la celebración de la
audiencia.
6. Notificar por medio de las Cuentas Electrónicas Únicas que se encuentran registradas
en el Sistema de Notificación Electrónica de la siguiente forma: (i) a la parte recurrente,
abogados C..E.G..C. y D.R.M..L., en su calidad de
procuradores de la referida sociedad: a la cuenta ********** y en su defecto a la cuenta:
**********, según lo relacionado en el romano V de la presente resolución; (ii) a la parte
apelada la Dirección General de los Impuestos Internos y al Tribunal de Apelaciones de los
Impuestos Internos y de Aduanas, en las cuentas MH-000 y MH-001, que están registradas a
nombre de dichas autoridades, respectivamente; y (iii) al Fiscal General de la República, por
medio de su agente auxiliar, M.A.G.P., en la cuenta FGR-**********.
7. Tome nota la secretaría de esta sala, de la dirección física señalada por la parte apelante
para recibir notificaciones; así como los números telefónicos, a f. 24 fte.
8. Rendir el informe a que se refiere el art. 122 inc. CT.
N..-
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-----P.V.C.------ENRIQUE ALBERTO PORTILLO-----S. L. RIV. MÁRQUEZ------
---J.C.V.---PRONUNCIADO POR LA SEÑORA MAGISTRADA Y LOS SEÑORES
MAGISTRADOS QUE LO SUSCRIBEN------M..E.V.S.-------SRIA.-------RUBRICADAS------
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