Sentencia Nº 406-2011 de Sala de lo Contencioso Administrativo, 14-10-2019

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Sentido del fallo	DECLARATORIA DE LEGALIDAD
Emisor	Sala de lo Contencioso Administrativo
Fecha	14 Octubre 2019
Materia	ADMINISTRATIVO
Número de sentencia	406-2011

406-2011

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA: San Salvador, a las quince horas cuarenta y cinco minutos del catorce de octubre de

dos mil diecinueve

El presente proceso contencioso administrativo ha sido promovido por el Concejo

Municipal de Sensuntepeque, departamento de Cabañas, por medio de su apoderado general

judicial con cláusula especial, licenciado Carlos Alberto Mira Cruz, contra el Juzgado de Primera

Instancia de Sensuntepeque y la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador, por la supuesta

ilegalidad de los siguientes actos:

a. La resolución de las quince horas cuarenta minutos del trece de junio de dos mil once,

pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, mediante la cual declaró la

nulidad del despido del trabajador JGA, ordenó la restitución del referido señor en el cargo o

empleo desempeñado, así como el pago de los salarios dejados de percibir desde el día uno de

enero de dos mil once hasta la fecha que se cumpla este acto.

b. La resolución de las catorce horas treinta minutos del veintidós de junio de dos mil

once, por medio de la cual el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque declaró no ha lugar

el recurso de revocatoria y confirmó el acto anterior.

c. La resolución pronunciada por la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador, a las

catorce horas seis minutos del diez de agosto de dos mil once, que confirmó el primer acto.

Han intervenido en el juicio: la parte actora, en la forma antes indicada; el Juzgado de

Primera Instancia de Sensuntepeque y la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador, como

autoridades demandadas; el Fiscal General de la República, por medio de la agente auxiliar y

delegado licenciado Herber Ernesto Montoya Salazar; y el señor JGA, identificado como tercero

beneficiado con las resoluciones impugnadas, por medio de su apoderada general judicial con

cláusula especial, licenciada Rosa Salguero Torres, quien posteriormente fue sustituida por la

licenciada Zoila Elizabeth Rivas, que actuó en la misma calidad.

Leídos los autos, y CONSIDERANDO:

I. En la demanda la parte actora expresó como hechos: «(…) el JUZGADO DE PRIMERA

INSTANCIA DE SENSUNTEPEQUE DEPARTAMENTO DE CABAÑAS en el PROCESO DE

NULIDAD DE DESPIDO DE EMPLEADO MUNICIPAL (…) promovido por la Licenciada

(sic) ROSA SALGUERO TORRES en su calidad de Apoderada (sic) General (sic) Judicial (sic)

del señor JG (sic) A, en contra del Consejo (sic) Municipal (…) Es el caso Honorable (sic) Sala

tal y como lo compruebo por medio del CONTRATO DE TRABAJO celebrado en esta ciudad el

día cuatro de enero del año dos mil diez, el cual tenia (sic) una duración de UN AÑO mediante

el cual el trabajador demandante se comprometió a laborar para la Alcaldía Municipal que

represento durante el periodo comprendido del día UNO DE ENERO DE DOS MIL DIEZ

HASTA EL DIA (sic) TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ (…) de la sola

lectura del contrato de trabajo antes relacionado se infiere que el trabajador demandante es una

persona CONTRATADA TEMPORALMENTE por la Alcaldía Municipal que represento, en el

presente caso la relación jurídico laboral patrono - trabajador es de naturaleza laboral por

cuanto que existe un contrato de trabajo a plazo el cual esta (sic) regido por las normas del

Código de Trabajo y además porque el inicio de la relación laboral entre la Alcaldía Municipal

(PATRONO) que represento y la parte demandante (TRABAJADOR) no tiene su origen en

acto de naturaleza administrativa como un nombramiento administrativo en el cual la

administración pública municipal actúa en su carácter de imperium, en cuyo caso si sería

procedente la aplicación de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, es decir que en el

presente caso la parte demandante ha invocado erróneamente la aplicación de la Ley de la

Carrera Administrativa Municipal, siendo que conforme a la ley el Señor (sic) Juez (…) tuvo

que haber declarado IMPROPONIBLE la pretensión de la parte demandante debido a que

estamos ante la presencia de una relación de trabajo que esta (sic) amparada por el Código de

Trabajo, en ese orden de ideas también la Honorable (sic) Cámara (…) al omitir su

pronunciamiento sobre la excepción perentoria de ineptitud de la demanda planteada por la

parte demandante contribuyo (sic) con su omisión a tutelar judicialmente a la parte demandante

(…) no obstante haber promovido la acción judicial de una manera errónea, ya que la parte

demandante tuvo que haber promovido un JUICIO INDIVIDUAL ORDINARIO DE TRABAJO

bajo el amparo de la legislación laboral. Es oportuno además señalar que el trabajador

demandante no forma parte de la carrera administrativa municipal por estar comprendido

dentro de las excepciones a las que hace referencia el artículo 2 numeral 5°. De (sic) la Ley de

la Carrera Administrativa Municipal precepto que señala claramente que las personas que se

encuentren vinculadas a la administración pública mediante contrato no formaran (sic) parte

de la carrera administrativa» (folios 1 vuelto al 4 frente).

Expuso la parte actora que con las actuaciones impugnadas se violentó su derecho de

defensa y el deber de fundamentación de las resoluciones judiciales; así como se vulneró el

artículo 2 número 5 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, por su errónea

interpretación, y su derecho a recurrir y promover la acción contencioso administrativa en el

plazo legal.

II. Mediante la resolución de las quince horas con treinta minutos del veintitrés de abril de

dos mil doce (folios 47 al 49) se admitió la demanda contra el Juzgado de Primera Instancia de

Sensuntepeque y la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador; se tuvo por parte al Concejo

Municipal de Sensuntepeque, por medio de su apoderado general judicial, licenciado Carlos

Alberto Mira Cruz; se solicitó de las autoridades demandadas el informe sobre la existencia del

respectivo acto atribuido, que ordena el artículo 20 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa -derogada-, emitida mediante Decreto Legislativo número ochenta y uno, del

catorce de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, publicado en el Diario Oficial número

doscientos treinta y seis, tomo número doscientos sesenta y uno, de fecha diecinueve de

diciembre de mil novecientos setenta y ocho, en adelante LJCA, ordenamiento ya derogado pero

aplicable al presente caso en virtud del artículo 124 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa vigente; asimismo, se requirió la remisión del respectivo expediente relacionado

con el caso; se declaró sin lugar la suspensión provisional de la ejecución de los efectos de las

resoluciones impugnadas; y, para garantizar el derecho de audiencia y defensa, se ordenó

notificar al señor JGA la existencia de este proceso.

El Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque rindió extemporáneamente el primer

informe, por lo que se le impuso la multa de ley.

La Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador señaló haber emitido la resolución

impugnada y que se reservaba el derecho de impugnar oportunamente la competencia de la Sala

para conocer el presente caso (folio 61).

Por medio de la resolución de las catorce horas diez minutos del veintiséis de noviembre

de dos mil doce (folio 79), se tuvo por rendido el primer informe requerido de la Cámara

Segunda de lo Laboral de San Salvador y por recibidos los expedientes del caso remitidos por

ambas autoridades; además, se les solicitó el informe justificativo de legalidad de la actuación

controvertida, a que hace referencia el artículo 24 de la LJCA; se ordenó notificar al Fiscal

General de la República la existencia de este proceso; se dio audiencia al Juzgado de Primera

Instancia de Sensuntepeque para que expusiera las razones por las cuales presentó

extemporáneamente el primer informe; y se le requirió al Concejo Municipal de Sensuntepeque

que proporcionara la dirección donde pudiera ser notificado de la existencia del presente proceso

el señor DAVR, tercero perjudicado con las decisiones impugnadas.

El Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque no cumplió con la presentación del

informe justificativo, por lo que se le impuso la multa de ley.

La Cámara Segunda de lo Laboral, en el informe justificativo que se encuentra agregado a

folios 91 y 92, refirió: «(…) Esta Cámara esgrime el principio constitucional del JUEZ

NATURAL, en cuanto se sabe lo que este debe conocer según la ley DE LA MATERIA, y no hay

otra forma de darle otra interpretación al Art. (sic) 15 Cn. en su parte final. En uso de las

facultades que le confiere el Art. (sic) 131 N° 31 de la Constitución, el legislador erige la

jurisdicción contencioso administrativa con fecha uno de enero de mil novecientos setenta y

nueve (…) Es esta Ley (sic) la que delimita el ámbito de conocimiento DE LA MATERIA (…) En

este escenario, no cabe ninguna duda que (…) es la Ley (sic) que alude la parte final del Art.

(sic) 15 de la Cn., y no cualquier ley como se pretende hacer creer con el Art. (sic) 79 de la Ley

de la Carrera Administrativa Municipal, convirtiendo lo que estaba y está en determinado en

indeterminado. La Ley de la Carrera Administrativa Municipal es una ley plagada de desaciertos

y no logra con lo que tiene de estar vigente, integrarse al Derecho como un todo. El precedente

que se sienta dizque legitimar cualquier remisión de competencia, como lo hace impropiamente

la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, desconociendo la naturaleza de las funciones de

un tribunal, es peligroso, porque podría crearse un caos disfrazado de legalidad, y se está

todavía a tiempo de evitarlo (…) Procesalmente hablando nos recuerda el principio básico que

sólo puede haber competencia donde existe jurisdicción, y al haberse admitido la demanda

interpuesta por el CONCEJO MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE, este principio técnico se ha

ignorado, como se ha ignorado también el Art. (sic) 15 de la Constitución de la República. Es

más, si remotamente se pensase que esta remisión “legal” al juicio contencioso administrativo,

se debe a que un despido en una Alcaldía (sic) es un acto de Administración Pública, pues lo

correcto hubiera sido hacer la susodicha remisión desde el primer momento al juicio de ÚNICA

INSTANCIA (…) pero situar a este operador judicial como una TERCERA INSTANCIA, después

que ha conocido en instancias previas el Juez de Trabajo y la Cámara respectiva, es un

verdadero dislate jurídico, pues ya no es la actuación de la Alcaldía la que se sujeta a examen,

sino que es la sentencia judicial que nunca, ni por asomo, resulta ser un acto administrativo. Y es

que para colmo, la gran extraviada que se tiene en el inciso final del Art. (sic) 79 (…) allí nos

lleva, cuando ubica la sentencia como el objeto de agravios y no el supuesto acto administrativo

que la originó. Los jueces por mandato constitucional son administradores de justicia, y no

autómatas administradores de la ley secundaria, la cual pierde su legitimidad si contraría

expresos preceptos constitucionales, como en este caso, que transgrede el principio del Juez

Natural (…) en base al artículo 15 inciso final de la Ley de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa, declaréis in persequendi litis la inadmisibilidad de la demanda, o en su caso, que

no ha lugar a lo solicitado en la misma, por cuanto reiteramos la legalidad de los conceptos en

que sustentamos nuestra sentencia».

III. Por medio del auto de las catorce horas con cuatro minutos del trece de junio de dos

mil trece (folios 96 y 97), se impuso una multa al Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque

por la presentación extemporánea del primer informe; asimismo, se le confirió una audiencia para

que se pronunciara sobre la falta de presentación del segundo informe; se tuvo por cumplido por

parte de la Cámara Segunda de lo Laboral el informe justificativo; se declaró sin lugar la

inadmisibilidad de la demanda solicitada por la referida Cámara; se dio intervención al licenciado

Herber Ernesto Montoya Salazar, en calidad de agente auxiliar y delegado del Fiscal General de

la República; se abrió a prueba el proceso, de conformidad con el artículo 26 de la LJCA; y se

requirió por segunda ocasión al Concejo Municipal de Sensuntepeque que proporcionara la

dirección donde pudiera ser notificado el señor DAVR, como tercero perjudicado con las

resoluciones impugnadas.

En esta etapa, la parte actora ofreció (folio 112) como prueba documental el contrato

número ********, asignación ********, celebrado entre la Alcaldía Municipal de

Sensuntepeque y el señor JGA (agregado a folio 11); así como las fotocopias certificadas de las

resoluciones impugnadas; el expediente de nulidad de despido llevado en el Juzgado de Primera

Instancia de Sensuntepeque y el incidente de revisión tramitado en la Cámara Segunda de lo

Laboral de San Salvador que fueron remitidos.

Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque ofreció el expediente de

nulidad de despido (folio 114).

Posteriormente, en la resolución de las catorce horas con seis minutos del trece de agosto

de dos mil catorce (folio 130), se impuso una multa al Juez de Primera Instancia de

Sensuntepeque por no presentar el informe justificativo y se tuvo por cumplido el pago de la

primera multa; se ordenó notificar la existencia del proceso al señor DAVR, en calidad de tercero

perjudicado de los actos impugnados; se tuvo por actualizada la personería del licenciado Carlos

Alberto Mira Cruz, en calidad de apoderado general judicial con cláusula especial del Concejo

Municipal de Sensuntepeque; se dio intervención a la licenciada Rosa Salguero Torres, en calidad

de apoderada general judicial con cláusula especial del señor JGA, tercero beneficiado con las

resoluciones impugnadas; y se corrió traslado a la parte actora.

El Concejo Municipal de Sensuntepeque ratificó los argumentos expuestos en la demanda

(folio137).

En el auto de las quince horas con dos minutos del veinte de noviembre de dos mil catorce

(folio 142) se tuvo por contestado el traslado conferido a la parte actora y por cumplido el pago

de la segunda multa impuesta al Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque. También, se

corrió el traslado de ley a las autoridades demandadas.

El Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque señaló que siguió el trámite de las

diligencias de nulidad de despido sin existir ilegalidad alguna en los actos de la administración ni

en los titulares de derecho (folio 147).

La Cámara Segunda de lo Laboral señaló que conoció en grado de revisión la controversia

sin haber infringido disposición legal alguna (folio 150).

Mediante la resolución de las quince horas con dos minutos del ocho de mayo de dos mil

quince (folio 151), se tuvo por cumplido el traslado rendido por las autoridades demandadas y se

ordenó correr el traslado al Fiscal General de la República.

El Fiscal General de la República, por medio del licenciado Herber Ernesto Montoya

Salazar, señaló a folio 172 que: «(…) es de considerar que en el presente caso, no estamos en

presencia de un “despido” (…) siendo que en el presente caso no se trata de un despido la

notificación de no renovación de contrato, lleva implícita la acción de terminar la relación

laboral, y sobre dicho aspecto es que la parte demandada en el proceso de nulidad de despido

alegó la excepción de Terminación (sic) de Contrato (sic) sin Responsabilidad (sic) Patronal

(sic) por cumplimiento de Plazo (sic), que no fueron valoradas por dicho tribunal para tal fin. En

vista de lo anterior, la Autoridad (sic) demandada, no ha actuado conforme a derecho, por no

ser competente para conocer el presente caso, ya que la relación laboral deviene de un Contrato

(sic) Civil (sic), en que la consecuencia de la finalización del plazo y el ejercicio del derecho que

tiene la Administración de no prorrogar el contrato. Por lo que no sería procedente la aplicación

del procedimiento del Art. (sic) 71 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal».

En la resolución de las ocho horas con cincuenta minutos del seis de octubre de dos mil

diecisiete (folio 184) se tuvo por rendido el traslado conferido al Fiscal General de la República;

se tuvo por actualizada la postulación del licenciado Carlos Alberto Mira Cruz, en calidad de

apoderado general judicial con cláusula especial del Concejo Municipal de Sensuntepeque; se dio

intervención a la licenciada Zoila Elizabeth Riva, en calidad de apoderada general judicial del

señor JGA, tercero beneficiado con las resoluciones impugnadas, y, a su vez, se le corrió el

traslado de ley; finalmente, se dejó sin efecto la designación del señor DAVR, como tercero

perjudicado con los actos impugnados.

Al contestar el traslado, el tercero beneficiado señaló: «(…) que en el presente me estoy a

la actuación del Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, y en ese sentido, la Cámara

Segunda de lo Laboral, está advirtiendo que un Recolector (sic) de Desechos (sic) sólidos, es una

persona que desempeña una actividad permanente e indefinida, por consiguiente es un servicio

regular y continuo que presta la Alcaldía Municipal del Municipio de Sensuntepeque a la

Comunidad (sic), por lo que concebir y hacer que mi mandante firmara tal Contrato (sic) a plazo

en este escenario resulta un verdadero contrasentido, lo que viene a determinar y concluirse que

mi mandante es un trabajador de carácter permanente y como consecuencia debe aplicarse la

LEY DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, y todas las demás excepciones

perentorias que el Abogado (sic) MIRA CRUZ, pretende hacer valer caen por su propio peso, ya

que no tienen ninguna aplicación en el Proceso (sic) de Nulidad (sic) de Despido (sic) (…)»

(folio 186 vuelto).

IV. La Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador, mediante el informe justificativo

agregado a folios 91 y 92, solicitó: «(…) en base (sic) al artículo 15 inciso final de la Ley de la

Jurisdicción Contencioso Administrativa, declaréis in persequendi litis la inadmisibilidad de la

demanda (…)»

Mediante el auto de las catorce horas con cuatro minutos del trece de junio de dos mil

trece (folios 96 y 97), se declaró sin lugar la inadmisibilidad de la demanda solicitada por la

referida Cámara de lo Laboral, fundamentándose que: «uno de los motivos de ilegalidad

esgrimidos por la parte actora [era] la falta de competencia de las autoridades demandadas para

emitir los actos sujetos a controversia, pues se cuestiona la aplicación de la Ley de la Carrera

Administrativa Municipal. En consecuencia, no es posible acceder a la inadmisibilidad solicitada

por la autoridad demandada pues los motivos en que se fundamenta están estrechamente

vinculados con el fondo del asunto, siendo por ello procedente emitir el pronunciamiento

correspondiente en la sentencia definitiva que se emita oportunamente».

Asimismo, en la referida resolución se decidió que sobre lo alegado, en sentencia

definitiva se proveería; de ahí que es procedente pronunciarse sobre lo alegado por la referida

autoridad en este momento.

Por lo anterior, se procederá, en primer lugar, a resolver lo pertinente a la falta de

competencia en razón de la materia, alegada por la Cámara Segunda de San Salvador, en el

sentido que si esta Sala conoce sobre las sentencias pronunciadas por los jueces y las cámaras de

lo laboral se violaría el principio del juez natural, contenido en el artículo 15 de la Constitución,

ya que le compete conocer actos administrativos y no sentencias judiciales.

Sobre tal planteamiento es importante señalar que en el ordenamiento jurídico

salvadoreño el principio del juez natural se encuentra reconocido en la parte final del artículo 15

de la Constitución, que establece: «Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes promulgadas

con anterioridad al hecho de que se trate, y por los tribunales que previamente haya establecido

la ley».

La garantía del juez natural tiene por objeto asegurar la aplicación de la justicia de manera

imparcial, a cuyo efecto prohíbe sustraer arbitrariamente una causa de la jurisdicción del juez que

continúa teniéndola para casos semejantes, con el fin de atribuir su conocimiento a uno que no lo

tenía.

Así pues, dicha garantía implica la existencia de un órgano judicial preestablecido en

forma permanente por la ley. El juez natural es el juez legal, creado por la ley conforme a la

competencia que para ello la Constitución asigna; en esta vertiente el juez natural debe haber sido

creado por una ley anterior al hecho objeto del proceso, de tal suerte que la expresión juez natural

es una garantía de los habitantes, pues asegura imparcialidad y no tribunales ad-hoc.

La Sala de lo Constitucional, en relación con el juez natural, ha sostenido que -en su

dimensión positiva- la referida garantía implica: (a) la creación previa del órgano jurisdiccional

mediante una norma con rango de ley; (b) una determinación legal de competencia con

anterioridad al hecho motivador de la actuación o del proceso judicial; y (c) necesidad que ese

órgano se rija por un régimen orgánico y procesal común, que impida calificarle como órgano

especial o excepcional. Por otra parte -en su dimensión negativa- implica la no existencia de

tribunales especiales -ad-hoc- o de creación posterior al hecho que suscita su conocimiento -ex

post facto-; [sentencia de inconstitucionalidad, ref. 1-2014, del día veintisiete de febrero de dos

mil quince].

Ahora bien, esta Sala ha expresado que el artículo 15 de la Constitución «(…) no se

extiende a garantizar un juez concreto, sino únicamente comprende el derecho a que la causa

sea resuelta por el juez que tiene jurisdicción o por la autoridad que posea atribuciones al

efecto; en ese sentido, el derecho al juez natural se ve vulnerado cuando la autoridad se atribuye

facultades que por ley no le corresponden (…)» [Sentencia con ref. 169-2011, del dos de julio de

dos mil catorce].

En conclusión, el derecho al juez natural se ve vulnerado al atribuirse indebidamente un

asunto determinado a una autoridad que no corresponde. Este principio del juez natural no se

vulnera con el ejercicio de competencias dadas por una norma preexistente.

El artículo 172 de la Constitución establece que: «La Corte Suprema de Justicia, las

Cámaras de Segunda Instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias,

integran el Órgano Judicial. Corresponde exclusivamente a este Órgano la potestad de juzgar y

hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y

de lo contencioso-administrativo, así como en las otras que determine la ley». De este artículo se

deriva la exclusividad de la potestad jurisdiccional del Órgano Judicial al que, por dicho

mandato, se le confiere la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, pudiendo entre los

diferentes ámbitos de competencia controlar la legalidad de las actuaciones de la Administración

Pública a través del contencioso administrativo.

El artículo 86 inciso final de la Constitución establece que: «Los funcionarios del

Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da

la ley», lo que constituye el principio de legalidad como pilar fundamental de todo Estado de

Derecho.

Por su parte, el artículo 2 de la LJCA establece que corresponderá a la jurisdicción

contencioso administrativa el conocimiento de las controversias que se susciten en relación con la

legalidad de los actos de la Administración Pública.

En el caso analizado, el trabajador JGA se desempeñó en la Alcaldía Municipal de

Sensuntepeque con el cargo de recolector de desechos sólidos desde el catorce de febrero de dos

mil cinco hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez, fecha en la cual fue despedido, por

lo que inició las diligencias de nulidad de despido, donde el Juzgado de Primera Instancia de

Sensuntepeque emitió la resolución de las quince horas cuarenta minutos del trece de junio de dos

mil once, en la que declaró nulo el despido, ordenó la restitución del trabajador y el pago de los

salarios que dejó de percibir. Posteriormente, a las catorce horas seis minutos del diez de agosto

de dos mil once la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador confirmó la decisión anterior

venida en revisión.

En nuestro ordenamiento jurídico la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (LCAM)

señala, en sus considerandos, que las municipalidades de El Salvador, dando cumplimiento al

artículo 219 de la Constitución, han impulsado una normativa que regula las condiciones de

ingreso a la Administración Pública Municipal, las promociones y ascensos con base en el mérito

y la aptitud, los traslados, suspensiones y cesantías, los deberes, derechos y prohibiciones de los

servidores públicos, los recursos administrativos contra las resoluciones que los afecten y la

garantía a la estabilidad en el cargo. Y que la implementación de dicha Carrera Administrativa se

traducirá en un mejor funcionamiento de los municipios, eficiente garantía de los derechos de

todos y la prestación óptima de los servicios que corresponde a los mismos.

Así las cosas, bajo este contexto, procede entonces analizar los artículos pertinentes

relativos al punto de la competencia de esta Sala.

En el artículo 78 de la LCAM se establece que de las resoluciones de las comisiones

municipales y de las sentencias de los jueces de lo laboral o jueces con competencia en esa

materia del municipio de que se trate o del domicilio establecido, podrá interponerse recurso de

revocatoria dentro de los tres días hábiles siguientes a la respectiva notificación; éstos resolverán

confirmando o revocando su resolución.

El artículo 79 de la normativa bajo estudio, previo a ser reformado, establecía

textualmente lo siguiente: «De las sentencias definitivas de los Jueces de lo Laboral o Jueces con

competencia en esa materia, del Municipio de que se trate o del domicilio establecido, podrá

interponerse recurso de revisión ante la Cámara respectiva de esta materia, dentro de los tres

días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la denegación del recurso de revocatoria,

expresando en el mismo los motivos que se tengan para impugnar la resolución. Interpuesto el

recurso, la Cámara respectiva admitirá y remitirá los autos a los jueces de lo Laboral o Jueces

con competencia en esa materia, del Municipio de que se trate o del domicilio establecido, sin

otro trámite ni diligencia. La Cámara respectiva, resolverá el recurso con sólo la vista de los

autos, dentro de los tres días de su recibo, confirmando, modificando o revocando la sentencia o

resolución revisada. De lo resuelto por la Cámara respectiva, no habrá recurso alguno»

(subrayado suplido).

El inciso final de este artículo fue reformado mediante el Decreto Legislativo número

seiscientos uno, de fecha diez de abril de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial número

ochenta y nueve, tomo trescientos setenta y nueve, de fecha quince de mayo del mismo año,

estableciendo que: «La parte que se considere agraviada por la sentencia proveída por la

Cámara respectiva en el recurso de revisión, podrá ejercer sus derechos mediante la acción

contencioso administrativa ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema

de Justicia».

El legislador con esta reforma amplió de manera expresa la competencia para conocer de

las resoluciones pronunciadas por los juzgados de lo laboral y las cámaras de dicha materia, cuya

génesis se encuentre en un acto administrativo de despido, enmarcado dentro de la Carrera

Administrativa Municipal.

De lo antes detallado, es importante destacar que la LCAM, mediante la reforma

relacionada en el párrafo anterior, claramente determina que las sentencias proveídas por la

cámara respectiva en el recurso de revisión admiten impugnación mediante el ejercicio de la

acción contencioso administrativa, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte

Suprema de Justicia. Con ello, no existe ninguna violación al principio del juez natural,

reconocido en la parte final del artículo 15 de la Constitución, ya que claramente se establece que

se debe ser juzgado por los tribunales que previamente haya establecido la ley. Como quedó

demostrado, esta Sala no se ha atribuido indebida o antojadizamente un asunto determinado, es la

ley la que le da competencia para conocer las resoluciones emitidas por los juzgados y cámaras

de lo laboral con relación a la nulidad de despidos municipales, debiendo emitir pronunciamiento

en los casos que, como el presente, son ventilados por las partes en esta instancia.

V. El Concejo Municipal de Sensuntepeque expuso que con las resoluciones impugnadas

se violentó su derecho de defensa y el deber de fundamentación de las resoluciones judiciales; así

como se vulneró el artículo 2 número 5 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal -

LCAM-, por errónea interpretación del mismo, y su derecho a recurrir y promover la acción

contencioso administrativa en el plazo legal.

Sobre tales violaciones, se argumentó lo siguiente: «(…) la Cámara Segunda de lo

Laboral ha vulnerado el derecho de defensa (…) debido a que en el Recurso (sic) de Revisión

(sic) que interpuse ante dicho tribunal (…) expuse (…) que el Juzgado de Primera Instancia de

Sensuntepeque en la sentencia pronunciada a las quince horas y cuarenta minutos del día trece

de junio de dos mil once (…) había omitido pronunciarse en relación a las EXCEPCIONES

PERENTORIAS DE TERMINACION (sic) DE CONTRATO DE TRABAJO SIN

RESPONSABILIDAD PATRONAL POR CUMPLIMIENTO DE PLAZO, INEPTITUD DE

LA DEMANDA, ILEGITIMO (sic) CONTRADICTOR Y NULIDAD DE LA ACCION (sic)

planteadas en tiempo y forma por la parte demandada, excepciones que fueron probadas en el

termino (sic) de prueba (…) resultando que tan digno Tribunal TAMBIEN (sic) OMITIO (sic)

PRONUNCIARSE SOBRE LAS EXCEPCIONES PERENTORIAS ALEGADAS (…) lo cual

constituye una vulneración al derecho de defensa (…) NO TOMO (sic) EN CONSIDERACION

(sic) LOS AGRAVIOS EXPRESADOS por la parte demandada AL NO RESOLVER SOBRE

LOS PUNTOS OBJETO DEL AGRAVIO los cuales delimitaban el ámbito de pronunciamiento

(…) limitándose (…) a CONFIRMAR la sentencia (…) realizando un breve razonamiento del

fondo del asunto sin manifestar su posición en cuanto a los puntos alegados (…) ha inobservado

el deber de fundamentación que tiene todo Juez (sic) (…) debido a que es obligación (…)

pronunciarse sobre todos y cada uno de los elementos facticos (sic) y jurídicos alegados por el

recurrente, lo cual en el caso concreto dicho Tribunal inobservo (sic) debido a que en ningún

momento reviso (sic) la sentencia pronunciada por el Juez de Primera Instancia de

Sensuntepeque a efecto de establecer y señalar si la parte que represento tenia (sic) o no la razón

a partir del análisis detallado de cada uno de los argumentos planteados en el recurso de

revisión (…) consecuentemente lo actuado por La (sic) Honorable (sic) Cámara Segunda de lo

Laboral deviene en franca conculcación al deber de fundamentación de las resoluciones

judiciales que tiene todo Tribunal (sic) de la República (…) [Respecto a la] INTERPRETACION

(sic) ERRONEA (sic) DEL ARTICULO (sic) 2 NUMERAL 5to. De LA LEY DE LA

CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL (…) como lo compruebo por medio del

CONTRATO DE TRABAJO celebrado (…) el día cuatro de enero del año dos mil diez, el cual

tenia (sic) una duración de UN AÑO mediante el cual el trabajador demandante se

comprometió a laboral para la Alcaldía Municipal que represento durante el periodo

comprendido del día UNO DE ENERO DE DOS MIL DIEZ HASTA EL DÍA TREINTA Y

UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ (…) de la sola lectura del contrato de trabajo

antes relacionado se infiere que el trabajador demandante es una persona CONTRATADA

TEMPORALMENTE (…) existe un contrato de trabajo a plazo el cual esta (sic) regido por las

normas del Código de Trabajo y además porque (…) no tiene su origen en acto de naturaleza

administrativa como un nombramiento administrativo en el cual la administración pública

municipal actúa en su carácter de imperium, en cuyo caso si (sic) seria (sic) procedente la

aplicación de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal, es decir que en el presente caso

la parte demandante ha invocado erróneamente la aplicación de la Ley de la Carrera

Administrativa Municipal, siendo que conforme a la ley el Señor (sic) Juez de Primera Instancia

de Sensuntepeque tuvo que haber declarado IMPROPONIBLE la pretensión de la parte

demandante (…) también la Honorable (sic) Cámara Segunda de lo Laboral al omitir su

pronunciamiento sobre la excepción perentoria de ineptitud de la demanda planteada por la

parte demandante contribuyo (sic) con su omisión a tutelar judicialmente a la parte demandante

no obstante haber promovido la acción judicial de una manera errónea, ya que la parte

demandante tuvo que haber promovido un JUICIO INDIVIDUAL ORDINARIO DE TRABAJO

bajo el amparo de la legislación laboral. Es oportuno además señalar que el trabajador

demandante no forma parte de la carrera administrativa municipal por estar comprendido

dentro de la excepciones de las que hace el artículo 2 numeral 5°. De (sic) la Ley de la Carrera

Administrativa Municipal precepto que señala claramente que las personas que se encuentren

vinculadas a la administración pública mediante contrato no formaran (sic) parte de la carrera

administrativa (…) [Sobre la] VULNERACION (sic) AL DERECHO DE RECURRIR Y

PROMOVER LA ACCION (sic) CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA (…) El articulo (sic) 11

literal A) de la Ley de La (sic) Jurisdicción Contencioso Administrativa en lo pertinente

establece: “El plazo para interponer la demanda será de sesenta días (…)” por lo que de

conformidad a las disposiciones precitadas EL PLAZO que tengo por ministerio de ley para

promover la ACCION (sic) CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA ante tan Honorable (sic)

Sala vence el SIETE DE NOVIEMBRE DEL CORRIENTE AÑO. El día veintiocho de

septiembre del corriente año fui notificado en legal forma de la resolución en virtud de la cual el

Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque me informaba que (…) en vista de que La (sic)

Cámara Segunda de Lo (sic) Laboral con sede en San Salvador había confirmado la resolución

impugnada por la parte demandada mediante recurso de revisión era procedente a su criterio

DECLARAR EJECUTORIADA la sentencia pronunciada por dicho tribunal. El día tres de

octubre del corriente año interpuse RECURSO DE REVOCATORIA en contra de la resolución

pronunciada (…) el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque resolvió a las doce horas

del día catorce de octubre del corriente año el Recurso (sic) de Revocatoria (sic) interpuesto

declarando SIN LUGAR EL RECURSO DE REVOCATORIA INTERPUESTO argumentando

en los considerandos de su resolución que la ACCION (sic) CONTENCIOSA

ADMINISTRATIVA es “un trámite independiente a lo que se ha resuelto en las referidas

diligencias (…) ordenándole ARBITRARIAMENTE a mi representada el cumplimiento de la

sentencia objeto de impugnación e inobservando con su actuación el derecho legitimo (sic) de la

parte que represento a promover la acción contenciosa ante dicha actuación ilegal del referido

funcionario judicial» (folios 2 frente al 5 vuelto).

De lo anterior, se advierte que la controversia se circunscribe en determinar básicamente

la violación de: a) el derecho de defensa y el deber de fundamentación de las resoluciones

judiciales; b) el artículo 2 número 5 de la LCAM; y c) el derecho a promover la acción

contencioso administrativa.

No obstante, esta Sala considera que el iter lógico de la presente sentencia se hará de la

siguiente manera, en aras de hacer un análisis más ordenado: en primer lugar, se determinará si el

trabajador JGA se encontraba excluido del régimen laboral que prevé la LCAM, conforme con lo

regulado en el artículo 2 número 5 de la referida ley, al haber sido contratado temporalmente, y

que, por tal motivo, el Juez de Primera Instancia de Sensuntepeque y la Cámara Segunda de lo

Laboral de San Salvador aplicaron erróneamente tal disposición; en segundo lugar, se examinará

si hubo una violación al derecho defensa y si existió la falta de motivación o se infringió el deber

de fundamentación de las resoluciones judiciales -como señala la parte actora-, al haberse

omitido el pronunciamiento sobre las excepciones perentorias de terminación de contrato sin

responsabilidad patronal por cumplimiento de plazo, ineptitud de la demanda, ilegítimo

contradictor y nulidad de la acción que fueron planteadas ante el Juzgado de Primera Instancia y

la Cámara de lo Laboral demandados; y, finalmente, se analizará si se vulneró el derecho de

recurrir así como el derecho a promover la acción contencioso administrativa en el plazo

establecido en los artículos 11 y 47 de la LJCA.

1. Es así que se debe determinar, en primer lugar, si el señor JGA fue contratado

temporalmente para labores que no constituyen una actividad regular y continua de la

municipalidad y, en ese sentido, concluir que está excluido de la carrera administrativa -en virtud

de lo dispuesto en el artículo 2 número 5 de la LCAM-; y, a partir de tal análisis, establecer si las

autoridades demandadas podían conocer de las diligencias de nulidad de despido.

a. La LCAM hace especial mención de las personas contratadas temporalmente y señala

que se encuentran excluidas de la carrera administrativa, tal como prevé el artículo 2, número 5,

de la siguiente forma: «No estarán comprendidos en la carrera administrativa municipal los

funcionarios o empleados siguientes: (…) Las personas contratadas temporalmente, para

desarrollar labores contempladas dentro de partidas presupuestarias que obedecen a la solución

de necesidades eventuales de la administración municipal, dentro de las cuales está la

contratación de personal de manera temporal o las contratadas para la realización de obras,

reparación de las mismas o para trabajos eventuales derivados de hechos o circunstancias

extraordinarias. La relación de trabajo de estos servidores se regulará por el Código de Trabajo

en lo relativo a dichas labores».

Una de las garantías de los miembros de la carrera administrativa municipal es que

cualquier decisión encaminada a sancionarlos, suspenderlos o despedirlos, debe estar respaldada

en las causales y en los procedimientos determinados en la LCAM.

Con relación al derecho a la estabilidad laboral, en las sentencias de la Sala de lo

Constitucional del diecinueve de diciembre de dos mil doce, de los amparos 1-2011 y 2-2011, y

retomada el uno de marzo de dos mil diecisiete, en el amparo 436-2015, se sostuvo que: “(…)

para determinar si una persona es o no titular del derecho a la estabilidad laboral, se debe

analizar -independientemente de que esté vinculada con el Estado por medio de Ley de Salarios

o de un contrato de servicios personales- si en el caso particular concurren las condiciones

siguientes: (i) que la relación laboral es de carácter público y, por ende, el trabajador tiene el

carácter de empleado público; (ii) que las labores pertenecen al giro ordinario de la institución,

es decir, que guardan relación con las competencias de dicha institución; (iii) que las labores

son de carácter permanente, en el sentido de que se realizan de manera continua y, por ello,

quien las efectúa cuenta con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutarlas de manera

eficiente; y (iv) que el cargo desempeñado no es de confianza, circunstancia que debe

determinarse con base en los criterios fijados por este Tribunal. En definitiva, si un trabajador se

encuentra vinculado con el Estado en virtud de un contrato con plazo determinado, la sola

invocación de éste por parte del empleador no constituye razón suficiente para tener establecido

que la prestación de servicios por parte de aquel a favor del Estado es de naturaleza eventual o

extraordinaria. Ello constituye una aplicación indebida del art. 83 de las Disposiciones

Generales de Presupuesto, ya que se utiliza la figura del contrato para obtener servicios que

pertenecen al giro ordinario de una determinada institución (…)” (el subrayado es propio).

b. Se presentó como medio de prueba por parte del demandante el contrato número

********, asignación ********, celebrado en la ciudad de Sensuntepeque, departamento de

Cabañas, el día cuatro de enero de dos mil diez, entre el Alcalde Municipal de dicha ciudad y el

señor JGA, agregado a folio 11 del expediente judicial; el cual literalmente dice: «CONTRATO

N°******** ASIGNACIÓN ********** Contrato celebrado en la Ciudad (sic) de

Sensuntepeque, Departamento (sic) de Cabañas, El Salvador, el día cuatro de enero de dos mil

diez, entre la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SENSUNTEPEQUE, Institución (sic) Oficial (sic)

de Servicio (sic) Público (sic), del domicilio de Sensuntepeque, Departamento (sic) de Cabañas,

representada legalmente por JEBN, de treinta y nueve años de edad, Ingeniero (sic) Agrónomo

(sic), del domicilio de Sensuntepeque, de nacionalidad Salvadoreña (sic), con documento único

de identidad número ********; que en adelante se llamará EL CONTRATANTE; y JGA, de

treinta y cinco años de edad, de nacionalidad salvadoreña, con documento único de identidad

número ******** y número de identificación tributaria ********; que en adelante se llamará

EL CONTRATADO. Los cuales acuerdan celebrar el siguiente Contrato de Trabajo de Acuerdo

(sic) a las siguientes Condiciones (sic): 1. El Contratado (sic) desempeñará el puesto

ENCARGADO DE LIMPIEZA en la Unidad de Servicios Municipales, de la Alcaldía Municipal

de Sensuntepeque. 2. El Contratante (sic) pagará en concepto de Salario (sic) Mensual (sic) la

cantidad de $223.00 (Doscientos (sic) veintitrés 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte

América). 3. El Contratado (sic) autoriza al Contratante (sic) para que de sus honorarios se

realicen los descuentos que establece la Ley (sic). 4. El Contratado (sic) deberá cumplir con su

horario de trabajo: de LUNES A DOMINGO; basado en el Reglamento (sic) y Horarios (sic)

estipulados en la Unidad (sic) Referida (sic). El horario podrá ser extendido en virtud de la

conveniencia del buen funcionamiento de sus labores. 5. Este contrato tiene como duración UN

AÑO. Y estipula como fecha de inicio el 01 de ENERO de 2010 hasta el 31 de DICIEMBRE de

2010. 6. El Contratado (sic) manifiesta que no desempeña ningún cargo en el Gobierno Central

o Institución (sic) Autónoma (sic). 7. Arreglos en casos de Disputas (sic). Las reclamaciones o

controversias en la interpretación o la ejecución del presente contrato, que no puedan arreglarse

amigablemente mediante la negociación directa, serán sometidas a arbitraje obligatorio, de

acuerdo a lo estipulado a la Legislación (sic) de El Salvador. Las partes se someten a la

jurisdicción de los Tribunales (sic) de Sensuntepeque. Se manifiesta además que se somete a las

Leyes (sic), Reglamentos (sic) y Disposiciones (sic) vigentes relacionadas con este Contrato

(sic). Este contrato tendrá vigencia en la fecha en que haya sido firmado por ambas partes. EN

FE DE LO CUAL, las partes o sus representantes debidamente autorizados para hacerlo,

suscriben el presente contrato, en los lugares y fechas indicadas».

Además, en la etapa probatoria se incorporaron los expedientes tramitados en el Juzgado

de Primera Instancia de Sensuntepeque y en la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador,

cuyos pasajes, en lo que interesa al caso, serán examinados.

Así, se tiene que en el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque se diligenció el

procedimiento de nulidad de despido, que consta en el expediente con referencia 1/2011.DV., el

cual dio inicio por medio de una demanda interpuesta por la licenciada Rosa Salguero Torres,

como apoderada general judicial del señor JGA. En dicha demanda se señaló que éste: «(…)

ingresó a laborar para y bajo las órdenes del Municipio de Sensuntepeque, desde el catorce de

febrero de dos mil cinco, como Recolector de Desechos Sólidos del Municipio de Sensuntepeque,

y sus funciones consistían en recolectar los desechos sólidos, montarlos al camión recolector, y

posteriormente depositados en un botadero de basura, sujeto a una jornada de trabajo de nueve

horas diarias, con un horario de trabajo desde las siete horas, hasta las dieciséis horas, de lunes

a sábado, y un domingo de la tercera semana de cada mes, desde las seis horas hasta las

diecisiete horas, descansando los demás días domingo de cada semana, devengando por sus

servicios un salario de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES (sic) DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (sic), en forma mensual (…) el día diez de diciembre de

dos mil diez, a eso de las catorce horas con treinta minutos, mi mandante fue llamado en la

Secretaría del Despacho de Gerencia Municipal (…) para entregarle una nota de despido (…)

firmada (…) por el Ingeniero (sic) Raúl Remberto Ramírez, Gerente Municipal (…)» (folio 1

vuelto al 2 frente del expediente 1/2011.DV.).

El Concejo Municipal de Sensuntepeque, por medio de su apoderado general judicial,

licenciado Carlos Alberto Mira Cruz, contestó la demanda en sentido negativo «(…) por ser

ABSOLUTAMENTE FALSOS los hechos alegados» (folio 25 vuelto del expediente del

juzgado); además, opuso «EXCEPCION (sic) PERENTORIA DE CUMPLIMIENTO DEL

PLAZO DEL CONTRATO DE TRABAJO, teniendo como fundamento el articulo (sic) 48

causal 1°. Del (sic) Código de Trabajo el cual señala de manera expresa que el cumplimiento

del plazo es una causal de TERMNACION (sic) DE CONTRATO DE TRABAJO SIN

RESPONSABILIDAD PARA NINGUNA DE LAS PARTES Y SIN INTERVENCION (sic)

JUDICIAL (…) Con la presentación del Contrato de Trabajo (…) se acredita (…) que el vínculo

laboral patrono- trabajador en el presente caso es de naturaleza laboral (…) en el presente caso

la parte demandante ha invocado erróneamente la aplicación de La (sic) Ley de la Carrera

Administrativa Municipal (…) vengo por este medio a oponer expresamente EXCEPCIÓN

PERENTORIA DE INEPTITUD DE LA DEMANDA planteada por la parte demandante en

virtud de que en el presente caso no procede la acción judicial administrativa (…) Es oportuno

también oponer la EXCEPCION (sic) PERENTORIA DE ILEGITIMO (sic)

CONTRADICTOR por cuanto que el Poder (sic) presentado por la parte demandante no cumple

con el principio de literalidad y especificidad (…) en el sentido de que no faculta expresamente a

la abogada postulante para que promueva el presente juicio, consecuentemente existe una

NULIDAD ABSOLUTA en el ejercicio de la acción» (folio 26 frente y vuelto del expediente del

juzgado).

Luego del procedimiento respectivo, el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque

emitió la resolución de las quince horas con cuarenta minutos del día trece de junio de dos mil

once (primer acto impugnado), que declaró, entre otras cosas, nulo el despido del señor JGA.

Ante dicha resolución, el Concejo Municipal interpuso el recurso de revocatoria, alegando que:

«(…) el trabajador demandante no forma parte de la carrera administrativa municipal por estar

comprendido dentro de las excepciones a las que hace referencia el artículo 2 numeral 5°. De

(sic) la Ley de la Carrera Administrativa Municipal precepto que señala claramente que las

personas que se encuentran vinculadas a la administración pública mediante contrato no

formaran (sic) parte de la carrera administrativa. En base a lo anteriormente expuesto y con

fundamento en el articulo (sic) 284 del Código Procesal Civil y Mercantil con expresas

instrucciones de mi representado opuse expresamente EXCEPCION (sic) PERENTORIA DE

INEPTITUD DE LA DEMANDA planteada por la parte demandante en virtud de que en el

presente caso no procede la acción judicial administrativa (…)» (folio 67 frente del expediente

del juzgado).

Posteriormente, el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque emitió la resolución de

las catorce horas con treinta minutos del día veintidós de junio de dos mil once (segundo acto

impugnado), mediante la cual resolvió declarar no ha lugar el recurso de revocatoria interpuesto

por el licenciado Carlos Alberto Mira Cruz.

Seguidamente, la parte actora, por medio de su apoderado general judicial con cláusula

especial, licenciado Carlos Alberto Mira Cruz, interpuso el recurso de revisión, con fundamento

en el artículo 79 de la LCAM, alegando, entre otras cosas, que, respecto al punto que nos ocupa:

«(…) la relación jurídico laboral patrono- trabajador es de naturaleza laboral por cuanto que

existe un contrato de trabajo a plazo el cual esta (sic) regido por las normas del Código de

Trabajo y además porque el inicio de la relación laboral objeto del presente juicio no tiene su

origen en un acto de naturaleza administrativa como un nombramiento administrativo en el cual

la administración publica (sic) municipal actúa en su carácter de imperium, en cuyo caso si (sic)

seria (sic) procedente la aplicación de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal (…)»

(folio 3 frente del expediente de la Cámara).

c. De lo anterior, se colige que el señor JGA laboró para el Municipio de Sensuntepeque y

desempeñaba el cargo de Encargado de Limpieza, en la Unidad de Servicios Municipales de

dicha Alcaldía, y, de acuerdo con la parte actora, no le era aplicable la LCAM, por ser un

empleado contratado temporalmente, y, por ello, no procedía las diligencias de nulidad de

despido llevadas en el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, sino lo establecido en el

Código de Trabajo.

Conforme con la jurisprudencia constitucional previamente citada, la sola denominación o

tipo de contrato con un plazo determinado, no constituye razón suficiente para establecer que la

prestación de servicios por parte del empleado a favor de la municipalidad, para el caso, sea de

naturaleza temporal. De ahí que resulta importante analizar si las actividades desempeñadas por

el señor GA cumplen las características de un empleado con derecho a la estabilidad laboral.

Así, respecto de la primera característica señalada por la jurisprudencia constitucional; es

decir, «i) que la relación laboral es de carácter público y, por ende, el trabajador tiene el

carácter de empleado público», es importante hacer notar que el trabajador debe estar vinculado

laboralmente con un ente público. No hay duda que, según los artículos 203 y 204 de la

Constitución, los municipios son entes públicos autónomos en lo económico, técnico,

administrativo y jurídico. Esto nos lleva a inferir que los servicios que prestaba el señor GA eran

de carácter público; consecuentemente, éste tenía a la fecha de la separación del puesto de trabajo

la calidad de servidor o empleado público.

La segunda característica está referida a “(ii) que las labores pertenecen al giro ordinario

de la institución; es decir, que guardan relación con las competencias de dicha institución”.

Se tiene que en el contrato de trabajo agregado a folio11 del presente proceso consta que

el señor GA se encontraba adscrito a la Unidad de Servicios Municipales de la Alcaldía

Municipal de Sensuntepeque, y que su cargo era encargado de limpieza. Aunque no se

mencionan las actividades concretas que desempeña, el señor GA manifestó en la demanda de

nulidad de despido presentada en sede laboral que sus labores consistían en «(…) recolectar los

desechos sólidos, montarlos al camión recolector, y posteriormente depositados en un botadero

de basura (…)» (folio 1 vuelto del expediente del juzgado). De ahí que desempeñaba actividades

ordinarias de la Municipalidad.

Por otro lado, respecto a la característica relacionada a “(iii) que las labores son de

carácter permanente, en el sentido de que se realizan de manera continua y, por ello, quien las

efectúa cuenta con la capacidad y experiencia necesarias para ejecutarlas de manera eficiente”,

es preciso señalar que el señor GA en la demanda presentada en el procedimiento de nulidad de

despido manifestó que labora para el Municipio de Sensuntepeque desde «el catorce de febrero

de dos mil cinco» (folio 1 vuelto del expediente del juzgado). Afirmación que el Concejo

Municipal, demandado en aquella sede, al contestar la demanda, intentó desvirtuar mediante la

presentación del contrato N° ********; sin embargo, consta en la resolución de las quince horas

con cuarenta minutos del trece de junio de dos mil once (primer acto administrativo) que se

recibió como prueba testimonial por parte de la licenciada Rosa Salguero Torres, apoderada

general judicial del señor JGA, la declaración de los testigos JJHG y CJHR quienes refirieron que

el señor GA ingresó a laborar a la Alcaldía Municipal de Sensuntepeque desde el año dos mil

cinco. Es decir, se evidencia una actividad prolongada en el tiempo que conlleva un carácter

permanente.

Por tanto, es posible concluir que el referido trabajador realizaba sus labores de manera

continua y no temporal.

En cuanto a la última característica relativa a “que el cargo desempeñado no es de

confianza, circunstancia que debe determinarse con base en los criterios fijados por este

Tribunal”, debe señalarse que no se ha alegado, mucho menos acreditado, que el cargo en

cuestión sea de confianza personal o política. En el caso analizado, la función descrita por parte

del señor GA constituye una actividad general, operativa y propia del cargo de encargado de

limpieza, la cual puede ser desempeñada por cualquier persona que llene el perfil del puesto

requerido. Es así que no se vislumbra algún elemento de confianza personal o política con la

máxima autoridad.

Finalmente, en cuanto a la suscripción del «CONTRATO N° ******** ASIGNACIÓN

********», de fecha cuatro de enero de dos mil diez, tal como se ha señalado en la

jurisprudencia constitucional citada, “si un trabajador se encuentra vinculado con el Estado en

virtud de un contrato con plazo determinado, la sola invocación de éste por parte del empleador

no constituye razón suficiente para tener establecido que la prestación de servicios por parte de

aquel a favor del Estado es de naturaleza eventual o extraordinaria”; de manera que con dicho

documento no es posible afirmar que el empleado desempeñaba una labor temporal, tal como

alegó la parte actora.

d. Así, es posible afirmar que las funciones que el señor JGA desempeñaba como

encargado de limpieza en la Unidad de Servicios Municipales de la Alcaldía Municipal de

Sensuntepeque eran de carácter permanente y correspondían a una actividad continua de la

Municipalidad. A partir de ahí, se concluye que dicho señor no era un empleado contratado

temporalmente para desarrollar labores eventuales de la Administración Municipal, lo cual

permite inferir que está incluido en la carrera administrativa municipal.

e. Establecido lo anterior, debe analizarse si el Juzgado de Primera Instancia de

Sensuntepeque y la Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador aplicaron erróneamente el

artículo 2 número 5 de la LCAM, por conocer de las diligencias de nulidad de despido, como

señala la parte actora, debido a que no advirtió que la contratación era temporal y, por ende, el

trabajador no pertenecía a la carrera municipal y le era aplicable el Código de Trabajo.

Al respecto, luego de revisar el contenido de la primera resolución impugnada emitida en

el procedimiento de nulidad de despido, promovido por el señor JGA, se relaciona que el Concejo

Municipal de Sensuntepeque contestó la demanda en sentido negativo y alegó una serie de

excepciones.

Debe indicarse que, a pesar de haber alegado la parte actora en sede laboral que el

trabajador fue contratado de manera temporal, el Juez de Primera Instancia estimó que el

empleado no estaba excluido de la carrera administrativa municipal, en virtud del artículo 2

número 5 de la LCAM. En consecuencia, el juzgador asumió competencia para conocer las

diligencias de nulidad de despido, promovidas por el trabajador municipal, conforme con el

artículo 74 de la referida ley.

A partir del hecho que el señor GA ocupaba un cargo de carácter permanente y se

encontraba incluido en la carrera administrativa municipal, es que el Juzgado de Primera

Instancia de Sensuntepeque conoció de la demanda de nulidad de despido que le fue presentada,

en aplicación del artículo 75 de la LCAM.

Por otro lado, la Cámara Segunda de lo Labral de San Salvador, en su resolución de las

catorce horas con seis minutos del día diez de agosto de dos mil once (tercer acto impugnado),

consideró que: «(…) la temporalidad de las contrataciones a que se refiere el Art. (sic) 2 numeral

5 de la Ley de la Carrera Administrativa Municipal citado por el mismo agraviado, se sujetan a

la condición de eventualidad, es decir a la satisfacción de necesidades municipales

extraordinarias, situación que corre en sentido inverso a lo que se ha demostrado dentro de esta

causa. Por ello es preciso concluir que el a quo actuó conforme a derecho, siendo consecuente

confirmar el fallo venido en grado (…)» (folio 11 del expediente 10 ND/2011, llevado por la

Cámara Segunda de lo Laboral de San Salvador).

De lo anterior, se concluye que ambas autoridades demandadas consideraron que el señor

JGA ocupaba un cargo de carácter permanente y se encontraba incluido en la carrera

administrativa municipal.

Por tanto, no existe la violación alegada por la parte actora, en cuanto a que las

autoridades demandadas no podían conocer de las diligencias de nulidad de despido y aplicaron

erróneamente el artículo 2 número 5 de la LCAM.

2. Procede en este momento determinar si hubo una violación al derecho defensa y si

existió falta de motivación o se infringió el deber de fundamentación de las resoluciones

judiciales -como señala la parte actora-, al haberse omitido el pronunciamiento sobre las

excepciones perentorias de terminación de contrato sin responsabilidad patronal por

cumplimiento de plazo, ineptitud de la demanda, ilegítimo contradictor y nulidad de la acción que

fueron planteadas ante el Juzgado de Primera Instancia y reiteradas en la Cámara de lo Laboral

demandados.

Sobre este punto señala la parte actora que la Cámara demandada: «(…) [le vulneró] el

derecho de defensa (…) debido a que en el Recurso (sic) de Revisión (sic) que interpuse ante

dicho tribunal (…) expuse (…) que el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque en la

sentencia pronunciada a las quince horas y cuarenta minutos del día trece de junio de dos mil

once (…) había omitido pronunciarse en relación a las EXCEPCIONES PERENTORIAS DE

TERMINACION (sic) DE CONTRATO DE TRABAJO SIN RESPONSABILIDAD

PATRONAL POR CUMPLIMIENTO DE PLAZO, INEPTITUD DE LA DEMANDA,

ILEGITIMO (sic) CONTRADICTOR Y NULIDAD DE LA ACCION (sic) planteadas en

tiempo y forma por la parte demandada, excepciones que fueron probadas en el termino (sic) de

prueba (…) resultando que tan digno Tribunal TAMBIEN (sic) OMITIO (sic)