Sentencia Nº 5-21-RA-SCA de Sala de lo Contencioso Administrativo, 29-01-2021

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Sentido del fallo	ADMISIÓN
Tipo de Recurso	RECURSO DE APELACION
Materia	Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa - VIGENTE
Fecha	29 Enero 2021
Número de sentencia	5-21-RA-SCA
Emisor	Sala de lo Contencioso Administrativo

5-21-RA-SCA

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA: San Salvador, a las quince horas del veintinueve de enero de dos mil veintiuno.

El veintidós de enero de dos mil veintiuno, se presentó el oficio número veintidós, de

fecha dieciocho de enero de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario de actuaciones de la

Cámara de lo Contencioso Administrativo, con residencia en Santa Tecla, departamento de La

Libertad, al cual se adjunta: (i) una certificación de la sentencia emitida por dicha Cámara, a las

catorce horas cincuenta y cinco minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veinte; (ii) el

escrito del recurso de apelación presentado el trece de enero de dos mil veintiuno, contra la

sentencia antedicha, y los documentos anexos al mismo que constan de folios 73 al 102 del

expediente judicial que lleva esta Sala; (iii) el expediente judicial del “Proceso Común con NUE:

NUE 00036-19-ST-COPC-CAM Acum. 00037-19-ST-COPC-CAM, con referencia interna 4-PC-

2-2019/5-PC-2-2019” compuesto de cinco piezas: la primera, con doscientos quince folios

(quince folios sin numeración); la segunda, con doscientos dieciocho folios y un disco compacto

(dieciocho folios sin numeración); la tercera, con ciento cuarenta y nueve folios (tres folios sin

numeración); la cuarta, con doscientos nueve folios (nueve folios sin numeración); y, la quinta,

con nueve folios; (iv) el expediente administrativo del caso, compuesto de tres piezas: la primera,

con ciento ochenta y cuatro folios (tres folios numerados como veinticinco); la segunda, con

ciento noventa y un folios; y, la tercera, con ciento treinta y cuatro folios; documentación toda

correspondiente a los procesos contenciosos administrativos promovidos por la Administradora

de Fondos de Pensiones Confía, Sociedad Anónima —NUE 00036-19-ST-COPC-CAM— y, por

otra parte, por la Administradora de Fondos de Pensiones Crecer, Sociedad Anónima —NUE

00037-19-ST-COPC-CAM—, que pueden abreviarse AFP Confía, S.A., y AFP Crecer, S.A.,

respectivamente, por medio de sus apoderados generales judiciales, licenciados Ricardo Antonio

Mena Guerra, Henry Salvador Orellana Sánchez y José Adán Lemus Valle, contra la

Superintendencia del Sistema Financiero y el Superintendente Adjunto de Pensiones.

Por otra parte, el veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se presentó un escrito firmado

por los licenciados Ricardo Antonio Mena Guerra y José Adán Lemus Valle, apoderados

generales judiciales de AFP Confía, S.A., y AFP Crecer, S.A., mediante el cual informan a este

Tribunal “hechos sobrevinientes” que atañen al recurso de apelación deducido contra la sentencia

emitida por la Cámara de lo Contencioso Administrativo, a las catorce horas cincuenta y cinco

minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veinte.

I. El contexto de la controversia jurídica del presente caso, es el siguiente.

1. Actuaciones administrativas previas en relación con la esfera jurídica de AFP

Confía, S.A.

i. AFP Confía, S.A. indicó que el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho se le notificó

una nota, referencia N° ISP-IP-24292, emitida en la misma fecha, y suscrita por la Intendente del

Sistema de Pensiones (actuando por delegación del Superintendente del Sistema Financiero,

según resolución N° 3/2018, del cinco de enero de dos mil dieciocho), dirigida a su Directora

Presidenta, mediante la cual la autoridad suscriptora señaló lo siguiente: «(…) Le comunicamos

que esta Superintendencia realizó visita de supervisión a su representada, con el propósito de

evaluar la gestión del riesgo operativo, control interno y cumplimiento en el proceso de

otorgamiento de beneficios en los Fondos de Pensiones Administrados, en la cual se

determinaron observaciones y puntos de mejora que se detallan en anexo. En vista de los

resultados de la referida visita, se instruye remitir a esta Superintendencia dentro del plazo de 5

días contados a partir del día siguiente de recibida la presente, los comentarios y pruebas de

descargos que consideren pertinentes, paro (sic) después de su revisión emitir el informe final

correspondiente (…)» (el subrayado es propio, folio 6 vuelto).

A la nota relacionada se anexó el informe N° ISP-50/2018, denominado “Revisión del

riesgo operativo, control interno y cumplimiento en el proceso de otorgamiento de beneficios,

que administra AFP Confía, S.A.”, en el cual se hizo una particular referencia a la condición uno,

titulada “Pensión de referencia de invalidez no ajustada a la pensión mínima de conformidad al

inciso segundo del artículo 120 de la Ley SAP”, en la que se indicó lo que sigue: «(…)

Condición: De la revisión de expedientes de pensiones por invalidez en primer dictamen se

identificaron 5 casos de pensionados a quienes se les ajustó el monto de la pensión al valor de la

mínima vigente, dado que el beneficio determinado en (sic) oportunidad fue menor a dicho valor;

sin embargo; al verificar los estados de cuenta de dichos pensionados se observó que el monto

del referido ajuste está siendo financiado con cargo a la CIAP [Cuenta Individual de Ahorro para

Pensiones] del afiliado, eximiéndose AFP CONFIA de la responsabilidad establecida en el Art

117 de la ley del SAP para lo cual, según el Art. 124 de la referida ley, cada AFP debe contratar

un seguro de invalidez y sobrevivencia, para respaldar íntegramente el pago del capital

complementario, las contribuciones especiales y el pago de los (sic) pensiones establecidas por

el primer dictamen de invalidez, siendo que las pensiones en primer dictamen y capital

complementario son determinadas de conformidad o (sic) las pensiones de referencia

establecidas en el Art. 120 de la Ley del SAP, el cual en su último inciso dispone que los (sic)

mismas no podrán ser inferiores al monto de la pensión mínima; en ese sentido tanto las

pensiones en primer dictamen de invalidez y los capitales complementarios deben ser calculados

de conformidad a las pensiones de referencia según lo establecido en el mencionado Art. 120, no

existiendo habilitación legal para que la AFP complemente con el saldo de la CIAP o de la

Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), para los casos de invalidez en primer dictamen, el

diferencial entre la pensión calculada según los porcentajes de referencia y la pensión mínima,

ya que estos tienen que ser cubiertos por el seguro contratado o en su defecto por la AFP; según

lo establecido en el inciso final del Art. 124 de la ley del SAP ( ...) Si bien es cierto, al final del

literal a) del Art. 136 de la ley del SAP se establece que (…) “si la pensión que le correspondiere

al afiliado resultare menor a la pensión mínima establecida en esta Ley, éste podrá optar porque

la Institución Administradora complemente dicha pensión, con el saldo de la cuenta de ahorro

para pensiones”, esto último quedó sin efecto por lo establecido en el inciso final del nuevo Art.

120 de la misma ley, ya que tal como lo dispone el mismo, las pensiones de referencia nunca

serán inferiores a la pensión mínima, por tanto las pensiones por invalidez y sobrevivencia, no

serán menores a este umbral (…)» (el subrayado es propio, folio 7 frente).

ii. A partir de lo anterior, en la referida nota se instruyó a AFP Confía, S.A., que: «(…)

reintegre a las CIAP de los afiliados que corresponda, los valores de pensión complementarios

retirados indebidamente para ajustar pensiones de referencia al valor de la pensión mínima,

asimismo, deben restituir lo que corresponda a la CGS [Cuenta de Garantía Solidaria].

Adicionalmente, deben verificar en la base de datos de pensionados por invalidez en primer

dictamen otorgados con las disposiciones establecidas en el DL No. 787 vigente desde el 6 de

octubre de 2017, y lo acordado en las resoluciones emitidas por esta Superintendencia, en lo que

corresponda. Si existen otros casos bajo las mismas condiciones antes descritas y deban ser

corregidos (…)» (el subrayado es propio, folio 7 frente).

iii. Ahora bien, en atención a la instrucción girada por la Intendente del Sistema de

Pensiones, en la nota del cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, mediante escrito de fecha

diez de diciembre de dos mil dieciocho, la Directora Presidenta de AFP Confía, S.A., contestó la

condición uno y la correspondiente instrucción, contenidas en el informe N° ISP-50/2018 (folio 7

frente y vuelto).

Posteriormente, el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, fue emitido el primer

acto administrativo impugnado en la primera instancia, identificado como la nota referencia N°

SAPEN-ISP-25446, suscrita por el Superintendente Adjunto de Pensiones —por delegación del

Superintendente del Sistema Financiero, según resolución N° 25/2014, del veinticinco de junio de

dos mil catorce—, a la cual se anexó el informe ISP 50/2018, denominado “Revisión del riesgo

operativo, control interno y cumplimiento en el proceso de otorgamiento de beneficios, que

administra AFP CONFÍA, S.A.”, mismo que contiene la instrucción relacionada a la condición

uno, denominada “Presunto incumplimiento de AFP Confía, S.A., en la falta de aplicación de

ajustes en las pensiones de referencia de invalidez a la pensión mínima, de conformidad al

último inciso del Art. 120 de la Ley SAP”, la que establece lo siguiente: «(…) Se instruye a AFP

CONFIA, que reintegre a las CIAP de los afiliados que corresponda, los valores de pensión

complementarios retirados indebidamente para ajustar las pensiones de referencia al valor de la

pensión mínima, así mismo, deben restituir lo que corresponda a la CGS. Adicionalmente, deben

verificar en la base de datos de pensionados por invalidez en primer dictamen otorgados con las

disposiciones establecidas en el DL No. 787 vigente desde el 6 de octubre de 2017, y lo acordado

en las resoluciones emitidas por esta Superintendencia, en lo que corresponda. Si existen otros

casos bajo las mismas condiciones antes descritas deben ser corregidos (…)» (el subrayado es

propio, folios 38 y 39 de la pieza uno del expediente judicial remitido por la Cámara).

iv. Seguidamente, en fecha nueve de enero de dos mil diecinueve, el Superintendente

Adjunto de Pensiones —por delegación del Superintendente del Sistema Financiero según

resolución N° 25/2014, del veinticinco de junio de dos mil catorce—, emitió el segundo acto

administrativo impugnado en la primera instancia; concretamente, la nota referencia N° SAPEN-

ISP-536, mediante la cual la autoridad mencionada resolvió lo que sigue: «(…) se reitera e

instruye a esa Institución Administradora que reintegre a las Cuentas Individuales de Ahorro

para Pensiones de los afiliados que correspondan, los valores retirados indebidamente de éstas

para ajustar las pensiones de referencia al valor de la pensión mínima, debiendo restituir a la

Cuenta de Garantía Solidaria los cargos improcedentemente efectuados cuando sea pertinente,

ya que la obligación de pago de dichas responsabilidades corresponde a AFP CONFIA, S.A,

según lo establecido en el inciso segundo del artículo 116 y en el artículo 117 de la Ley del SAP,

sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la misma ley. Asimismo, se les instruye que

ajusten la pensión al monto de la mínima de todos los pensionados por invalidez y sobrevivencia

a quienes les sea aplicable y no les efectuaron dicho ajuste en su oportunidad, conforme lo

establecido en la disposición legal antes citada (…)» (el subrayado es propio, folio 45 de la pieza

uno del expediente judicial remitido por la Cámara).

2. Actuaciones administrativas previas en relación con la esfera jurídica de AFP

Crecer, S.A.

i. Por su parte, AFP Crecer, S.A., indicó que mediante la nota referencia SAPEN-ISP-

20445, del ocho de octubre de dos mil dieciocho, emitida por el Superintendente Adjunto de

Pensiones —por delegación del Superintendente del Sistema Financiero, según resolución N°

25/2014, del veinticinco de junio de dos mil catorce—, dirigida a su Director de Operaciones y

Servicios, la autoridad mencionada puntualizó lo que sigue: «(…) Sobre el particular se le

comunica que, con base en lo (sic) información de los archivos del mes de agosto de 2018;

complementándola con datos de nuestra base de datos se han identificado 60 casos de invalidez

en primer dictamen con cobertura de seguro, otorgados durante la vigencia del Decreto

Legislativo 787, en los que el monto de la pensión mensual calculada y pagada es inferior al

monto de la pensión mínima correspondiente según el grado de invalidez dictaminado,

contraviniendo las disposiciones del último inciso del artículo 120 de la ley del Sistema de

Ahorro para Pensiones (Ley del SAP), que literalmente establece: “En el caso que el cálculo

resultante de las pensiones sea inferior al valor de las pensiones mínimas vigentes por invalidez

o sobrevivencia, éstas deberán ajustarse a dichos montos mínimos, lo cual es reiterado en el

primer inciso del artículo 131-A de la citada ley. Por lo anterior, es necesario que se realice una

revisión exhaustiva y se identifiquen todos los casos que se han otorgado durante la vigencia de

las recientes reformas a la ley del SAP, tanto de invalidez y sobrevivencia, con o sin cobertura

del seguro de invalidez y sobrevivencia, con la salvedad que en los casos que se goce de dicha

cobertura, el ajuste de las pensiones al monto de la mínima será con cargo al referido seguro,

conforme está plasmado en las condiciones mínimas del referido seguro, en el anexo 1 de las

Normas Técnicas para la licitación, Adjudicación y Contratación del Seguro de Invalidez y

Sobrevivencia para las Instituciones Administradoras de Fondos de Pensiones -NSP-04, y el

artículo 25 de las Normas Técnicas para el Otorgamiento de Beneficios por Invalidez en el

Sistema de Ahorro para Pensiones NSP-12, lo cual no exime de responsabilidad a la AFP

Crecer; tal como lo dispone el último inciso del artículo 124 de la ley del SAP. En tal sentido se

requiere que en el plazo que no exceda de 20 días hábiles contado a partir de la recepción de la

presente, se nos informe de todos los casos que fueron mal calculados, incluyendo los pagos a

los pensionados, en concepto de ajuste de pensiones otorgadas, conforme la siguiente estructura

indicada en el Anexo a esta nota, en archivo Excel” (…)» (el subrayado es propio, folios 8 vuelto

al 9 frente).

ii. En atención a lo anterior, la Presidenta Ejecutiva de AFP Crecer, S.A., mediante el

escrito de fecha treinta de noviembre de dos mil dieciocho, rindió el informe requerido.

iii. Posteriormente, el nueve de enero de dos mil diecinueve, fue emitido el acto

administrativo impugnado en la primera instancia, contenido en la nota referencia N° SAPEN-

ISP-537, suscrita por el Superintendente Adjunto de Pensiones —por delegación del

Superintendente del Sistema Financiero, según resolución N° 25/2014, del veinticinco de junio de

dos mil catorce—, en la que dicha autoridad resolvió lo siguiente: «(…) se instruye a esa

Institución Administradora que reintegre a las cuentas que correspondan, los valores retirados

indebidamente de éstas para ajustar las pensiones de referencia al valor de la pensión mínima,

debiendo restituir a la Cuenta de Garantía Solidaria los cargos improcedentemente efectuados

cuando sea pertinente, ya que la obligación de pago de dichas responsabilidades corresponde a

AFP CRECER, S.A., según lo establecido en el inciso segundo del artículo 116 y en el artículo

117 de la Ley del SAP, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la misma ley. Asimismo,

se les instruye que ajusten la pensión al monto de la mínima de todos los pensionados por

invalidez y sobrevivencia a quienes les sea aplicable y no les efectuaron dicho ajuste en su

oportunidad, conforme lo establecido en la disposición legal antes citada (…)» (el subrayado es

propio, folio 181 de la pieza uno del expediente judicial remitido por la Cámara).

3. Procesos contencioso administrativos acumulados, referencias NUE 00036-19-ST-

COPC-CAM y NUE 00037-19-ST-COPC-CAM.

i. En virtud de los actos administrativos citados en los apartados anteriores —[a] Nota

SAPEN-ISP-25446, del dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho; [b] Nota SAPEN-ISP-

536, de fecha nueve de enero de dos mil diecinueve; y, [c] Nota SAPEN-ISP-537, del nueve de

enero de dos mil diecinueve—, AFP Confía, S.A. y AFP Crecer, S.A., en fecha uno de febrero de

dos mil diecinueve, presentaron, individualmente, demanda ante la Cámara de lo Contencioso

Administrativo con residencia en Santa Tecla, departamento de La Libertad, solicitando la

ilegalidad de los mismos.

No obstante, en la audiencia inicial celebrada a las diez horas del treinta de mayo de dos

mil diecinueve, correspondiente al proceso referencia NUE 00036-19-ST-COPC-CAM (acta

agregada a folios 141 al 143 del expediente judicial del proceso citado), los apoderados generales

judiciales de AFP Confía, S.A., indicaron que tal proceso se encontraba íntimamente vinculado

con el caso referencia NUE 00037-19-ST-COPC-CAM, pues existía una conexión fáctica y

jurídica entre los mismos. Ante ello, en atención a los artículos 105, 106 y 107 del Código

Procesal Civil y Mercantil —CPCM—, plantearon la acumulación de ambos procesos.

Al respecto, en la audiencia referida, dado que ambas partes estaban de acuerdo sobre la

acumulación de los procesos y que, además, se cumplían los requisitos de los artículos 106 y 107

del CPCM, la Cámara de lo Contencioso Administrativo declaró “ha lugar la acumulación”

solicitada, y ordenó interrumpir la audiencia con la finalidad que los apoderados de las

sociedades demandantes y las autoridades demandadas prepararan los argumentos de los procesos

acumulados, a efecto de agotar todas las fases en una sola audiencia.

En ese contexto, a las nueve horas del tres de julio de dos mil diecinueve se reanudó la

audiencia inicial relacionada (acta agregada a folios 393 al 397 del expediente judicial), en la cual

se fijaron las pretensiones y los términos del debate, se admitió la prueba ofertada por las partes

y, además, en virtud de que únicamente se admitió prueba documental se procedió a agotar la

fase de alegatos finales, quedando el proceso pendiente de dictar sentencia.

ii. Finalmente, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veintinueve de

septiembre de dos mil veinte, la Cámara de lo Contencioso Administrativo emitió sentencia

desestimando las pretensiones incoadas por AFP Confía, S.A. y por AFP Crecer, S.A., en virtud

de no haberse comprobado los motivos de ilegalidad alegados.

Este pronunciamiento judicial constituye el objeto de impugnación del recurso de

apelación deducido por la referida sociedad.

II. De conformidad con los artículos 115 y 123 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso

Administrativa (LJCA), 510 y 511 del CPCM, este Tribunal se pronunciará sobre la

admisibilidad del recurso de apelación planteado.

En primer lugar, esta Sala verifica que tal recurso fue interpuesto dando cumplimiento a

los requisitos que señalan los artículos 113 de la LJCA y 511 incisos 2° y 3° del CPCM.

En segundo lugar, en cuanto a la argumentación de la apelante, esta Sala constata que los

motivos de impugnación deducidos se encuadran en las finalidades del recurso de apelación

regulados en el artículo 510 del CPCM.

En suma, habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma

respectivos, debe admitirse el recurso de apelación interpuesto.

III. La actual configuración del proceso contencioso administrativo comprende -entre

otros- el principio de inmediación y los asociados a éste: oralidad, publicidad y concentración.

Es debido a ello que en la LJCA vigente se dispuso de forma expresa, en un conjunto de

reglas, cómo debe desarrollarse una audiencia. Así, el artículo 45 de la referida ley indica: «[s]i

las partes no comparecieren, sin justa causa, a cualquiera de las audiencias del proceso o lo

hiciere solo el demandado, el Tribunal tendrá al actor por desistido de la demanda y le

condenará en costas. Además, deberá dejarse sin efecto cualquier medida cautelar que se

hubiere dictado, y se archivará el proceso. Si compareciere solo el actor, se proseguirá con la

audiencia en ausencia del demandado».

De la disposición precedente se extrae que, por regla general, se señala fecha para la

celebración de audiencia con la comparecencia de las partes en un espacio físico designado por el

tribunal, a la hora en la que se les convoque, y ahí, en presencia del juez, se desarrolla el acto

procesal.

La ley dispone que las audiencias se realicen con la concurrencia física del juez y de las

partes. En ese sentido, una vez se ha determinado que es admisible el recurso de apelación,

corresponde señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia contemplada en el artículo

116 de la LJCA.

Ahora bien, en el acuerdo 3-P, emitido por Corte Plena a las once horas con treinta

minutos del veinte de mayo de dos mil veinte, se razonó lo siguiente: «…el art. 182 Cn.,

atribución 5ª establece que a la [Corte Suprema de Justicia] le corresponde “Vigilar que se

administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias”,

por lo que se vuelve indispensable (…) incorporar las mejores [sic] funcionales para cumplir con

las medidas sanitarias en el contexto de la Pandemia por COVID-19 para efecto de agilizar la

ejecución de los actos de comunicación y potenciar la celeridad de los procesos jurisdiccionales

y procedimientos administrativos que se tramitan en esta Corte».

En concordancia con lo anterior, la Corte Suprema de Justicia ha desarrollado mejoras

tecnológicas progresivas para potenciar la comunicación a distancia durante la pandemia por

Covid-19 (hecho que goza de notoriedad general, artículo 314 ordinal 2° del CPCM), a fin de

salvaguardar la integridad de los sujetos procesales, dar cumplimiento a los protocolos sanitarios

propios de la emergencia actual y, con todo, mantener los servicios de justicia en óptimos niveles

de prontitud y eficacia.

De ahí que esta Sala ha implementado una actuación procesal novedosa y garante de los

principios de oralidad, contradicción, concentración, economía procesal e inmediación, con el

apoyo de un equipo técnico adscrito a la Corte Suprema de Justicia para desarrollar sus

audiencias en modalidad virtual.

En este sentido, este Tribunal estima conveniente desarrollar la audiencia del presente

caso bajo dicha forma, en la hora y fecha que se determinará en la parte resolutiva de este auto,

mediante la plataforma digital “Microsoft Teams”, siendo procedente requerir a las partes y al

Fiscal General de la República que, en el plazo judicial de tres días hábiles contados a partir del

día siguiente a la notificación de esta resolución, manifiesten si poseen los mecanismos

tecnológicos necesarios para celebrar la audiencia de apelación del caso, mediante la plataforma

digital antedicha, la cual está disponible para dispositivos móviles y computadoras personales, los

primeros, compatibles con los sistemas operativos IOS y Android (como mínimo las dos

versiones más recientes), y las ultimas, compatibles con Windows, Mac o Linux (como mínimo

las dos versiones más recientes), debiendo contar con cámara, micrófono y altavoces, un

microprocesador de 2GHz o superior, un mínimo de memoria RAM de 4.0 GB, y una capacidad

libre de almacenamiento de 3GB. Adicionalmente, todos los dispositivos deben tener una

conexión de internet de 5Mbps; todo ello, para garantizar la conectividad y asegurar que las

garantías y actuaciones procesales de los intervinientes concurran de manera ordinaria durante la

audiencia virtual.

En el caso que los sujetos procesales manifiesten que sí poseen los mecanismos

tecnológicos antes reseñados, en el escrito respectivo deberán señalar un correo electrónico para

recibir el enlace digital con la invitación de la audiencia virtual del caso, desde la dirección

saladelocontencioso.audiencias@oj.gob.sv. El sujeto procesal que no cuente con el equipo

necesario para la adecuada conectividad, deberá personarse a la sede de este Tribunal, el día y

hora señalados para la celebración de la audiencia virtual, donde se les proporcionará acceso a los

medios tecnológicos para incorporarse a la misma.

Los intervinientes deberán conectarse al enlace enviado por este Tribunal y/o presentarse

para proceder a la conexión virtual desde las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia,

quince minutos antes del inicio de la hora señalada para la celebración de la audiencia.

Dicho esto, esta Sala es enfática en señalar que el uso de la tecnología y de los medios de

conectividad antes reseñados no supone un desmedro a los derechos y garantías en el proceso;

por el contrario, su implementación potencia la efectiva actuación de los sujetos, la protección de

los derechos constitucionales a la salud y a la integridad física, el cumplimiento de los protocolos

sanitarios en el marco de la pandemia por Covid-19, y la permanencia de la actividad

jurisdiccional en épocas excepcionales.

IV. Ante la posibilidad de que exista una discordia entre los miembros de este Tribunal

para decidir algún incidente suscitado en el curso de la audiencia o para emitir sentencia en este

proceso, con fundamento en el principio de inmediación procesal y en los artículos 197 del

CPCM y 12 de la Ley Orgánica Judicial, es necesario llamar a un quinto magistrado para que

dirima un eventual desacuerdo. Para este cometido, se designa como magistrado suplente al

licenciado David Omar Molina Zepeda, quien podrá comparecer a las instalaciones del Palacio

Judicial de la Corte Suprema de Justicia en la hora y día señalados para la audiencia de apelación,

en la Sala de Casación Penal; o bien, conectarse de manera virtual, cinco minutos antes de la hora

señalada para la referida audiencia, en la plataforma “Microsoft Teams”, debiendo contar con los

medios técnicos y características de conectividad estipuladas en el romano III de la presente

resolución.

V. Finalmente, debe precisarse que la parte apelante, mediante el escrito presentado el

veintiocho de enero de dos mil veintiuno, propone cierta prueba documental para ser valorada en

esta instancia, sobre “hechos sobrevenidos” y relacionados con la pretensión de su recurso de

apelación.

Los recurrentes manifiestan, en síntesis, que estos hechos sobrevenidos son la “(…)

Emisión, sanción y publicación de (i) la Ley de Presupuesto General para el ejercicio financiero

fiscal del año 2021; y (ii) la reforma del art. 11 inc. 2° del Decreto Legislativo 608, del 26 de

marzo de 2020 (…)” (folio 103 vuelto).

A razón de ello, adjuntan como elementos probatorios, copia simple de lo siguiente:

“(…) Diario Oficial N° 257, tomo 429, de fecha 30 de diciembre de 2020, que contiene la

Ley de Presupuesto General para el ejercicio financiero fiscal del año dos mil veintiuno, Decreto

Legislativo N° 503, de fecha 24 de diciembre de 2020. Agregamos las páginas 1-2 y 599-600 por

ser las relevantes a este asunto. (…) [y] Diario Oficial N° 256, tomo 429, de fecha 28 de

diciembre de 2020, que contiene la reforma del art. 11 inc. 2° del Decreto Legislativo 608, del 26

de marzo de 2020, que reorienta $125,000,000.00 del saldo disponible del Fondo de Emergencia

y de Recuperación Económica para el aporte estatal a la Cuenta de Garantía Solidaria por

aumento de la pensión mínima. Agregamos las páginas 1-2 y 6-9 por ser las relevantes a este

asunto. (…)” (folio 104 vuelto).

Por todo lo anterior, los apelantes solicitan a esta Sala que “Valore en la sentencia que se

emita los hechos sobrevenidos informados por este escrito, el cual confirma la errónea

interpretación del derecho del Tribunal A quo” (folio 105).

Al respecto, esta Sala hace las siguientes consideraciones.

A. El artículo 514 del CPCM, en sus incisos segundo, tercero y cuarto, enuncia: “(…)

Sólo serán proponibles los documentos relativos al fondo del asunto que contuviesen elementos

de juicio necesarios para la decisión de la causa, pero sólo en los casos en que sean posteriores

a la audiencia probatoria o a la audiencia del proceso abreviado; los documentos anteriores a

dicho momento se admitirán cuando la parte justifique que ha tenido conocimiento de ellos con

posterioridad a aquél. También podrá proponerse prueba documental en el caso de que la parte

no aportara los documentos en primera instancia por alguna causa justa.

Además de la documental dicha, sólo podrá proponerse prueba: 1° Cuando la prueba

hubiera sido denegada indebidamente en primera instancia., 2° Cuando, por cualquier causa no

imputable al que solicite la prueba, no se hubiera podido practicar, en todo o en parte, aquella

prueba que hubiera sida propuesta en primera instancia, 3° Cuando los medios probatorios

estén referidos a la ocurrencia de hechos relevantes para el derecho o interés discutido, pero

acaecidos después de iniciado el plazo para dictar sentencia en primera instancia.

Propuesta la prueba, el tribunal resolverá, admitiendo únicamente los medios que

resulten procedentes. La resolución por la que se rechacen los medios probatorios ofrecidos es

inimpugnable”.

B. En este orden, en cuanto a la prueba documental relacionada supra, y en aplicación de

la norma jurídica transcrita, la parte apelante deberá realizar una réplica de su propuesta

probatoria en la audiencia de apelación de este caso, para efectos de que este Tribunal, en

aplicación de los principios de bilateralidad y congruencia, dé participación a los restantes sujetos

procesales para que se pronuncien sobre el asunto particular. Una vez agotado este mínimo

contradictorio, esta Sala, en audiencia, se pronunciará sobre la admisión o rechazo de dicha

prueba, de conformidad con lo regulado en el relacionado artículo 514 del CPCM.

POR TANTO, con fundamento en las anteriores consideraciones y disposiciones

normativas citadas, esta Sala RESUELVE:

1. Tener por recibido el oficio número veintidós, de fecha dieciocho de enero de dos mil

veintiuno, suscrito por el Secretario de actuaciones de la Cámara de lo Contencioso

Administrativo, con residencia en Santa Tecla, departamento de La Libertad, junto con los

siguientes documentos: (i) una certificación de la sentencia emitida por dicha Cámara, a las