Las partes procesales

• Autor: René Alfonso Padilla y Velasco
• Páginas: 100-144

Comentarios al Código Procesal Civil y Mercantil

Comentario

Si se declara procedente el motivo de abstención se separará del conocimiento al juzgador

competente y se le sustituirá por quien lo deba remplazar legal o reglamentariamente.

Para evitar que el asunto se utilice indebidamente se establece la condena en costas al

recurrente cuando no se haga mérito de las razones planteadas o no se pruebe adecuadamente el

motivo aducido. Desechada la abstención, el juzgador podrá seguir conociendo o terminar dictando

sentencia, según el caso.

Todas las resoluciones que se pronuncien en este tipo de incidente no admiten recursos, con

excepción, en mi criterio, del de reconsideración o revocatoria, ya que no encuentro razones de peso

que impidan que el mismo juzgador reconsidere sus proveídos en esta materia, puesto que la

prohibición de recursos es para no prolongar la discusión, pero la reconsideración no dilata o distrae

mayor cosa la tramitación del asunto.

TÍTULO SEGUNDO

LAS PARTES PROCESALES

CAPÍTULO PRIMERO

CAPACIDAD Y LEGITIMACIÓN

Partes del proceso

Art. 58.- Son partes en el proceso el demandante, el demandado y quienes

puedan sufrir los efectos materiales de la cosa juzgada.

En los procesos civiles y mercantiles podrán ser parte:

1. Las personas físicas.

2. El concebido no nacido, para todos los efectos que le sean favorables.

3. Las personas jurídicas.

4. Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente

de titular.

5. En calidad de demandadas las uniones y entidades que, sin haber cumplido los

requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, actúen en

el tráfico jurídico.

Comentario

El concepto de parte es importante porque tiene implicaciones prácticas en el proceso y

respecto de las consecuencias del mismo, para el caso, la competencia, la legitimidad, la condena

en costas, los efectos de la cosa juzgada, etc.

La calidad de parte la determinan las normas procesales, no las sustanciales, ya que

algunas veces la ley da legitimación a quien no es titular del derecho sustancial debatido, y en

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otras ocasiones, la sentencia termina declarando que el supuesto derecho u obligación base de la

pretensión no correspondía al demandante o al demandado –sea porque se hace mérito de una

razón impeditiva o extintiva, porque demandó quien no estaba legitimado o se de mandó a quien

no era el legítimo contradictor–, pero ello no significa que el proceso se haya desarrollado sin

partes.176

En consecuencia, partes serán, por un lado, quien pide la tutela jurídica y, por el otro,

frente a quien se pide, independientemente de su titularidad o vinculación con el derecho o

relación jurídica bases de la pretensión o con el objeto litigioso.177

El que ejerce el derecho de acción, sea para deducir una pretensión, para solicitar

diligencias preliminares o medidas cautelares, adquiere la calidad de parte actora y, en

consecuencia, se le asignan cargas, derechos y obligaciones que el derecho procesal considera

adecuados para la efectiva tutela del derecho o interés sustancial puesto a decisión del órgano

jurisdiccional; y respecto del demandado, desde el momento en que se ejerce en su contra una

acción o se deduce una pretensión, tiene el derecho correspondiente para defenderse

(contradicción), para lo cual recibe las mismas cargas, derechos y obligaciones procesales

necesarios para ejercer su adecuada defensa.

De igual manera, el tercero, desde su entrada al proceso –sea voluntaria o provocada-,

adquiere la condición de parte y se le conceden las mismas cargas, derechos y obligaciones para

los efectos de hacer valer o defender sus derechos e intereses sustanciales.178

Resulta interesante el criterio utilizado por el legislador para determinar quién puede

tener la calidad de tercero, cuando se refiere a aquellos que puedan sufrir los efectos materiales de

la cosa juzgada. Por principio de cuentas, la cosa juzgada puede ser formal y material; la formal la

encontramos cuando sus efectos ya no pueden ser modificados por vía de recursos en el mismo

proceso en que se pronunciaron; en cambio, la condición de cosa juzgada material se alcanza

cuando ya no sea posible modificar sus efectos en un proceso posterior.179 En ese sentido, me

parece claro que se refiere a la posibilidad que alguien más pueda resultar afectado por los

resultados de la cosa juzgada entre las partes contendientes, puesto que los efectos de la cosa

juzgada solamente se conocerán cuando se hayan producido y no antes; lo que descartaría el

evento de la intervención y presencia de un tercero en un proceso pendiente, cosa que no es

razonable, puesto que lo que se previene admitiendo terceros en el proceso es la dificultad de no

poder extender los efectos de la cosa juzgada a quienes no han tenido oportunidad de defenderse.

Por otra parte, la intervención de terceros en un proceso pendiente queda autorizada

cuando se vean afectados por los resultados de la cosa juzgada formal, puesto que las providencias

que se van pronunciando durante el desarrollo de la causa bien pueden afectar a terceros ajenos a

la contienda judicial; en cuyo caso, se admite su participación para defender sus derechos e

intereses. Por esa razón, cuando esta norma habla de los efectos materiales de la cosa juzgada

debe entenderse en cuanto a los resultados prácticos de la providencia que afecta al tercero

interviniente, de cuyos efectos pretende defenderse o desvincularse.

176 ASENCIO MELLADO: Derecho Procesal Civil, citado, págs. 77 y 78.

177 Óp. Cit., pág. 78.

178 Óp. Cit., pág. 112.

179 Código General del Proceso, citado, págs. 678 y 679.

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En consecuencia, serán partes no solamente quienes figuran en la demanda, sino que

además los que se personen al proceso en tal calidad, sea de manera provocada o voluntaria,

mediante los mecanismos procesales previstos para ello; por ejemplo, la integración del

litisconsorcio necesario y la intervención de terceros.180

Parte es el que actúa o pide en nombre propio, pero también lo es quien en nombre de

otro pide; razón por la cual, el representante será parte en un sentido meramente formal y el

representado, en el sentido material. Por lo tanto, la competencia y la legitimación se determinan

respecto del representado, jamás por el representante; además, las consecuencias jurídicas y

económicas del proceso (p. e. la condena, las costas procesales, los efectos de la cosa juzgada), se

producen respecto de la parte material, no de la formal, a menos que se disponga lo contrario.181

En la medida que se desarrolla el proceso, y se dan los sucesivos incidentes o etapas, las

partes reciben diferentes denominaciones –tales como recurrente y recurrido o ejecutante y

ejecutado–, que responden a la posición que asumen respecto de e stos incidentes o fases (los

recursos y la ejecución), pero su situación o condición (cargas, derechos y obligaciones) permanece

básicamente inalterada.182

El artículo comentado regula la capacidad para ser parte, que consiste en la aptitud para

ser titular y responsable de los derechos, obligaciones y cargas procesales. Esta aptitud se

identifica con la capacidad jurídica, de tal manera que podemos afirmar que a todo aquel a quien

el ordenamiento le confiere p ersonalidad (capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones)

tiene capacidad para ser parte.183

No obstante, la norma en comento –siguiendo el ejemplo del artículo 6 de la LEC–,

confiere a una variedad de sujetos o entes sin personalidad jurídica la capacidad para ser parte.

La explicación a esta salida legislativa consiste en que así como la Ley crea una ficción para

darle personalidad a las corporaciones públicas o privadas, así se crea otra ficción para concederles

capacidad a estos sujetos o entes, con el propósito de tutelar derechos, especialmente de terceros

que negocian o contratan con ellos.184

Por tanto, tenemos que se reconocen con capacidad para ser partes a:

1° Las personas físicas. Por “personas físicas” la legislación española hace referencia a las

personas naturales reguladas en nuestro Código Civil, a cuyas normas debemos remitirnos; por

ejemplo: que la persona humana goza de capacidad jurídica y, por ende, capacidad para ser parte

desde su nacimiento (Párrafo 1° del Art. 72 del C C) hasta su muerte (Art. 77 del C C).

Si bien el fallecido no puede demandar, ni tampoco ser demandado, cosa muy distinta es

el fenómeno que se produce respecto de la muerte de una de las partes pendiente un juicio, ya

que no conlleva su finalización, sino que entran en juego las reglas de la denominada sucesión

procesal (Art. 86), pues el heredero “adquiere los derechos y obligaciones” del difunto (Párrafo 2°

del Art. 952 del C C).185

180 ASENCIO MELLADO: Derecho Procesal Civil, citado, pág. 78.

181 Ídem.

182 Óp. Cit., págs. 78 y 79.

183 Óp. Cit., pág. 79.

184 Óp. Cit., pág. 80.

185 El Nuevo Proceso Civil, pág. 66.

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