tradicion derecho civil

El apelante esencialmente en su escrito de apelación expresa que el juez A quo ha interpretado equivocadamente el Art. 277 CPCM, en el sentido de que señala falta de presupuestos materiales o esenciales donde no la hay, causando agravio por cuanto con esa decisión se le está poniendo fin a la Tercería de Dominio que se pretende entablar, y se está negado el acceso a la justicia.-

Recurso de apelación interpuesto por el defensor particular en contra de la sentencia definitiva condenatoria, argumentándose inobservancia de las reglas de la sana crítica, con respecto a medios o elementos probatorios de carácter decisivo; además de alegarse falta de fundamentación de la sentencia debido a que según parecer del recurrente, el juzgador no consideró en su conjunto todas las...

El apoderado de la parte recurrente apeló de la sentencia por no estar de acuerdo con el fallo, pues a su juicio generaba un perjuicio a su representada, por lo que pidió que se revisara: I) La aplicación de normas que rigen los actos y garantías del proceso, por falta de motivación de la sentencia, lo que contraviene lo dispuesto en los artículos 216 y 217 Código Procesal Civil y Mercantil; y II)

El apdoerado de la parte solicitante señaló como agravio la interpretación erróneamente del art. 133 del Código Procesal Civil y Mercantil, por haberse declarado la caducidad de la instancia en diligencias de jurisdicción voluntaria; debiendo considerarse que la caducidad de la instancia es una institución que solo opera tratándose de procesos contenciosos.

El impetrante alegó que el agravio ocasionado por la resolución traída en apelación consistió en que el señor juez a quo otorgó una resolución ultra petita, es decir, concedió más de lo pedido, en virtud que resolvió la suspensión del proceso en el auto impugnado, cuando no se había solicitado.

La parte apelante, a través de su apoderada, sostuvo que se le vulneraron los derechos constitucionales de defensa, ya que por razones de incapacidad médica solicito la reprogramación de la audiencia probatoria, lo cual no fue resuelto por el juez aquo, en consecuencia la audiencia se llevó a cabo sin la presencia de la parte demandada.

El agravio causado a la sociedad apelante, en síntesis, radica en que se revoque la sentencia impugnada “por ser contraria a derecho”, en virtud que según sus argumentos el Juez A quo incurrió en: Violación a los artículos 40 y 45 de la Tarifa General de Arbitrios Municipales de Cojutepeque por la inobservancia de la temporalidad o naturaleza del tributo establecido en el art. 3, N° 25 de la...

El recurrente alegó que en la sentencia no se valoró bien la prueba, y expuso que el juez hizo caso omiso a la certificación literal que se presentó, en la cual consta que esa cantidad de metros están dentro de la propiedad de sus representados; tampoco el juez tomó en cuenta que el perito no pudo establecer que el inmueble reclamado es propiedad de la demandada.

El impetrante en su escrito de apelación fundamenta el recurso esencialmente en lo siguiente: Que el juez Aquo le da una sobrevaloración a la prueba de sonido contenida en el disco compacto proporcionado por la parte demandada y se niega a dar la terminación del contrato aún y cuando ambas partes lo peticionaron en legal forma; de lo anterior existe una total y concreta violación en el art. 218...

Los agravios expresados por los apelantes se circunscribieron en tres motivos: 1) La infracción de garantías constitucionales y procesales, alegando existencia de nulidad procesal por haberse incorporado de manera oficiosa la prueba de reconocimiento judicial; 2) La aplicación errónea de la ley, en razón de la introducción del descrito elemento probatorio como prueba para mejor proveer durante el

La apelante sustentó el recurso apelación en los siguientes puntos: 1) En la interpretación del derecho aplicado por haberse desvirtuado el peritaje sin motivarse, pues no se invocó una razón válida, sino por razones de apreciación subjetiva sin fundamento técnico científico, ni sustento en norma legal; y 2) En la revisión de la valoración del peritaje de parte por infracción al deber de valorar...

El apoderado del apelante manifestó no estar de acuerdo con la sentencia dictada, por considerar que le causa agravio de estricta trascendencia a los derechos fundamentales de su poderdante, como lo es el derecho de propiedad que aún detenta en el bien inmueble donde reside. Alegó que ha existido una errónea valoración de la prueba documental.

El recurrente señaló que la Cámara sentenciadora dejó de aplicar los preceptos en comento y aplicó equivocadamente el artículo 1089 del Código de Procedimientos Civiles; no obstante que, por medio de distintos medios probatorios, se estableció el derecho de propiedad de sus representados y la ocupación por parte de la sociedad demandada de una franja del inmueble por el tendido eléctrico. A su...

No conforme con la sentencia pronunciada en apelación, el apoderado del recurrente interpuso recurso de casación, el cual fue admitido por el motivo genérico de infracción de ley, bajo el sub motivo de violación de ley, por infracción del artículo 891 del Código Civil. El recurrente expuso problemas relacionados con la determinación de los hechos probados y errores de apreciación de la prueba. La

Manifiesta la parte actora que los actos administrativos impugnados son ilegales y nulos de pleno derecho por falta de motivación, por violación a los artículos 11 Cn., 100, 101 y 106 ordinal 7º numeral 5 de la LGTM, lo que genera una transgresión en sus derechos de defensa y de propiedad.-

El demandado-apelante argumentó en su escrito de interposición del recurso judicial que no se probó la posesión exclusiva e ininterrumpida para adquirir la prescripción de la servidumbre durante treinta años que alegó la actora para poder acceder a la prescripción.

La parte actora expresó que las autoridades municipales con tales resoluciones administrativas estaban transgredieron los artículos 126 y 127, ambos de la LGTM relacionado al artículo 8 LIMAC, afectando su patrimonio y su capacidad económica en cuanto que la determinación de la base imponible debió en todo momento realizarse restando la deducción de los pasivos al activo imponible.-

La parte apelante alega falta de fundamentación de la sentencia, al considerar a su juicio que el juzgador se limitó a plantear un resumen de lo que sucedió en el proceso, pero no estableció la motivación completa y cada uno de los elementos fácticos y jurídicos, por no haber relacionado los elementos de convicción que lo llevaron a tomar la decisión.-

El apoderado de la parte apelante hizo recaer su inconformidad con el auto definitivo apelado, esencialmente en que hubo errónea aplicación del derecho por parte de la juzgadora, pues la demanda no adolece de la improponibilidad advertida, en virtud que tal libelo reúne todos los requisitos de forma y de fondo necesarios para su válida tramitación, no siendo legal la exigencia de la notificación...

Se promovió proceso de nulidad de despido contra el Concejo Municipal de Moncagua. El cual fue sentenciado en el Juzgado de lo Laboral de San Miguel Declárando sin lugar la nulidad del despido, se interpuso recurso de revisión ante la Cámara de lo Civil de la Primera Sección de Oriente, quien Estimó la pretensión contenida en el Recurso de Revisión; b) Revocó la sentencia recurrida, se interpuso...

La apoderada de la parte recurrente basó su recurso en la finalidad contenida en el ordinal 1° del artículo 510 del Código Procesal Civil y Mercantil, es decir, en la aplicación de normas que rigen los actos y garantías del proceso, señalando como violentados el derecho a la protección jurisdiccional y acceso a la justicia por quebrantamiento de los artículos 457 ordinal 1° y 460 inciso 1° del...

Al haberse emitido sentencia por parte del Juez de lo Contencioso Administrativo de San Miguel, en un caso en el que carece de competencia objetiva e improrrogable, se ha configurado la causal de nulidad insubsanable regulada en el art. 232 letra a) del CPCM; por lo que corresponde anular la sentencia venida en apelación y todas las actuaciones procesales realizadas por el juez a quo a partir de...

El demandante recurre en casación contra la sentencia definitiva pronunciada en el Juicio civil ordinario de nulidad de escrituras de compraventa y cancelación de inscripciones, promovido por él, mediante el cual la Cámara de Segunda Instancia, revocó en todas y cada una de sus partes la sentencia estimatoria pronunciada en primera instancia. La Sala de lo Civil consideró procedente casar la...

Los procuradores de la sociedad demandante alegan en síntesis que los actos impugnados atribuidos a las autoridades demandadas han vulnerado los principios de legalidad tributaria, justicia, derecho a una motivación adecuada, seguridad jurídica y su derecho de propiedad. En cuanto a dichos motivos de ilegalidad, sostuvieron primeramente, en síntesis respecto del principio de legalidad tributaria,

No conforme con la sentencia pronunciada en apelación, el apoderado de los recurrentes interpuso recurso de casación, el cual fue admitido por el motivo genérico de infracción de ley, bajo el sub motivo de violación de ley, por infracción del artículo 891 del Código Civil. El recurrente expuso problemas relacionados con la determinación de los hechos probados y errores de apreciación de la prueba.